La draconiana ley chilena contra el aborto trata a las mujeres como ciudadanas de segunda y pone su vida y su salud en peligro. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional mientras se mantiene en el Congreso un acalorado debate para modificar la legislación.
“La indignante prohibición del aborto en Chile crea un clima de temor entre los profesionales de la salud, cuyo primer impulso es a menudo denunciar ante la policía los casos de mujeres o niñas sospechosas de haberse sometido a un aborto, en lugar de proporcionarles tratamiento para salvarles la vida. Esta situación crea un sistema de atención médica de dos niveles, en el que a las mujeres se las considera meros receptáculos portadores de hijos”, ha manifestado Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnistía Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América.
“Chile debe abandonar de una vez esta draconiana prohibición de la era de Pinochet. Existen pruebas claras de que el prohibir el aborto en todas las circunstancias no impide que se practiquen abortos. Para lo único que sirve es para obligar a las mujeres y las niñas, especialmente las que disponen de pocos recursos, a buscar peligrosos tratamientos clandestinos que ponen sus vidas en peligro. Aunque sigue siendo limitado, el proyecto de ley que se está debatiendo puede convertirse en un importante primer paso en la dirección correcta.”
Según la ley chilena contra el aborto, aprobada en 1989 durante la última etapa de la brutal dictadura de Augusto Pinochet, el aborto es ilegal incluso cuando la vida o la salud de la mujer o la niña corren peligro, y cuando el embarazo es consecuencia de una violación. La presidenta Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley para reintroducir las excepciones a esta prohibición total cuando la vida de la mujer o la niña corra peligro, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación y cuando el feto no sea viable.
La prohibición, en la práctica, obliga a muchas mujeres a buscar abortos inseguros. Según el Ministerio de Salud, en Chile más de 33.000 mujeres ingresan cada año en los hospitales por complicaciones derivadas de abortos, en muchos casos los problemas surgen por abortos inseguros. De ellas, más de una décima parte (3.600) son niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. No obstante, es probable que la cifra real sea muy superior.
La Fiscalía chilena informó que, únicamente en 2014, se habían iniciado investigaciones judiciales sobre 174 casos de aborto voluntario que afectaban a 113 mujeres. Amnistía Internacional ha identificado decenas de casos de mujeres a las que se les negó un aborto que podría salvarles la vida pese a que necesitaban tratamiento para el cáncer o pese a que el feto no era viable.
Tania (nombre ficticio) tenía 31 años y era madre de tres hijos de corta edad cuando se quedó embarazada en medio de un tratamiento contra el cáncer. La continuación de su embarazo habría puesto su vida en peligro, ya que la habría obligado a suspender el tratamiento. El médico que la trataba le advirtió que, si se sometía a un aborto, tendría que denunciarla. Tania decidió abortar en una clínica privada, donde el procedimiento se registró como una operación ginecológica.
Tania contó a Amnistía Internacional: “Ellos nunca me vieron como una persona, como un ser integral. A mí me vieron como una incubadora, alguien que puede traer hijos a este mundo. Y después no importa si yo lo voy a criar o no, si me voy a morir, si va a pasar hambre, a ellos no les importa. Ellos nos ven como incubadoras. Como aparatos, como aparatos reproductivos.”
René Castro, médico obstetra, describió otro caso de una mujer que tuvo que llevar su embarazo hasta el final pese a saber que el niño moriría en las primeras 24 horas, ya que sufría una malformación mortal.
“Me contaba el dolor que para ella fue tener que esperar los nueve meses para sacar a su hijo sabiendo que se iba a morir en las primeras 24 horas, como efectivamente ocurrió, y lo que es peor, que además no tuvo ni siquiera algún grado de acompañamiento emocional para protegerla al menos de este impacto”, contó el Dr. Castro.
Chile es uno de los cinco países de América –junto con El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua– que prohíben el aborto en todas las circunstancias, o que carecen de una excepción legal explícita para salvar la vida de la mujer embarazada. La República Dominicana, que también tenía una prohibición total del aborto, introdujo en diciembre de 2014 modificaciones en su Código Penal para incluir las mismas tres excepciones que se están debatiendo en Chile.
Otros países de la región, como por ejemplo Paraguay, tienen excepciones a la criminalización del aborto cuando la vida de la mujer o la niña corre peligro, pero hay muchos profesionales de la salud que hacen caso omiso de ellas.
El 28 de septiembre, personas del mundo entero conmemorarán el Día Internacional por la Despenalización del Aborto.
“Alzaremos nuestras voces, junto con muchas otras en la región, para recordar a los Estados que la despenalización del aborto es un imperativo de derechos humanos, un compromiso con el derecho de las mujeres y las niñas a la vida y la salud”, ha manifestado Fernanda Doz Costa.
“La legalización del aborto es un requisito esencial para que los países garanticen la igualdad de las mujeres. Es un hecho que, entre las mujeres y niñas que mueren o se ven gravemente afectadas por los abortos inseguros, están representadas desproporcionadamente las indígenas, afrodescendientes o las mujeres y niñas que viven en la pobreza o gozan de menos oportunidades.”
