El 21 de marzo de 1960, en la ciudad sudafricana de Sharpeville, agentes de la policía racista abrieron fuego contra un grupo de personas que protestaban pacíficamente contra la aprobación de la “ley de pases”. Esta ley formaba parte de la política de segregación racial del apartheid, creada para limitar los derechos de las personas negras y mantener la dominación de la minoría blanca. Para lograrlo, obligaba a la población negra sudafricana a llevar un pase para controlar y restringir sus desplazamientos en zonas urbanas y rurales del país.
En la masacre murieron 69 personas, entre ellas mujeres y niños, y más de un centenar resultaron heridas, todas ellas negras. La masacre en Sharpeville, un acto criminal inherente a la segregación racial, provocó una oleada mundial de protestas y fue condenada por Naciones Unidas. Desde entonces se recuerda cada 21 de marzo, fecha instituida como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Más de seis décadas después de la masacre de Sharpeville, y pese a la existencia de normas y estándares internacionales que obligan a los Estados a poner fin a todas las formas de discriminación racial, siguen produciéndose prácticas que evidencian y perpetúan el racismo en distintas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional.
Con motivo del 21 de marzo, queremos hacer especial énfasis en las prácticas racistas menos visibles que se siguen produciendo en el ámbito migratorio, sobre todo en el control fronterizo, no solo para visibilizar un problema de base racista, sino también para impulsar reformas legislativas y de políticas públicas que pongan fin a estas prácticas.
Tumbas de las 69 personas asesinadas en la masacre de Sharpeville en 1960, uno de los episodios más graves del apartheid en Sudáfrica. © Andrew Hall, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Racismo institucional en las fronteras: impunidad y excepcionalidad
Las muertes y desapariciones en la frontera sur de España con Marruecos, en el contexto del sistema europeo de control migratorio, así como las vulneraciones de derechos dentro del propio Estado español, son un ejemplo del racismo institucional que respalda y oculta las muertes y desapariciones de personas migrantes en su intento de llegar a España.
La tragedia del Tarajal, en la que agentes de la Guardia Civil hicieron un uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios (pelotas de goma y botes de humo lanzados al agua para impedir que varias personas alcanzaran tierra firme), sigue sin contar con justicia ni reparación para las víctimas. El caso ha sido archivado en repetidas ocasiones y se han desestimado todas las apelaciones. La Fiscalía se ha opuesto a impulsar la investigación al considerar que “los agentes mantuvieron una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos”. Sin embargo, sigue siendo necesaria una investigación exhaustiva que establezca responsabilidades y esclarezca la muerte de, al menos, 14 personas y la devolución ilegal de otras 23.
Más de seis décadas después de la masacre de Sharpeville, la tragedia en el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla del 24 de junio de 2022 se ha convertido en un símbolo de cómo el trato más cruel, inhumano y degradante se dirige contra personas negras en la frontera sur. La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y marroquíes contribuyó a que decenas de personas murieran o desaparecieran y a que se realizaran, al menos, 470 devoluciones en caliente, según datos del Defensor del Pueblo. Se trata de una de las mayores tragedias documentadas en un puesto fronterizo terrestre entre España y Marruecos en lo que llevamos de siglo XXI. La Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia afirmó que la violencia en Melilla “revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, es decir, discriminación racial y violencia mortífera para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio, y de otras poblaciones no blancas”. Los hechos documentados por Amnistía Internacional no pueden quedar impunes y es necesario que se determinen responsabilidades tanto del Estado español como de Marruecos.
Casos como los del Tarajal y Melilla evidencian un patrón: el riesgo de impunidad y la falta de reparación para las víctimas, en su mayoría personas negras de origen subsahariano. Estos no son hechos aislados. El desenlace habitual de las investigaciones sobre tragedias migratorias en la frontera española suele ser el mismo: la ausencia de responsabilidades y de justicia efectiva.
Esta impunidad evidencia el racismo institucional en la deshumanización de las personas migrantes que provienen de África, en la falta de investigación efectiva ante la muerte de decenas de personas y en la ausencia de rendición de cuentas por parte de los gobiernos implicados.
Manifestación en solidaridad con las personas migrantes y contra el racismo institucional en las fronteras. © Jesus Merida/SOPA Images/Shutterstock
Las políticas de doble rasero y el acceso discriminatorio a la protección internacional
Actualmente, más de cien millones de personas se encuentran desplazadas de manera forzada en el mundo. Sin embargo, las políticas de la Unión Europea en materia de protección internacional no se aplican por igual a todas las personas.
En la frontera sur entre España y Marruecos, las personas negras están sufriendo violencia letal, tortura, malos tratos, devoluciones, desapariciones y traslados forzados, entre otras graves violaciones de derechos humanos. Las políticas de externalización del control migratorio están demostrando tener consecuencias letales: alientan los abusos contra los derechos humanos e impiden, en la práctica, que las personas puedan solicitar asilo sin saltar la valla o sin arriesgarse a perder la vida en el mar.
