El Gobierno español ignora las consecuencias de su política exterior en los derechos humanos

Madrid.- Después de una reunión celebrada ayer entre varias ONG y el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, Amnistía Internacional lamenta que la posición del Gobierno español continúe siendo ambigua sobre si apoya o no la Ley de Justicia y Paz de Colombia. Amnistía Internacional insiste en que la Ley de Justicia y Paz garantiza la impunidad de quienes han cometido abusos contra los derechos humanos y afirma que sin justicia no es posible un final definitivo para la crisis de derechos humanos colombiana que dura más de 40 años. "Sin una investigación imparcial y el procesamiento de los culpables será imposible alcanzar la paz". Por un lado, Leyre Pajín, Secretaria de Estado de Cooperación, afirmó que "España ni apoya ni financia la desmovilización" y por otro el Ministro transmitió a las ONG que "el Presidente español insistió al Presidente Uribe sobre la necesidad de un mecanismo de vigilancia a la aplicación de la ley y por eso sugirió que la Unión Europea crease una comisión para llevar adelante el proceso con todas las garantías. El Presidente Uribe lo aceptó. España quiere convencer a sus socios europeos respecto de esta Comisión de Vigilancia". Amnistía Internacional ha enviado recientemente al Presidente Zapatero más de 25.000 correos electrónicos con una petición muy clara: que no apoye ni política ni económicamente la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo la iniciativa del mecanismo de vigilancia de seguimiento de la aplicación de esta Ley, constituye una legitimación de la misma. "Es preocupante el desconocimiento del Gobierno español sobre las consecuencias que tiene apoyar este instrumento jurídico para las víctimas de un conflicto que en los últimos 20 años se ha cobrado la vida de más de 70.000 personas y ha provocado el desplazamiento de tres millones y medio de civiles", ha declarado Amnistía Internacional. La organización insiste al Gobierno español que no apoye ninguna desmovilización de grupos armados ilegales hasta que el gobierno colombiano haya impuesto garantías que aseguren que todos los miembros de estos grupos responsables de abusos contra los derechos humanos y los que los han apoyado militar y económicamente, comparecen ante la justicia. Estas garantías son parte de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado colombiano con la verdad, la justicia y la reparación y no están reconocidas en la Ley de "Justicia y Paz". Desmovilización sí, pero de verdad Miguel Ángel Moratinos afirmó ayer: "Desmovilizar no es malo, es una buena señal para todo el mundo". Por ello Amnistía Internacional ha pedido repetidas veces a los sucesivos gobiernos colombianos que desmantelen los grupos paramilitares y rompan los vínculos que existen entre ellos y las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales. Sin embargo desde que las Autodefensas Unidas de Colombia declararon un alto el fuego unilateral el 1 de diciembre 2002, son más de 2.200 los homicidios y desapariciones que Amnistía Internacional tiene documentados por paramilitares. Hay pruebas recogidas por la organización que demuestran que las estructuras paramilitares permanecen intactas tras la "desmovilización", los paramilitares siguen cometiendo violaciones de derechos humanos en las zonas donde supuestamente se han desmovilizado, muchos se están "reciclando" en calidad de informadores a sueldo del ejército, y continúa la connivencia entre los paramilitares y algunos sectores de las fuerzas de seguridad. "La desmovilización no tendrá éxito si el dominio político, económico y criminal que ejercen los paramilitares en muchas partes del país no se desmantela y sustituye por el Estado de Derecho. La Ley de Justicia y Paz no tiene ese objetivo. Es una ley que garantiza la impunidad de los paramilitares o guerrilleros implicados en violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no hace nada para que sean sometidos a investigaciones judiciales completas e imparciales y no contribuye a la rendición de cuentas". Para Amnistía Internacional, la única forma de conseguir una desmovilización real es obligar a los paramilitares a cooperar plenamente con las autoridades judiciales y revelar información sobre los delitos que ellos y otros combatientes han cometido, los bienes que han adquirido gracias a sus actividades ilegales y el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales y privados en las violaciones de derechos humanos.