Un “plan de paz” que no pone fin al genocidio en Gaza
El 9 de octubre de 2025, un día antes de que se diera a conocer el Premio Nobel de la Paz, la Administración Trump anunció por todo lo alto un acuerdo entre Hamás e Israel por el que se liberaría a todos los rehenes israelíes a cambio de detenidos palestinos. El acuerdo también incluyó un alto el fuego que entró en vigor 24 horas después, todo ello acompañado de un “plan integral para poner fin al conflicto en Gaza" de Trump, de veinte puntos, presentado mediáticamente como un “acuerdo histórico de paz” pese a no abordar las causas reales del conflicto. Recientemente, este plan se ha materializado en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: la Resolución 2803sobre Gaza.
Con este acuerdo parece que la normalidad ha vuelto a Gaza. No hay apenas noticias de los ataques israelíes o de las continuas restricciones a la entrada y distribución de ayuda humanitaria. Y, por supuesto, ni una sola mención a la rendición de cuentas por parte de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos de los dos últimos años.
Destrucción en el centro de salud Sheikh Radwan, gestionado por UNRWA en Ciudad de Gaza, tras un ataque aéreo en agosto de 2025. © OMAR AL-QATTAA/AFP/Getty Images
La intención genocida de Israel continúa en Gaza
Los tres actos prohibidos que Israel sigue cometiendo
La matanza de miembros de un grupo (en este caso, la población palestina de Gaza) es solo uno de los cinco actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio. Cuando uno o varios de estos actos se cometen con la intención de destruir total o parcialmente dicho grupo, no caben dudas: es un genocidio. Por lo tanto, existen diferentes formas de cometer este crimen según el derecho internacional, incluso cuando un Estado afirma perseguir objetivos militares.
Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha cometido tres actos prohibidos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a la población palestina de Gaza como tal: la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a su integridad física o mental; y el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
Condiciones de vida calculadas para destruir a la población
Pero esto no parece haber terminado tras el alto el fuego. A día de hoy, las autoridades de Israel continúan infligiendo deliberadamente unas condiciones de vida calculadas para causar la destrucción física de la población palestina de Gaza. Un ejemplo: Israel limita enormemente la entrada de suministros, el restablecimiento de servicios esenciales para la supervivencia de los y las gazatíes, así como las evacuaciones médicas en Gaza.
Pero hay más. La población palestina sigue siendo sistemáticamente expulsada de sus hogares y de las tierras más cultivables, mientras el ejército israelí está desplegado en casi el 60% de la Franja de Gaza y somete a la población a traslados forzosos masivos, que a su vez son utilizados para justificar homicidios. El perímetro de la zona en la que se encuentran las fuerzas militares israelíes es lo que se conoce como “línea amarilla”, donde Israel ha venido implementando un plan de destrucción y aplanamiento de toda la zona, en la que ha establecido puestos militares. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes impiden a la población palestina el regreso a sus casas o tierras de cultivo, y disparan a quienes se acercan. Al menos 93 personas han muerto mientras intentaban cruzar para regresar a su hogar. No sería, ni de lejos, la primera vez que la expulsión de los y las palestinas de sus hogares, así como el establecimiento de puestos militares en la zona, se termina convirtiendo en permanente.
Humo elevándose tras ataques israelíes contra edificios residenciales en Ciudad de Gaza en septiembre de 2025. © OMAR AL-QATTAA/AFP/Getty Images
Por otra parte, solo entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre, Israel ha impedido la entrada en Gaza de casi 6.500 toneladas métricas de material para ayuda humanitaria, incluyendo materiales para refugios, equipos para el tratamiento de aguas residuales, para el mantenimiento y la reparación de las infraestructuras de agua y saneamiento (la principal desalinizadora de Gaza fue destruida al inicio del genocidio y la mayor parte de los 84 pozos municipales han sufrido destrucción total o graves daños), y para la retirada de artefactos explosivos no detonados y escombros contaminados. Ello se une a las limitaciones de acceso y/o destrucción generalizada de zonas agrícolas, industriales y de pesca, impidiendo a la población palestina acceder a formas independientes de sustento, en un contexto de bloqueo continuado que agrava el riesgo de destrucción física de la población palestina de Gaza. De esta manera, la población palestina se ve obligada a depender completamente del suministro de alimentos y materiales de ayuda humanitaria entregados desde fuera de la Franja. Una entrega y distribución que, a su vez, está limitada arbitrariamente, cuando no directamente bloqueada, por Israel.
