El gobierno debe impedir los desalojos forzosos

Amnistía Internacional insta al gobierno de Camboya a actuar de inmediato antes del 17 de julio para impedir el desalojo forzoso previsto de unas 60 familias de bajos ingresos que viven en la zona conocida como Grupo 78. Las autoridades de Phnom Penh han movilizado a unos 700 efectivos de la policía y la policía militar para desalojar por la fuerza a las familias, según informes de última hora. En abril de 2009, el ayuntamiento de Phnom Penh envió un “aviso definitivo de desalojo” al Grupo 78 en contravención de la Ley de Tierras de 2001, que establece que los desalojos sólo pueden llevarse a cabo en virtud de una orden judicial a instancias de la persona que reclama la propiedad y que el tribunal debe comprobar la validez de tal reclamación. Haciendo caso omiso de esta disposición, el Tribunal de Apelación determinó el 13 de julio que el aviso de desalojo era legal. En la vista, el Tribunal de Apelación también decidió que correspondía a la Comisión Catastral resolver la disputa sobre la titularidad de los terrenos del Grupo 78. Sin embargo, las denuncias presentadas por el Grupo 78 a la Comisión desde 2006 no han obtenido respuesta. Ahora parece que las autoridades de Phnom Penh han previsto un desalojo forzoso sin permitir que tenga lugar esta revisión judicial. Las familias no han aceptado las indemnizaciones que el ayuntamiento de Phnom Penh les ha ofrecido porque las consideran injustas e inadecuadas. La semana pasada, las autoridades municipales de Phnom Penh se reunieron con residentes del Grupo 78 e intentaron coaccionarlos para que aceptaran las indemnizaciones por los valiosos terrenos, situados en el centro de la ciudad. Un representante de la comunidad de residentes calificó las reuniones de muy intimidadoras: las autoridades, incluido el vicealcalde de la ciudad, les advirtieron que la policía y la policía militar demolerían sus viviendas si no aceptaban las indemnizaciones que les ofrecían. No se permitió a los residentes tomar la palabra durante la reunión. El ayuntamiento ha planteado a los propietarios de las casas cuatro opciones de indemnización: 8.000 dólares estadounidenses; 5.000 dólares estadounidenses más un pequeño terreno; 1.500 dólares más una pequeña casa en el reasentamiento de Trapeang Anchanh, o un apartamento en una zona de realojo que los afectados nunca han visto. Trapeang Anchanh está situado a unos 20 km del lugar en el que los residentes viven y trabajan actualmente, y los servicios básicos como el agua, la electricidad, las instalaciones de saneamiento y el alcantarillado son inadecuados. El coste de transporte de ida y vuelta entre esa zona y el lugar de trabajo de estas personas supera con creces sus ingresos diarios. Unas 20 familias aceptaron la indemnización en metálico, pero hasta 60 familias permanecen en sus hogares, pues reclaman una solución justa e imparcial. Otras 20 familias del Grupo 78 están en régimen de alquiler. A éstas no se les ha ofrecido ninguna indemnización: el 14 de julio se les dio un plazo de tres días para que hicieran las maletas y se marcharan. En ningún momento de los tres años de disputas han mantenido las autoridades camboyanas consultas genuinas con los residentes del Grupo 78. Tampoco han explorado ninguna alternativa factible al desalojo, por ejemplo, la construcción de viviendas en los mismos solares, tal como han propuesto los propios habitantes del Grupo 78. Información complementariaLas familias del Grupo 78 que ahora están amenazadas de desalojo empezaron a llegar a la zona a orillas del río en 1983. Desde entonces, el valor de los terrenos ha aumentado enormemente. Las familias han solicitado el título de propiedad formal de las tierras en varias ocasiones, pero las autoridades les han denegado las solicitudes, pese a que las familias tienen documentación oficial que justifica la reclamación del derecho de titularidad. Las autoridades de Phnom Penh han esgrimido diferentes razones sobre el desalojo de las familias, desde el embellecimiento de la ciudad a acusaciones de que las familias ocupan la tierra ilegalmente. En el “aviso definitivo de desalojo”, el ayuntamiento afirma que la comunidad reside en tierras que pertenecen a una empresa privada y que ocupan una carretera pública. Los residentes del Grupo 78 mantienen que, en virtud de la Ley de Tierras, ellos son los legítimos propietarios de los terrenos. En enero de 2009 se desalojó por la fuerza de Dey Kraham, que está cerca del Grupo 78, a unas 400 familias urbanas pobres. Sus hogares fueron derribados por aproximadamente 250 agentes de las fuerzas de seguridad y operarios de demolición. Muchas personas perdieron sus posesiones. La gran mayoría se quedaron sin hogar alternativo y no tuvieron otro remedio que trasladarse a un lugar alejado de Phnom Penh, que carece de servicios básicos y cuyos refugios todavía están en construcción. En varias ocasiones, las autoridades municipales de Phnom Penh advirtieron a las familias del Grupo 78 que, si no aceptaban las indemnizaciones, verían una solución similar a la de los residentes de Dey Kraham. Los desalojos forzosos se llevan a cabo sin la notificación y la consulta oportunas a las personas afectadas, sin salvaguardias jurídicas ni garantías de un alojamiento alternativo adecuado. En virtud del derecho internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Camboya no puede llevar a cabo desalojos forzosos, sino que debe proteger de ese tipo de desalojos a la población. En mayo de 2009, durante el examen sobre el cumplimiento del PIDESC por parte de Camboya, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su inquietud por el número de desalojos forzosos que se realizaban en el país. En sus observaciones finales, el Comité observó “con gran preocupación” el ejemplo citado del inminente desalojo del Grupo 78 y recomendó a Camboya que decretase una suspensión de los desalojos “hasta que exista el marco legal adecuado y haya concluido el proceso de otorgamiento de títulos de propiedad de las tierras, para garantizar la protección de los derechos humanos de todos los camboyanos”.