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AI aplaude la exigencia de la ONU de cerrar los centros de Nauru

  • El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes ha presentado un informe sobre las atroces condiciones de los centros de refugiados
Madrid.- El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, ha presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre su visita a Australia y al centro de tramitación de personas migrantes y refugiadas de Nauru. En él recomienda, entre otras medidas, el cierre, lo antes posible, de los centros para refugiados situados en Nauru y Papúa Nueva Guinea, “para acabar con la sistemática violación de derechos humanos que está provocando este tipo de políticas del gobierno australiano”. Asimismo, también pide que los menores y las familias sean trasladadas al continente, donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Amnistía Internacional, que ha denunciado la situación en la que se encuentran las personas refugiadas en estos centros, gestionados por la empresa Broadspectrum, propiedad de la española Ferrovial, ha valorado positivamente este informe. Detenciones arbitrarias, separaciones indefinidas de sus familiares, restricciones de servicios sociales, falta de acceso a procesos de asilo, así como malos tratos (que incluyen abusos verbales y físicos) y condiciones duras e inadecuadas que producen en las personas refugiadas ansiedad, enfermedades mentales, estrés postraumático y depresión, son algunas de los abusos que denuncia Naciones Unidas, tal y como advirtió Amnistía Internacional en varios informes. El Relator hace especial hincapié en las circunstancias en las que se encuentran los menores en Nauru, algunos de los cuales han llegado hasta a intentar suicidarse y muestran signos de autolesiones y de problemas de desarrollo, tal y como había descrito AI. El informe del relator es una prueba más de que persisten estos abusos, a pesar de que Ferrovial, propietaria de Broadspectrum, aseguraba en su carta de respuesta a las denuncias presentadas por AI que “muchas de las denuncias surgieron antes de que Broadspectrum comenzara a prestar servicios”. “Además, si es cierto, tal y como afirmaba en su carta, que Ferrovial trabaja en cooperación con organismos independientes e internacionales para revisar sus servicios, debería tener en cuenta estas recomendaciones de Naciones Unidas, que coinciden con las hechas por nuestra organización”, asegura Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional.   En el documento, el Relator también lamenta que no sea suficientemente adecuado el mecanismo interno para hacer reclamaciones o denunciar abusos que tienen lugar en los centros, a pesar de que Ferrovial aseguraba que mantenía unos “procedimientos estrictos con respecto a la prestación de servicios de Broadspectrum, que incluyen procesos de prevención y respuesta”. El Relator incluso pone el ejemplo de que cuando existen casos de agresiones sexuales, la respuesta ha sido simplemente la de transferir a los perpetradores a otros centros. “La empresa española Ferrovial es cómplice de estos abusos y debe dejar de mirar hacia otro lado y excusarse en que no renovará su contrato en octubre: ¿o es que mientras tanto las personas refugiadas no tienen derechos humanos?”, denuncia Eva Suárez-Llanos.   Por último, Naciones Unidas ha recordado también en su informe que los proveedores de servicios en los centros de detención, entre los que se encuentran Broadspectrum, filial de Ferrovial, tienen la obligación de respetar los derechos humanos en el ejercicio de sus actividades. Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para exigir a Ferrovial que ponga fin a sus operaciones en Nauru y Manus lo antes posible, y ha hecho llegar el informe de Naciones Unidas a la empresa.

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