Si hablamos de sanidad, más de la mitad de los medicamentos esenciales están prácticamente agotados, así como la mayor parte de los consumibles necesarios para practicar cirugías. La situación es especialmente crítica para aquellas personas que necesitan tratamiento que les pueda salvar la vida fuera de Gaza pero que no pueden acceder a él. A menudo esto se debe a los retrasos de Israel para conceder permisos para estas personas, así como a su prohibición de que las personas palestinas de Gaza sean tratadas en hospitales de Cisjordania, Jerusalén Oriental e Israel.
Todo ello sigue agravando la situación humanitaria de Gaza, que ya era extraordinariamente grave antes del 7 de octubre de 2023, y que acumula 18 años de bloqueo ilegal por parte de Israel. Las lluvias torrenciales de los días 15 y 16 de noviembre inundaron las tiendas de miles de personas desplazadas, dejando a familias desamparadas con sus ropas y pertenencias empapadas, y sin ningún lugar seco donde refugiarse. Esto es solo un pequeño atisbo de lo que le espera a la población palestina de Gaza en invierno, confinada en menos de la mitad del territorio de la Franja.
Y, con todo, los bombardeos continúan. Al menos 312 personas, de las que casi la mitad son niños y niñas, han muerto a causa de ataques israelíes desde el anuncio del alto el fuego hasta hoy. Este patrón demuestra que el genocidio continúa pese al alto el fuego.
Un niño palestino se sienta entre los restos de una vivienda destruida en Nuseirat, en el centro de Gaza, tras un ataque aéreo. © EYAD BABA/AFP via Getty Images
Si Gaza es sinónimo de genocidio, Cisjordania lo es de apartheid
Desplazamiento forzado y violencia de colonos en Cisjordania
En Cisjordania, la población es víctima de una deshumanización constante y continuada. Desde el fatídico 7 de octubre de 2023, la política estatal israelí de discriminación y traslado forzado de personas palestinas en la Cisjordania ocupada ha empeorado y han aumentado la violencia y los homicidios respaldados por el Estado y los colonos. Continúan la detención arbitraria de personas palestinas por Israel, así como la tortura y otros malos tratos de esas personas detenidas. Al menos 98 de ellas han muerto mientras estaban detenidas por Israel desde octubre de 2023.
En campos de refugiados, como por ejemplo Yenín o Tulkarem, las operaciones militares israelíes han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas. El ejército israelí ha desplegado tanques, ha lanzado ataques aéreos, ha destruido edificios, ha destrozado carreteras e infraestructuras y ha impuesto amplias restricciones a la libertad de circulación mediante puestos de control y cortes de carreteras.
Al mismo tiempo, se ha producido un significativo aumento de la violencia de los colonos, animados por la inacción de las autoridades israelíes a la hora de proteger a las personas palestinas y de hacer rendir cuentas a los perpetradores. Este entorno, caracterizado por la violencia y la discriminación institucionalizada, obliga de forma intencionada a las personas palestinas a abandonar su tierra, y constituye el crimen de guerra de traslado ilegal y profundiza el sistema de apartheid que Israel impone en Cisjordania. Personas como Rasheed Khudeiri, agricultor palestino y activista de la campaña Solidaridad con el Valle del Jordán, que hace unos días contaba a Amnistía Internacional su lucha diaria para permanecer en su tierra, las consecuencias de la ocupación para las familias y sus medios de subsistencia, y su resiliencia inquebrantable ante los intentos sistémicos de desarraigarlas, tanto por parte de las autoridades como por parte de colonos.
“Israel quiere aplicar sus leyes a las tierras palestinas. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho confiscan mi tractor? ¿O me impiden acceder a mi pozo? Hace poco los colonos se han apoderado de cinco manantiales. Se están apoderando de nuestros medios de subsistencia”
Personas palestinas esperan una ración de comida en un refugio para familias desplazadas en Nuseirat, a principios de noviembre de 2025. © Eyad Baba/AFP via Getty Images
Las lagunas del Plan Integral de Trump y de la Resolución 2803
El 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas “hizo suyo” (así se especifica literalmente) el Plan Integral de Trump con la aprobación de la Resolución 2803.