Acción de Amnistía Internacional para recordar a las personas migrantes fallecidas en la frontera sur de España y exigir verdad, justicia y reparación. © LaPresse/Shutterstock
La discriminación en el acceso a la protección internacional quedó especialmente en evidencia con la aplicación por primera vez de la Directiva de Protección Temporal (DPT), activada para otorgar protección a las personas que huyen del conflicto de Ucrania. Si bien la adopción de la DPT supuso un hito cuando se aprobó en 2001, tardó más de 20 años en ser aplicada. ¿Y por qué no se ha adoptado anteriormente en el marco de otros conflictos como el de Siria?
El Estado español desplegó medidas destinadas a recibir y atender a las personas que huyen de la guerra de Ucrania. Sin embargo, quienes llegan de otras guerras se siguen enfrentando a devoluciones sumarias e ilegales, al uso excesivo de la fuerza y a meses de espera para poder solicitar protección internacional. Este es, por ejemplo, el caso de personas procedentes de países en conflicto como Malí, que intentan llegar de manera irregular a través de la frontera sur ante la falta de rutas legales y seguras, y han recibido un trato discriminatorio y, en ocasiones, cruel por parte de las autoridades españolas, tanto en Melilla y Ceuta como en Canarias. Esta diferencia de trato pone de manifiesto un racismo institucional en las políticas de asilo y fronteras del Estado español.
Este mecanismo pone en evidencia que la Unión Europea y el Estado español poseen capacidad de respuesta solidaria y de actuación humanitaria para hacer frente a las necesidades de protección internacional y acogida. No obstante, deben garantizar un trato igualitario, descartando el doble rasero en las políticas de refugio y asilo y adoptando medidas para hacer frente a la degradación del sistema de acogida de forma no discriminatoria. Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que todas las personas que se ven forzadas a desplazarse, independientemente de su procedencia, tengan acceso igualitario a un procedimiento de asilo justo y rápido.
Cientos de personas se manifestaron en el centro de Barcelona y formaron un altar en la plaza Idrissa Diallo con motivo de la masacre de Melilla. © Paco Freire/SOPA Images/Shutterstock
El criterio del perfil racial en las identificaciones policiales
El perfil racial es una práctica policial de control e identificación por la que se solicita documentación a personas seleccionadas exclusivamente por su raza o etnia, y no por la existencia de indicios de infracción o delito. En España, la policía identifica tres veces más a las personas racializadas, según informes de SOS Racisme en Cataluña, donde la población migrante es identificada de forma desproporcionada en comparación con la población autóctona.
Estas identificaciones por perfil racial se producen de forma generalizada, desproporcionada y con total impunidad, tanto en espacios públicos como privados, y deben prohibirse explícitamente en la ley y en la práctica policial. Constituyen una forma de racismo institucional, al convertir a las personas racializadas en sospechosas permanentes por el mero hecho de su apariencia.
Control fronterizo migratorio
Activista contra el perfil racial tras la sentencia histórica en Países Bajos que prohíbe la discriminación en controles fronterizos. © Hollandse Hoogte/Shutterstock
El perfil racial también se aplica en las fronteras, en el marco del control migratorio, y provoca estigmatización y un profundo sentimiento de dolor y frustración en las personas seleccionadas para controles aleatorios.
A pesar de que el ordenamiento jurídico español prohíbe las identificaciones discriminatorias, el Tribunal Constitucional ha avalado identificaciones basadas en el color de piel u otros rasgos étnicos en el contexto del control migratorio, como ha denunciado SOS Racisme. Estas prácticas son ilegales y discriminatorias porque parten de la idea falsa de que la población española es blanca. Además, resultan ineficaces y criminalizadoras.
El uso de perfiles étnicos y raciales en el control migratorio sigue siendo una realidad. Las instituciones y la administración tienen la obligación de intervenir urgentemente para garantizar que el uso de la raza o el origen étnico en las decisiones de identificación policial sea explícitamente prohibido y perseguido como forma de discriminación racial.
Estas son algunas de las prácticas que evidencian el racismo en las instituciones, especialmente en el ámbito de la migración y el refugio. Un racismo que sigue discriminando a personas por su color, raza u origen dentro de las propias estructuras institucionales. Como señaló Sidi Tabebbuia, abogado experto en Derecho Internacional Privado, “el racismo institucional hay que erradicarlo desde dentro, trabajando para cambiar la norma”. Para ello, es necesario actuar sobre las leyes, las prácticas y la formación del personal de las instituciones.
La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación aprobada en 2022 puede ser una vía para avanzar, pero requiere voluntad política y una aplicación efectiva. En este sentido, es necesario impulsar políticas contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia que refuerce la lucha institucional contra el racismo, mejore la atención a las víctimas, fortalezca el marco normativo y combata los altos niveles de impunidad.
