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Amnistía Internacional entra en la Junta de Accionistas de Ferrovial para pedir el fin de las operaciones en Nauru y Manus

AI oculta en la Junta General de Accionistas

La organización exige a la empresa española que deje de beneficiarse del abuso a personas refugiadas en las islas

Madrid.- La empresa española Ferrovial ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas, a la que ha accedido Amnistía Internacional para exigir ante la dirección de la empresa el fin, cuanto antes, de las operaciones de gestión de los centros de “tramitación” de personas refugiadas en las Islas de Nauru (Océano Pacífico) y Manus (Papúa Nueva Guinea), donde existen evidencias de violaciones de derechos humanos. Así lo ha demostrado la organización, en un nuevo informe, donde acusan a la empresa española y a su subsidiaria australiana, Broadspectrum, de complicidad con un sistema cruel y abusivo del gobierno de Australia que constituye tortura para estas personas.

Ferrovial, a través del contrato de su filial Broadspectrum con el Gobierno de Australia, se ha convertido en cómplice de graves violaciones de derechos humanos. La empresa, no sólo es consciente de este abuso, sino que se beneficia del mismo”, ha declarado en el turno de preguntas Gerardo Ríos, coordinador del Equipo de Empresas de Amnistía Internacional.

La respuesta de la dirección de Ferrovial ha ido en la misma línea que la carta que contiene el informe. En ese sentido, han reiterado que el contrato finaliza en octubre de 2017 y que la responsabilidad de la política migratoria recae en los gobiernos. Además, han asegurado que existe libertad de movimiento puesto que las personas no están encerradas en los centros. Sin embargo, Amnistía Internacional recuerda que las personas no pueden salir de Nauru ni siquiera cuando tienen el estatus de refugiado concedido, por lo que su sufrimiento se agudiza.

 

Asimismo, en su respuesta, Ferrovial ha señalado que estos lugares han sido objeto de visitas internacionales. A ese respecto la organización restalta que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penal crueles, inhumanos o degradantes conluyó que el sistema de tramitación extraterritorial de procesamiento de refugiados en Manus, Papúa Nueva Guinea, violaba el derecho de las personas solicitantes de asilo al derecho a estar libre de tortura, o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

 

Por otro lado, AI subraya que existe una cultura de secretismo que rodea a la isla de Nauru, algo que ha llevado al gobierno australiano hasta a considerar delito que los profesionales del ámbito de la atención social hablen de lo que allí ocurre, imponiendo además estrictas cláusulas de confidencialidad a quines allí operan.

“Desde luego, cuando Ferrovial adquirió Broadspectrum lo hizo con total conocimiento de las violaciones de derechos humanos del gobierno de Australia en Nauru. ¿Qué procedimientos inició Ferrovial antes de esa compra para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos? ¿Y qué mecanismos de investigación va a adoptar para investigar la denuncia de AI?”, ha preguntado Roberto Gil, otro de los activistas asistentes a la Junta.

Más información     
El último informe de Amnistía Internacional, del pasado mes de octubre, acusaba al gobierno australiano de someter a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegaban por barco a un sistema intencionado y cruel de abusos con el único propósito de mantenerlas alejadas de sus costas y disuadirles de pedir protección internacional. Para conseguirlo, el país ha gastado miles de millones de dólares en crear y mantener su sistema de tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional intrínsecamente abusivo, enviando a quienes huyen de la guerra y la persecución a las remotas islas de Nauru (Océano Pacífico) y Manus (Papúa Nueva Guinea), donde quedan atrapadas en crueles y atroces condiciones abusivas.  

Amnistía Internacional investigó cómo el sistema del gobierno australiano en Nauru constituye tortura. Algunas personas refugiadas y solicitantes de asilo han intentado suicidarse.
La organización pide que Ferrovial ponga fin a sus operaciones en la isla lo antes posible, y lleve a cabo acciones concretas para acabar con su complicidad con estos abusos.

Aquí puedes descargarte el vídeo de la acción que ha tenido lugar esta mañana en la Junta Central de Accionistas.

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