Ningún proceso de paz es universal, generalizable o aplicable a diferentes contextos de conflicto armado. Cada escenario de violencia generalizada es un universo en sí mismo, y todo plan de paz debe responder a las casuísticas, características y elementos específicos de cada conflicto. Y ningún acuerdo puede calificarse como “paz” cuando excluye la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. No obstante, la historia ha demostrado, a lo largo de las décadas y en todas partes del mundo, que la ausencia de determinadas cuestiones, como por ejemplo la rendición de cuentas, solo perpetúa la violencia.
Un plan sin justicia ni rendición de cuentas
Al hacer suyo el Plan Integral al pie de la letra, el Consejo de Seguridad también hace suyas las importantísimas deficiencias que contiene. No aborda motivos de enorme preocupación relacionados con los derechos humanos ni el respeto del derecho internacional, ni mucho menos cuestiones de justicia y reparación.
El Plan no aborda el fin del genocidio, de la ocupación ilegal y del sistema de apartheid impuestos por Israel, que constituyen las causas estructurales del conflicto. No hay ningún tipo de llamamiento para poner fin al bloqueo de la Franja ni a las restricciones impuestas a la UNRWA. No hay un plan humanitario que aborde las inmensas necesidades de la población palestina. No exige a Israel la apertura de todos los pasos fronterizos a la ayuda humanitaria, ni que restablezca plenamente servicios esenciales como electricidad, agua y asistencia médica. No reconoce la obligación de Israel, que sí que tiene como potencia ocupante, de atender a la población ocupada, es decir, la población palestina, trasladando en su lugar esa obligación a la comunidad internacional.
Un hombre palestino arrastra un carro entre el barro tras intensas lluvias en Jabalia, en el norte de Gaza, el 25 de noviembre de 2025. © Omar AL-QATTAA / AFP via Getty Images)
Un plan para Gaza sin los y las gazatíes
La Resolución incorpora también del Plan el establecimiento de una Fuerza Internacional de Estabilización, pero sin el esencial componente de derechos humanos que vele por el cumplimiento del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, o que informe sobre la situación de los derechos humanos en Gaza al Consejo de Seguridad. El Plan no exige que las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación, la ONU y otros mecanismos de investigación puedan entrar sin obstáculos en la Franja, ni exige a las partes colaboración con la Corte Penal Internacional.
En relación a quién gobernará Gaza, el Plan establece el mandato de una Junta de Paz, pero no garantiza que las personas palestinas puedan participar de forma plena y significativa en todas las decisiones sobre el futuro del Territorio Palestino Ocupado, su gobernanza y sus derechos. Tampoco menciona el derecho de retorno a sus hogares de las personas palestinas refugiadas y desplazadas, tanto de Gaza, del resto del Territorio Palestino Ocupado y de las que se refugian en terceros países. Es un plan para Gaza, pero sin los y las gazatíes.
“Ningún acuerdo puede calificarse como “paz” cuando excluye justicia, reparación y garantías de no repetición.”
Una de las mayores deficiencias del Plan es que no parece haber responsables. La ausencia de mecanismos de investigación consolida décadas de impunidad para los crímenes cometidos por las autoridades israelíes. Desde el alto el fuego del 9 de octubre, no ha habido enjuiciamientos ni investigaciones de actos de genocidio por parte de las autoridades israelíes, ni tampoco se incluye en el Plan ningún tipo de proceso de rendición de cuentas. Al contrario, los atroces crímenes cometidos contra la población palestina, que incluyen violaciones y otras formas de violencia sexual, torturas y otros malos tratos, siguen recibiendo apoyo político de alto nivel en Israel y dentro del propio ejército. Por poner un solo ejemplo concreto, en agosto de 2024 se filtró un vídeo en el que soldados israelíes vejaron y abusaron de un preso palestino. Netanyahu afirmó que aquello fue “el mayor ataque propagandístico contra Israel” y ordenó una investigación independiente, pero no por los abusos en sí, sino por su filtración y difusión. La Fiscal General Militar israelí, que investigaba vulneraciones de derecho internacional en el ámbito castrense, dimitió el pasado noviembre reconociendo haber filtrado el vídeo, afirmando que ministros ultranacionalistas, periodistas y personas clave querían impedir que investigara los abusos en la prisión. Ha sido detenida con acusaciones de fraude, abuso de confianza y de funciones y divulgación confidencial. Los presuntos soldados israelíes responsables se han presentado como víctimas de “un simulacro de juicio” y apenas han pasado tiempo en prisión.
