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La libertad de expresión en España

© Reuters/ Sergio Pérez

Libertad de expresión en España

Libertad de expresión

La libertad de expresión es un derecho fundamental que cubre las libertades de opinión, de información y de prensa. Es fundamental para poder ejercer otros derechos humanos y participar activamente en una sociedad libre y democrática. Según el derecho internacional cualquier limitación a la misma tiene que ser mínima, proporcionada y justificada.

En España, la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso desde 2015, cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC, conocida como 'Ley Mordaza') y la reforma del Código Penal, que entraron en vigor el 1 de julio de ese año. Estas leyes fueron aprobadas pese a las advertencias formuladas por expertos de las Naciones Unidas que denunciaron cómo algunos de los preceptos contenidos en ambas normas podían suponer una restricción desproporcionada a los derechos de libertad de reunión, expresión e información. 

Protesta por la libertad de expresión en España
Protesta contra la nueva ley de seguridad del gobierno español celebrada en el centro de Madrid, el 30 de junio de 2015. © REUTERS/Sergio Pérez

¿Cómo afecta la Ley Mordaza a la libertad de expresión en España?

La Ley Mordaza amplió la potestad sancionadora de la Administración, contemplando infracciones definidas de forma excesivamente vaga y amplia que favorecen la discrecionalidad policial, lo que se ha traducido en un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión, reunión e información.

Desde la aprobación de la reforma de la ley en 2015 y hasta diciembre 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: "resistencia, desobediencia o negativa a identificarse" (36.6) y "faltas de respeto a la autoridad" (37.4), suponiendo el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. En numerosos casos documentados por Amnistía Internacional estos artículos se han aplicado contra activistas sociales y contra periodistas, provocando autocensura informativa y desmovilización ciudadana.

Dentro de muy poco se va a reformar la Ley Mordaza, pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta corre un grave riesgo de continuar amordazada. El acuerdo de gobierno alcanzado en noviembre de 2021 para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no contempla la reforma ni la eliminación de los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza.

Aspectos que afectan a la libertad de expresión en España y no se incluyen en la reforma de la Ley Mordaza: 

  • La propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
     
  • No establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias.
     
  • No se prohíbe el uso de pelotas de goma.
     
  • No se incluye la prohibición expresa de redadas racistas.
     
  • No se plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las conocidas como devoluciones en caliente.
     
  • No se completa la modificación del artículo 36.6, que sanciona la resistencia y desobediencia, y que ha merecido la atención de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa por su vaguedad y ambigüedad.
     
  • No se elimina el artículo 37.4, que sanciona las faltas de respeto a las fuerzas de seguridad, en total contravención de los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
La Ley Mordaza oprime la libertad de expresión en España
Varios manifestantes usan máscaras que dicen "No hables, ley mordaza" durante una protesta contra la nueva ley del gobierno español, conocida como "Ley Mordaza", en Madrid el 14 de febrero de 2015. © Reuters/Sergio Pérez

La organización ha recogido más de 150.000 firmas en su centro de activismo on line para pedir la modificación de la Ley Mordaza. ¡Firma!

Acto contra la Ley Mordaza
La Ley Mordaza oprime la libertad de expresión. © AI

Arbitrariedad judicial sin rendición de cuentas

A juicio de Amnistía Internacional, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que el gobierno presentó al Congreso de los Diputados en julio de 2014 limitaba de forma ilegítima, innecesaria y desproporcionada el ejercicio de los derechos humanos. La organización también considera que las facultades atribuidas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de prevención, identificación, disolución de manifestaciones o identificación y sanción de infracciones violaban los principios internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Amnistía Internacional mostró preocupación por el aumento del poder discrecional que la LOSC otorga a los miembros de los cuerpos policiales para valorar qué conductas pueden considerarse como desobediencia, falta de respeto y resistencia a la autoridad sin establecer adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas y, por lo tanto, abriendo la vía a una mayorr arbitrariedad e indefensión de la ciudadanía. Igualmente, la organización denunció que el texto introdujese nuevas sanciones a formas legítimas de protesta y libertad de expresión e información, además de incrementar la cuantía de otras que ya habían sido objeto de preocupación de Amnistía Internacional en el pasado. 

La aplicación de la LOSC durante el primer estado de alarma evidenció aún más la necesidad de reformar esta ley. Solo desde el 14 de marzo hasta el 23 de mayo de 2020, el Gobierno reconoció que se habían impuesto 1.044.717 denuncias, en su mayoría en aplicación del art. 36.6 y sin haberse observado adecuadamente los principios de necesidad y proporcionalidad. 

Amnistía Internacional reclama que, en el marco de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se establezca un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial que, entre otras cosas, sirva para evitar la arbitrariedad en sus actuaciones, así como prevenir posibles denuncias falsas.

