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El aumento de tropas estadounidenses no debe perjudicar a los civiles afganos

Soldados estadounidenses de la 4 ª División de Infantería, disparando contra posiciones de los talibanes tras una emboscada, Pech Valle, provincia de Kunar, Afganistán, 2009. © APGraphicsBank

Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos que establezca un mecanismo consecuente, claro y creíble para investigar las muertes de civiles causadas por las operaciones militares, después de que el presidente Barack Obama declarase su intención de enviar 30.000 soldados más a Afganistán.

Esta medida es ahora especialmente perentoria debido a la actual ausencia de rendición de cuentas y de transparencia en el seno de las fuerzas militares regulares y las agencias civiles de información estadounidenses, así como en el personal subcontratado.


“Los recientes esfuerzos de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN para reducir al mínimo las muertes de civiles son un paso hacia delante, pero el gobierno de Estados Unidos debe garantizar que cualquier soldado que viole los derechos humanos de los civiles afganos responde de sus actos —ha declarado Madhu Malhotra, director adjunto de Asia y Oceanía—. El aumento de las tropas no debe desembocar en un aumento de los perjuicios a la población civil afgana.”   

 

Amnistía Internacional reconoce que los grupos antigubernamentales, incluidos los talibanes, son responsables de la mayor parte de las muertes y lesiones de civiles, pero esto no disminuye la responsabilidad de ofrecer apoyo a las personas perjudicadas por las fuerzas afganas y las de la OTAN y Estados Unidos y de hacer que los presuntos autores de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos comparezcan ante la justicia.

 

El respeto al derecho internacional, incluidos el derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por todas las partes implicadas es un requisito previo para que haya seguridad en Afganistán.

 

Deben establecerse cadenas de mando más claras y unas reglas de intervención que respeten el derecho internacional para todas las fuerzas con el fin de garantizar la seguridad de la población civil afgana.

 

Si no está claro quién interviene en estas operaciones es imposible que las víctimas y sus familias formulen quejas, indaguen sobre las investigaciones y, en última instancia, pidan justicia.