No solo no ha disminuido el grado de deshumanización de la población palestina después del alto el fuego y el regreso de los rehenes israelíes, sino que se está tramitando en el parlamento israelí un nuevo proyecto de ley sobre pena de muerte, que, en la práctica y por como está redactado, obliga a los tribunales a imponer la pena de muerte casi exclusivamente a personas palestinas. También autoriza a los tribunales militares a dictar condenas de muerte contra civiles, lo cual añade mayor preocupación: las penas de estos tribunales no pueden ser conmutadas y sus juicios suelen ser injustos.
Manifestación en Lisboa en solidaridad con la población palestina, organizada en octubre de 2025. © AI Portugal
Los riesgos del Plan Integral y de la Resolución 2803 para la población palestina
El alto el fuego y el Plan Integral tienen el riesgo de crear el peligroso espejismo de que la vida en Gaza está volviendo a la normalidad. ¿Por qué?
En primer lugar, porque las cosas más obvias tienden a pasarse por alto. Israel lleva cometiendo diferentes crímenes internacionales contra la población palestina desde 1948 porque puede, y puede porque se lo permiten. Israel nunca ha querido apostar por una paz justa, duradera y sostenible con los palestinos por una cuestión básica: porque apostar por los crímenes internacionales siempre le ha salido más barato y rentable que apostar por la paz. Y hasta que eso no cambie, Israel no cambiará.
Los Acuerdos de Oslo de 1993 son recordados como el mayor “intento de paz” desde 1948. Fueron tan determinantes que el apartheid de hoy no se entiende sin ellos. Los Acuerdos establecieron un status quo muy injusto para la población palestina, que aceptaron porque se suponía que sería temporal. Israel, que entonces mantenía una presencia completa en la Franja de Gaza y Cisjordania desde 1967, acordó retirarse paulatinamente. Para ello, los Acuerdos establecieron la partición de Cisjordania en enclaves territoriales sobre los que Israel adquirió la inmensa mayoría del control, cediendo solo una pequeña parte. Esto fue aceptado porque se concibió como un paso previo a una retirada permanente de las tropas israelíes, y porque a futuro se negociarían otras cuestiones clave para la paz. Ese futuro llegó en la Cumbre de Camp David de Estados Unidos en el año 2000, que no quiso abordar muchas de las cuestiones sobre los derechos de la población palestina que el Plan Integral ignora también hoy y que son fundamentales para poner fin a la violencia.
El resultado fue no solo que no se avanzase en la paz y los derechos de los palestinos, sino que ese status quo, supuestamente temporal, en lugar de ser retirado, se convirtió en permanente y se agravó, asfixiando a la población palestina de Cisjordania año a año en enclaves territoriales separados entre sí y haciendo su día a día imposible. Así, la población palestina de Cisjordania vive peor después de Oslo que antes, e Israel no concibe en ningún caso desmantelar esa partición del territorio. Al contrario, son mayoritarias las voces políticas en Israel que apuestan no solo por mantener este status quo, sino por expandir los asentamientos israelíes ilegales de Cisjordania y anexionarlos.
“El Plan Integral no aborda el fin del genocidio, la ocupación ilegal ni el sistema de apartheid.”
Participantes en la Marcha por Palestina. © AI Portugal
Dado que la intención genocida de Israel y la intención de mantener y perpetuar su apartheid continúan, este Plan Integral no es fruto de un cambio de postura israelí, sino de la presión internacional. Por un lado, de Estados Unidos, motivada por una cierta obsesión de Trump por querer ganar el Premio Nobel de la Paz y por intereses económicos e inmobiliarios en la Franja, tanto israelíes como estadounidenses (recogidos en el punto 10 del Plan Integral). Por otro lado, por la presión de los Estados de la Unión Europea, que ya no podían aguantar más la tensión y el bochorno de ponerse constantemente de perfil ante las barbaridades cometidas en Gaza, cuando no defender explícitamente a Israel. No obstante, esa vergüenza de los Estados europeos no nace por algún tipo de cargo de conciencia, sino como consecuencia de la movilización y presión de la sociedad civil.
