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Ante la deportación a Marruecos de alrededor de 70 personas procedentes de la isla de Tierra sin acceso a abogado ni intérprete

Amnistía Internacional pide al gobierno español que no cree “limbos jurídicos” para expulsar ilegalmente a inmigrantes

Fotografía de Álvaro Herraiz San Martín. 2009. Licencia Creative Commons.

Amnistía Internacional ha enviado hoy una carta al ministro del Interior en la que le pide que aclare lo sucedido en la operación de expulsión de inmigrantes llevada a cabo en el islote español de Tierra, que responda por la no aplicación de la ley y de los tratados internacionales y que desista de operaciones similares en el futuro. Y lo más importante, le pide que no se creen “limbos jurídicos” que permitan expulsiones colectivas o sumarias desde España.

“Ninguna parte del territorio nacional puede quedar al margen de la aplicación de la ley”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

La organización de derechos humanos plantea en esa carta casi 20 preguntas a Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de asegurar la transparencia en la investigación de la expulsión de un grupo de unas 70 personas desde el islote hacia Marruecos en la madrugada del pasado 4 de septiembre.

La información disponible hasta el momento evidencia que esta expulsión se hizo vulnerando los tratados internacionales de derechos humanos, que prohíben taxativamente las expulsiones colectivas y que obligan a los Estados a garantizar que las personas tienen la oportunidad de contar con un procedimiento individual en el que puedan oponerse o impugnar su expulsión.

La operación también viola la Ley de Extranjería española, al privar a las personas migrantes del debido proceso y garantías, incluyendo el derecho a la asistencia letrada y de intérprete.

“¿Qué mensaje transmite a los ciudadanos un gobierno que vulnera sus propias leyes?”, se pregunta Esteban Beltrán. ”El gobierno no puede llevar a cabo expulsiones colectivas prohibidas ni evadir sus obligaciones en materia de asilo como lo ha hecho en este caso”, añade.

Las personas expulsadas no han tenido acceso a los procedimientos individualizados de asilo, que permitan identificar si necesitan protección internacional, y su expulsión podría vulnerar el principio de no-devolución, que prohíbe a los Estados devolver -directa o indirectamente- a una persona a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro.

Amnistía Internacional considera que España es responsable de lo que les suceda a las personas expulsadas. Los antecedentes del trato recibido en Marruecos por otros migrantes en el pasado llevan a AI a mostrar su preocupación por la vulneración de los derechos humanos que pudieran sufrir las personas enviadas ayer a este país.

La organización se ha dirigido también al ministro de Asuntos Exteriores pidiéndole que recabe información del gobierno de Marruecos y dé cuenta de la situación actual de las personas expulsadas.

Información complementaria

En agosto y septiembre de 2010, las autoridades marroquíes adoptaron medidas enérgicas contra los migrantes que presuntamente habían entrado en Marruecos sin la autorización correspondiente. Detuvieron a entre 600 y 700 personas, incluidos menores de edad, en Ujda, Rabat, Tánger y otras ciudades. Durante algunas redadas, las fuerzas de seguridad utilizaron excavadoras para derribar las viviendas de los migrantes y, según los informes, golpearon a las personas. Se trasladaba a los detenidos a una zona desértica próxima a la frontera con Argelia y allí se los dejaba sin agua ni comida suficientes y sin la posibilidad de recurrir contra su expulsión.

En el año 2005, Amnistía Internacional documentó malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad o devoluciones sin proceso en su informe “España y Marruecos: falla la protección de los derechos de las personas migrantes”. 13 personas fallecieron cuando trataban de cruzar la valla entre España y Marruecos. Sus muertes nunca fueron investigadas y permanecen en la impunidad.

Amnistía Internacional reconoce a los Estados su derecho a controlar la inmigración, pero siempre garantizando que sus prácticas y políticas de control migratorio no provocan violaciones de derechos humanos ni contribuyen a su comisión o se benefician de ella.

Respecto a los los acuerdos bilaterales entre países, como el existente entre España y Marruecos de 1992, Amnistía Internacional insiste en que deben recoger garantías y mecanismos de supervisión acerca del respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, algo que no está contemplado en este acuerdo concreto.