El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente alertaba ya en 2022 de la falta de preparación de los gobiernos ante el aumento de los incendios forestales en el mundo, y proyectaba un incremento del 30% para 2050 y del 50% para finales del siglo XXI. Más de 185 millones de hectáreas han ardido en los seis primeros meses de 2025 en todo el mundo.
España es ya el país de la Unión Europea más afectado por el fuego en 2025, seguida por Portugal. La península ibérica acumula el 66% de la superficie arrasada en el territorio europeo.
Incendios forestales en España en 2025: cifras récord
Las sequías acumuladas unidas a la ola de calor más intensa desde 1975 encendieron gran parte del noroeste del territorio español en agosto. Tras un primer semestre con datos por debajo de la media, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea a través de Copernicus, más de un centenar de incendios arrasaron durante el verano. En apenas 15 días de agosto ardieron más de 358.000 hectáreas. Con focos todavía activos, se siguen declarando nuevos incendios cada semana.
Esta devastadora cifra hace de2025 el peor año: más de 400.000 hectáreas quemadas (en 2024 ardieron alrededor de 43.000). Las comunidades más afectadas están siendo Galicia y Castilla y León, pero también ha habido fuegos calcinando zonas de Extremadura, Andalucía, Navarra o Asturias. La declaración de zonas catastróficas aprobada por el Gobierno incluye a 16 comunidades autónomas, todas excepto el País Vasco.
Tras el paso de las llamas, la vegetación arrasada por los incendios forestales deja un paisaje desolador. © Freepik
El fuego y los derechos humanos: lo que deja tras de sí
Miles de personas contienen la respiración ante el avance de los fuegos, sin saber si encontrarán algo al volver a sus pueblos y temiendo por la seguridad de bomberos y voluntariado que participan en las labores de extinción y prevención.
El fuego se ha cobrado cuatro vidas más en agosto, que se suman a otras cuatro registradas en los meses anteriores del año. Además de estos fallecimientos y las cifras de heridos todavía por consolidar, los efectos en la salud incluyen también los que pueden atribuirse a la contaminación atmosférica. El humo de los incendios empeora la calidad del aire por la liberación de partículas contaminantes, como el dióxido de azufre, que pueden ser causa de problemas respiratorios, cardiovasculares e irritación ocular, entre otros.
Los fuegos de este agosto en España, con el humo extendiéndose cientos de kilómetros mucho más allá de las zonas de incendio inmediatas, han deteriorado notablemente la calidad del aire. Se registran concentraciones de partículas finas muy por encima de los niveles de seguridad que marcan las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Más allá de la península, el humo de los incendios en España y Portugal se ha extendido por Francia, Reino Unido y los países escandinavos, sumándose al humo de los incendios en Canadá que cruza el Atlántico. Según datos publicados por la revista científica The Lancet, la contaminación atmosférica inducida por los incendios forestales está detrás de más de un millón y medio de fallecimientos anuales entre los años 2000 y 2019: más de 30 millones de muertes en las primeras dos décadas de este siglo.
Incendios y salud mental
Los efectos en salud mental también deben considerarse: el impacto del confinamiento y/o desplazamiento, la pérdida de recursos ambientales y medios de vida generan miedo, impotencia y desesperación ante el avance de las llamas, emociones que son una constante en los relatos de las personas afectadas. Y en el “día después”, según señala el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, pueden derivar en estrés postraumático, ansiedad y depresión asociadas al duelo por las pérdidas materiales o de personas queridas.
La contaminación atmosférica derivada de los incendios también puede tener un efecto en la salud mental. Un estudio del Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Harvard sugiere que, además del posible trauma producido por el fuego, la exposición a partículas finas del humo puede agravar afecciones mentales preexistentes como la depresión, ansiedad y alteraciones del estado de ánimo.
Los incendios forestales arrasan ecosistemas y tienen efectos en los derechos humanos: medioambiente, salud, vivienda, medios de vida y patrimonio cultural. © Freepik
Incendios forestales: impacto en medioambiente, vivienda y patrimonio
A los impactos en el derecho a la vida y la salud se unen e interrelacionan el impacto en el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible, el derecho a la vivienda, al agua y la alimentación, los medios de vida y los derechos culturales. A las pérdidas económicas y ecológicas se suma la pérdida de patrimonio material e inmaterial, trágicamente ejemplificada por la devastación en las Médulas, el paraje leonés reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad que fue la mina abierta de oro más grande de Europa en la época romana.
Un escenario desolador cuyos efectos en el medioambiente y las poblaciones tardarán años en neutralizarse.
