Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Amnistía Internacional y CEAR piden una investigación exhaustiva por las expulsiones ilegales en Melilla

Madrid. - Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) muestran su preocupación por los acontecimientos ocurridos en Melilla entre el pasado domingo 28 y la madrugada del 29 de agosto, cuando según denuncias recibidas en ambas organizaciones, dos personas de origen camerunés podrían presuntamente haber muerto en territorio español a consecuencia de la intervención de la Guardia Civil al intentar repeler el intento de cruce de la valla fronteriza entre España y Marruecos en Melilla.

 

Pese a que ayer lunes se hizo público el informe de la Guardia Civil, en el que se manifiesta que los miembros de este cuerpo no intervinieron en la muerte de estas dos personas. En dicho informe, según Amnistía Internacional y CEAR no se aclaran los hechos acontecidos entre la noche del 28 y la madrugada del 29. Por ello, ambas organizaciones siguen pidiendo una investigación exhaustiva de dichas expulsiones ilegales con resultado de dos muertos y varios heridos.

 

Según los datos recogidos por Amnistía Internacional, uno de los fallecidos –la defunción plenamente confirmada- es un menor de 17 años. La muerte de este menor se habría debido a una hemorragia interna producida por rotura del hígado, tal y como citó la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) en un comunicado reciente.

 

Algunos de los testimonios de testigos recogidos en dicho comunicado de MSF, señalan: “Tras saltar la verja entre Nador y Melilla estos dos inmigrantes fueron detenidos por la Guardia Civil y golpeados brutalmente con la culata de un fusil. Uno de los dos, incapaz de moverse, empezó a vomitar sangre y fue arrastrado por la Guardia Civil hasta una pequeña puerta que conduce al lado marroquí, donde fue abandonado junto al resto de inmigrantes. Poco después murió”. Este testimonio también cuenta que “otro de los inmigrantes golpeados se encontraba tendido en el suelo quejándose de los golpes recibidos. Horas después dejó de quejarse, por lo que entendí que falleció”. Los inmigrantes aseguran que cuando regresaron a la zona, tras haber intentado encontrar ayuda, el primer cadáver había desaparecido.

 

Amnistía Internacional y CEAR consideran que es imprescindible dar una respuesta rápida a estos hechos. Y por lo tanto, que se continúe las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, se hagan públicos los resultados, y en su caso se sancione a los responsables y se garantice que se pone fin a estas prácticas, ya que vulneran de manera flagrante la legislación internacional de derechos humanos. Igualmente, las organizaciones piden que el Estado español solicite toda la colaboración necesaria para aclarar los hechos a las autoridades marroquíes.

 

Frontera Sur

Unos hechos que para AI no son aislados. El pasado mes de junio, Amnistía Internacional presentaba el informe Frontera Sur, el Estado da la espalda a los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes, en el que ya se denunciaban una serie de irregularidades como expulsiones clandestinas de inmigrantes, expulsiones ilegales de solicitantes de asilo y expulsiones ilegales de menores.

 

Amnistía Internacional documentaba en este informe expulsiones ilegales de menores extranjeros, vulnerando la propia legislación española de protección al menor. La organización pide al gobierno español que adopte todas las medidas oportunas para que no se produzcan nuevas expulsiones de menores y se garantice de forma adecuada que, si se les devuelve, sean reintegrados en su entorno familiar o en centros de acogida que ofrezcan a los menores unas condiciones de vida adecuadas, así como un trato digno sin que sus derechos humanos puedan ser vulnerados. Las autoridades españolas –incluidas las de Ceuta y Melilla- deben acatar las normas internacionales relativas a la atención y protección de los menores no acompañados.

 

En el informe la organización de derechos humanos también recogía denuncias sobre el uso indebido de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra los inmigrantes y refugiados. En reiteradas ocasiones la organización ha pedido al Estado español que todas las denuncias de tortura, malos tratos y otros abusos cometidos a manos de los agentes del Estado sean investigadas con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia.

 

Igualmente, la CEAR ha documentado y puesto en conocimiento de las autoridades españolas en los últimos años diversas expulsiones irregulares a Marruecos de solicitantes de asilo ocurridas en Ceuta.

 

Por último, Amnistía Internacional y CEAR instan al gobierno español para que se adhiera al Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de los ciudadanos extranjeros, así como al Protocolo 7 del mismo convenio, que establece garantías de debido proceso en los casos de expulsión.