Protesta contra la Ley Mordaza por no permitir la libertad de expresión en España
Protesta contra la nueva Ley Mordaza, Barcelona el 20 de diciembre de 2014. © Reuters/Gustau Nacarino
Manifestación por la libertad de expresión
Manifestantes sostienen una lona gigante que dice: "Que ni los besos te callen. Desamordázate" durante una nueva protesta contra la Ley Mordaza, Madrid, 13 de febrero de 2021. © Paco Ruano

Autocensura y libertad de expresión en España

Personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas y condenadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que castiga el "enaltecimiento del terrorismo" y la "humillación de las víctimas de los delitos terroristas". Desde 2015, los procesamientos y las sentencias condenatorias derivados de su aplicación aumentaron drásticamente: de tres en 2011 a 39 en 2017, y solamente entre 2016 y 2017 fueron declaradas culpables casi 70 personas. 

Amnistía Internacional lo subrayó en 2018 en su informe "Tuitea... si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España", en el que denunció la "imprecisa redacción" de este tipo de delitos y reivindicaba el papel crucial del arte y la música para cuestionar el status quo e inspirar el pensamiento crítico en cualquier debate democrático informado. En ese marco, el derecho a la libertad de expresión puede incluir expresiones que ofendan, escandalicen o molesten. 

La posibilidad de ser multado, inhabilitado para empleos públicos e incluso ser enviado a prisión, tuvo una consecuencia clara: una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España. 

Pablo Hásel y Valtonyc, los raperos condenados

Pese a que el número de procesamientos y condenas ha descendido en los últimos años, en febrero de 2021 el rapero Pablo Hásel entró en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El músico también fue condenado por injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado. Amnistía Internacional considera que el encarcelamiento de Hásel por sus expresiones artísticas es injusto y lanzó campaña para exigir, una vez más, una reforma del Código Penal que elimine los artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión. El artista C.Tangana participó en la campaña con un vídeo en el que animaba a la gente a actuar para cambiar la ley, para que "los artistas podamos expresarnos sin miedo a ir a la cárcel".

El rapero Valtonyc también fue condenado en el año 2017 por delitos de "enaltecimiento del terrorismo", "amenazas no condicionales" y "calumnias e insultos graves a la Corona", una condena que Amnistía Internacional cree que constituye una restricción ilícita de su derecho a la libertad de expresión. Valtonyc no se presentó para su ingreso en prisión sino que huyó a Bélgica. En octubre de 2021, el Tribunal Constitucional de Bélgica estableció que la ley belga que tipifica como delito las injurias al rey no cumple los estándares internacionales de derechos humanos. Valtonyc se encuentra a la espera de la decisión final por parte de las autoridades belgas respecto de la petición de extradición formulada por España después de que diversas instancias judiciales, en 2018 y en diciembre de 2021, rechazaran dar luz verde a su entrega.

El delito de ofensa contra los sentimientos religiosos también debe desaparecer del Código Penal. La protección de conceptos abstractos o creencias religiosas no es un motivo permisible para restringir la libertad de expresión. 

Lucha por la libertad de expresión en España
Una mujer con una máscara se encuentra frente a la policía antidisturbios que acordona la zona durante una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Barcelona, el sábado 20 de diciembre de 2014. © AP Photo/Emilio Morenatti

“Dentro de poco se va a reformar la Ley Mordaza, pero la protesta todavía corre un grave riesgo de continuar amordazada"

Retroceso de la libertad de expresión en España
La libertad de expresión en España ha sufrido un grave retroceso desde 2015. © iStock

Amnistía Internacional pide por la libertad de expresión: 

  • Revisar la legislación reguladora del derecho de reunión y de protección de la seguridad ciudadana, eliminando aquellos artículos que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en la libertad de reunión, expresión e información. 
     
  • Incorporar mecanismos independientes de investigación y garantías efectivas de supervisión y de rendición de cuentas de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias.
     
  • Derogar el artículo 578 del Código Penal y garantizar que ninguna de sus disposiciones viola las obligaciones contraídas por España.
     
  • Garantizar que no se detiene, investiga, procesa ni encarcela a ninguna persona en aplicación del artículo 578, así como retirar los cargos formulados en aplicación de dicho artículo contra cualquiera que solo haya ejercido su libertad de expresión.
     
  • Defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre.
     
  • Derogar del Código Penal los delitos de injurias a la corona y las instituciones del Estado y de ofensa contra los sentimientos religiosos.
Manifestación contra la Ley Mordaza
Manifestante con una pancarta que lleva escrito el lema "No a la Ley Mordaza" en la ciudad de Málaga, julio de 2015. © REUTERS/Jon Nazca.

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