Así que sí, este alto el fuego es en gran parte gracias al esfuerzo y movilización de centenares de miles de personas en todo el mundo. Y sí, debemos considerarlo un éxito, por muy endeble o relativo que el alto el fuego pueda ser, que lo es. No obstante, este éxito encierra el grave riesgo de que, paradójicamente, se vuelva contra la sociedad civil organizada. Un riesgo que ya se está materializando. La burbuja de impunidad de la que históricamente ha disfrutado Israel se debe en gran parte a Estados Unidos y a la Unión Europea (y sus antecesores). Esto ha quedado todavía más de manifiesto, de forma terrible, desde el 7 de octubre de 2023. Poco a poco, la presión de la sociedad civil ha conseguido activar ciertos resortes y pasos de la comunidad internacional hacia la rendición de cuentas, o, al menos, poner cierto coto a Israel. Pero salvo la iniciativa particular de unos pocos Estados, esos pasos no se han traducido en nada significativo. Y ahora, el alto el fuego es la excusa perfecta para que la gran mayoría de Estados con capacidad para influir en lo que está pasando hagan todavía menos de lo que han hecho hasta ahora. De diluir, todavía más, la nula voluntad política para poner fin a los crímenes de Israel y llevar la justicia y la reparación a la población palestina.
En las últimas semanas, han aparecido indicios de que la comunidad internacional está reduciendo la presión sobre Israel para que ponga fin a sus violaciones. La Resolución 2803 es la mejor prueba de ello, pero hay más. Alemania citó el alto el fuego al anunciar, el 24 de noviembre, el levantamiento de una suspensión de la emisión de ciertas licencias de exportación de armas a Israel. También se ha suspendido una votación prevista sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.
El Plan Integral parece hacer elegir a la población palestina entre genocidio o apartheid. Y la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad parece indicar que la comunidad internacional elige el apartheid, corriendo un tupido velo por estos dos últimos años de genocidio, aún en curso pese al alto el fuego.
Activistas de Amnistía Internacional en Bruselas sostienen una pancarta con el mensaje “Stop genocide” durante una concentración. © Simon Wohlfahrt/AFP via Getty Images
Sin justicia y reparación no habrá una paz duradera
Sin justicia y reparación no habrá una paz justa y duradera. No abordar una impunidad tan prolongada sólo sirve para animar a quienes han perpetrado atrocidades a cometer más violaciones de derechos humanos. La ocupación ilegal y el sistema de apartheid impuestos por Israel están entre las causas originarias de los horrores que padece la población palestina, y cualquier plan que no reconozca esta realidad ni garantice justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad es una fórmula para la repetición de abusos. Una fórmula que no ha parado de sucederse en el Territorio Palestino Ocupado.
“Sin justicia y reparación no habrá una paz justa y duradera. Repetir los errores del pasado no garantizará un futuro justo y sostenible.”
No es este el momento de reducir la presión sobre las autoridades israelíes. Los responsables del genocidio y el apartheid siguen en el poder. No demostrar que ellos o su gobierno tendrán que rendir cuentas ante la justicia les da total libertad para continuar cometiendo genocidio y más violaciones de derechos humanos en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. La conducta de Israel no cambiará mientras el genocidio y el apartheid le resulte más rentable y barato que apostar por la paz. Esta es una lección histórica que hace tiempo que se debería haber aprendido.
En definitiva, repetir los errores del pasado no garantizará un futuro justo y sostenible a todas las personas que viven en Israel y el Territorio Palestino Ocupado. Sin enfrentar el genocidio y el apartheid, impuestos por Israel en Gaza y Cisjordania, cualquier acuerdo corre el riesgo de fracasar como ya ocurrió con otros procesos de paz fallidos. Por eso estamos en un punto crítico. Nos jugamos mucho como seres humanos. Y ante la nula voluntad de la mayor parte de los Estados, debe ser, de nuevo, la sociedad civil organizada quien continúe manteniendo el pulso contra la barbarie y la impunidad. Ahora más que nunca, o este Plan Integral se estudiará de la misma manera que se estudian los Acuerdos de Oslo: como un punto de inflexión que deterioró enormemente la vida y los derechos de la población palestina.
