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Agenda de derechos humanos para la visita del presidente colombiano

Los peatones caminan por una calle custodiado por soldados en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, Colombia, agosto 2013 © AP Photo / Ricardo Mazalan

Madrid.- Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como a Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos I, para hacerle llegar sus preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia, con motivo de la visita que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, está realizando entre el 21 y el 23 de enero a España. Las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por todos los implicados en el conflicto, la impunidad existente o la necesidad de un proceso de paz en el que las partes se comprometan con el respeto de los derechos humanos han sido algunas de las inquietudes sobre los que la organización ha hecho hincapié, así como los peligros que entraña el refuerzo del sistema de justicia militar.

Amnistía Internacional, que ha seguido de cerca la situación del país, inmerso en un conflicto desde hace casi cinco décadas, ha publicado numerosos informes basados en investigaciones sobre terreno, que denuncian que, aunque ha habido avances, todavía queda mucho camino por recorrer.

Las conversaciones de paz formales entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciadas en octubre de 2012, han suscitado expectativas de que el conflicto armado pueda tocar a su fin después de que en los últimos 20 años hayan muerto más de 70.000 personas y otras tres millones y medio de ellas se hayan convertido en desplazadas internas.

Para AI una paz estable seguirá siendo difícil de alcanzar a menos que todas las partes pongan fin de forma definitiva a las violaciones y abusos de derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario y que los responsables de tales abusos y violaciones sean enjuiciados en tribunales civiles.

En ese sentido, AI muestra su preocupación por los intentos del gobierno de Santos de reforzar el sistema militar de justicia, un hecho que podría acrecentar la impunidad existente, al ser juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos en tribunales militares, en lugar de civiles. A lo largo de los dos últimos años, el gobierno colombiano, respaldado por un poderoso grupo de presión de miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad, promovió una reforma constitucional para ampliar dicho sistema de justicia militar que se aprobó en diciembre de 2012. Aunque la Corte Constitucional resolvió que esa reforma era inconstitucional, la decisión se basa únicamente en cuestiones de procedimiento, por lo que podría alentar a las autoridades y al lobby de las fuerzas de seguridad a persistir en sus esfuerzos.

Además, se mantiene el Código Penal Militar de agosto de 2010, que contiene disposiciones que garantizan que muchos casos de violación de derechos humanos permanezcan en el sistema de justicia militar. El gobierno colombiano ha respaldado también otras medidas legislativas recientes, como el Marco Legal para la Paz y la reforma de la Ley de Justicia y Paz, que probablemente afianzarán la impunidad no sólo para los miembros de las fuerzas de seguridad, sino también para los miembros de los grupos guerrilleros y paramilitares implicados en abusos y violaciones graves de derechos humanos.

Por otro lado, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras puede marcar una verdadera diferencia en las vidas de al menos algunas de los millones de víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. Sin embargo, las amenazas y los asesinatos de quienes defienden la restitución de las tierras y de quienes buscan volver a sus tierras podrían menoscabar la puesta en práctica de la ley.

Igualmente, aunque es una buena noticia que Colombia ratificase en 2012 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es de lamentar que no reconociese la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para considerar comunicaciones individuales, negando de este modo a las víctimas y sus familias un importante recurso para reclamar justicia. Es difícil establecer la cifra exacta pero se cree que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.

Amnistía Internacional confía en que tanto el Rey como el presidente español transmitan estas preocupaciones a Juan Manuel Santos, y contribuyan de esta manera a la mejora de la situación de derechos humanos en Colombia. Éstas son las recomendaciones que la organización les ha trasladado:

  • Abogue por la reactivación del diálogo de derechos humanos con el gobierno de Colombia durante la reunión con el Presidente Santos.
  • Condene públicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por todos los actores armados en el conflicto, y apoye de forma pública la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, la labor de sindicalistas, activistas y líderes de las comunidades de indígenas, afrodescendientes y campesinos, y de personas involucradas en campañas en favor de la restitución de tierras.
  • Pida al Presidente Santos el cumplimiento de las recomendaciones emitidas de forma reiterada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Colombia y de otros organismos de la ONU, lo que incluye proteger de modo efectivo a las comunidades y los grupos expuestos a sufrir ataques, poner fin a la impunidad y tomar medidas para desmantelar los grupos paramilitares y romper los vínculos que mantienen con las fuerzas de seguridad.
  • Insista a las partes en el proceso de paz a que se comprometan con el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluido el derecho de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, como un requisito previo fundamental en todo proceso de negociación.  
  • Pida al Presidente Santos que garantice que los casos de violaciones de derechos humanos se mantienen en los tribunales civiles y no son transferidos al sistema de justicia militar, y que el gobierno colombiano se abstenga de seguir intentando reforzar el sistema de justicia militar, ya que estas acciones serían contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la obligación internacional del Estado de Colombia de poner fin a los abusos y violaciones de derechos humanos y las reiteradas recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
  • Inste al Presidente Santos a que reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar comunicaciones presentadas por víctimas o en su nombre, o por otros Estados partes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Aunque es difícil establecer la cifra, se calcula que al menos 30.000 personas han sido víctima de desaparición forzada desde que se inició el conflicto.

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