Es esencial la vigilancia de los derechos en medio de la brutal represión de las protestas

Londres.- Periodistas y activistas de los derechos humanos de Nepal han dicho que las autoridades de Katmandú se han negado hoy a expedir pases para el toque de queda. Esta actitud parece un intento de limitar el escrutinio público de la conducta de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. Tampoco se han concedido pases a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nepal, pero dos equipos de observadores han viajado con escolta policial. Un hecho alarmante es que, según fuentes locales, no se han proporcionado los pases necesarios para el toque de queda a vehículos de servicios de emergencia, incluidas ambulancias. El gobierno ha autorizado a las fuerzas de seguridad a disparar contra quienes violen las órdenes de toque de queda si es preciso. Al menos tres personas han muerto hoy en Katmandú como consecuencia de la actuación de las fuerzas de seguridad, y decenas más han resultado heridas. Dados los informes que se reciben diariamente sobre brutalidad extrema de la policía y el ejército para controlar las manifestaciones políticas, es absolutamente necesario que los observadores independientes realicen su esencial labor. Es posible que las fuerzas de seguridad estén tomando cada vez mayor conciencia de que tendrán que rendir cuentas por sus actos, en cuyo caso deben cambiar de conducta, no ocultarse al escrutinio. Amnistía Internacional ha instado al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU a que restringa la participación de fuerzas de seguridad nepalesas implicadas en violaciones de derechos humanos en las operaciones de mantenimiento de la paz en el extranjero. Acogemos con satisfacción la declaración que hizo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, la semana pasada en el sentido de que su oficina se ha comprometido a proporcionar a dicho departamento información sobre individuos implicados  en violaciones de derechos humanos con independencia de que sean de la policía de Nepal, la Policía Armada o el Real Ejército de Nepal. Amnistía Internacional pide asimismo que se apliquen sanciones específicas al rey Gyanendra y a los altos cargos de su gobierno y de sus servicios de seguridad.