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Debe investigarse la violencia durante las protestas de las personas con discapacidad

Policia en La PAz, 2007 Autor ceetap bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0

Las autoridades de Bolivia deben llevar a cabo una investigación inmediata, independiente y exhaustiva sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía contra personas con discapacidad que se estaban manifestando en La Paz el pasado jueves, declaró Amnistía Internacional.

Varias personas resultaron heridas o se desmayaron después de que la policía formó un cordón de seguridad alrededor de la Plaza Murillo usando gases lacrimógenos y bastones eléctricos de forma supuestamente indiscriminada para impedir el paso a los manifestantes que intentaban avanzar.

Las autoridades alegaron que la policía actuó en respuesta a los ataques violentos de los manifestantes y que agentes de la policía también resultaron heridos durante los enfrentamientos.

“Alarmantes informaciones e imágenes recibidas desde la Plaza Murillo indican que la policía arremetió contra los manifestantes de forma indiscriminada, algunos de los cuales iban en silla de ruedas”, dijo Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.  

“Las fuerzas de seguridad de Bolivia tienen la obligación de mantener el orden público pero deben hacerlo cumpliendo en todo momento las normas internacionales de derechos humanos relativas al uso de la fuerza. Asimismo, se debe asegurar que toda denuncia de abusos se somete a una investigación exhaustiva e imparcial”.

Los enfrentamientos en La Paz pusieron fin a una marcha de 100 días para muchos de los manifestantes que caminaron más de 1.000 kilómetros a través del país para reclamar un incremento del subsidio estatal para personas con discapacidad.

El pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley general de trato preferente para las personas con discapacidad.

Los manifestantes alegan que el gobierno no tuvo en cuenta sus demandas cuando preparó la ley. En particular, piden más oportunidades de trabajo y un incremento del subsidio por discapacidad.

Las autoridades deben asegurar que las personas con discapacidad en Bolivia son consultadas sobre todas la propuestas que les afectan y que cualquier medida que se adopte en ese respecto cumplirá las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas”, dijo Guadalupe Marengo.