“Los incendios forestales no son solo destrucción de bosques: vulneran derechos humanos básicos –salud, vivienda, agua, cultura– y agravan desigualdades preexistentes”
El papel humano en los incendios forestales: de las causas a los agravantes
Menos del 10% de los incendios está motivado por causas naturales (habitualmente rayos). Es el factor humano el que explica 9 de cada 10 incendios. Además de los incendios intencionados, por motivaciones económicas o relacionadas con la piromanía, las imprudencias y negligencias juegan un papel importante en prender la llama: una colilla mal apagada, barbacoas no controladas, chispas provocadas por el uso de maquinaria agrícola y forestal, tendidos eléctricos con carencias en su mantenimiento, quemas descontroladas, entre otras.
Tras las causas directas están los factores que propician “la tormenta perfecta”, que hacen más probables y graves los incendios. Entre ellos, deficiencias en la prevención, gestión forestal inadecuada y el abandono del campo son factores que señalan en su análisis organizaciones ecologistas como Greenpeace y WWF. Paradójicamente, una primavera generosa en lluvias ha aumentado la vegetación, que al secarse por el calor extremo del verano se convierte en combustible para los fuegos.
El cambio climático no es la causa directa de los incendios pero sí intensifica el clima propicio para ellos. En un mundo cada vez más caliente se incrementa el riesgo y poder destructor de los fuegos. Así en España, las olas de calor sumadas a las condiciones de sequía a largo plazo, han agravado el riesgo de incendios y su gravedad.
Y además, las grandes cantidades de dióxido de carbono y otras partículas nocivas para la salud liberadas por los incendios contribuyen a su vez al calentamiento global y empeoran la calidad del aire. Se suma la destrucción de masa verde que contribuiría a absorber dióxido de carbono y reducir el calentamiento global. Un círculo vicioso que multiplica los efectos negativos para personas y ecosistemas de todo el mundo.
Los incendios forestales destruyen miles de hectáreas cada año y ponen en riesgo derechos humanos y medioambiente. © Freepik
Qué hacer: prevención efectiva y justicia climática
La hoja de ruta para reducir la gravedad e impacto de los incendios está clara. Una mejor gestión forestal, promoción de prácticas agrícolas sostenibles, refuerzo de los sistemas de alerta temprana, sensibilización y formación de la población y dotación de medios de extinción adecuados, son algunas de las medidas en las que coinciden las recomendaciones y demandas de organizaciones científicas, ecologistas, sociales…
“Las autoridades deben reforzar la prevención y los sistemas de alerta temprana, sensibilizar y formar a la población y permitir que participe en la toma de decisiones. Siempre con los derechos humanos en el centro.”
Ante la ola de incendios sin precedentes en España, Naciones Unidas establece cinco acciones clave para la prevención de incendios forestales: gestión forestal, urbanismo resiliente, sistemas de alerta temprana, conciencia comunitaria y planificación multirriesgo.
Las recomendaciones de Amnistía Internacional, resultado de investigaciones en el contexto de desastres como los derivados de la DANA y su gestión, incluyen:
- Revisar sistemas de comunicación, avisos y alerta en emergencias dentro del Sistema de Protección Civil, con estándares internacionales actualizados y planes con personal técnico especializado.
- Protocolizar el uso de ES-Alert en los planes de emergencias autonómicos, garantizando que los organismos competentes pueden, deben y saben utilizar la herramienta.
- Adoptar un enfoque participativo que incorpore plenamente a las poblaciones afectadas en decisión, planificación y seguimiento de la recuperación, con información continua.
- Desarrollar planes de sensibilización y formación ciudadana sobre actuación en emergencias y autoprotección, con simulacros y formación escolar temprana incluida en el currículo.
- Mantener los derechos humanos en el centro de la prevención, respuesta y reparación.
La obligación de los Estados: opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
Es prioritario también abordar el cambio climático como causa estructural de unos incendios cada vez más frecuentes e intensos. La reciente e histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que aclara las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático, lo califica de “un problema existencial de proporciones planetarias que pone en peligro a todas las formas de vida y a la salud misma de nuestro planeta”. El pronunciamiento establece que la inacción de los Estados para proteger el sistema climático –por medios como la producción continuada de combustibles fósiles, o la concesión de licencias o subsidios a empresas de combustibles fósiles– puede constituir un acto internacionalmente ilícito.
“Si no abandonamos con urgencia los combustibles fósiles, los incendios serán más frecuentes e intensos y sus impactos –también en derechos humanos– serán cada vez más devastadores”
Mientras tanto, España sigue subvencionando los combustibles fósiles y el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (32% para 2030) está muy lejos del 55% recomendado por el Programa Mundial de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La Unión Europea aún tiene pendiente presentar antes de la COP30 que tendrá lugar este noviembre en Brasil su compromiso de reducción de emisiones para 2035 (Contribución Nacional Determinada, NDC por sus siglas en inglés), que incluirá el porcentaje de España. Es el momento de que España demuestre su compromiso con los derechos humanos y el medioambiente impulsando un objetivo europeo ambicioso, compatible con mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC.
