El derecho al agua: la urgencia de proteger un derecho humano fundamental

El derecho al agua, reconocido como un derecho humano fundamental, es esencial para la vida digna y la salud.

A pesar de los avances en su reconocimiento formal, millones de personas en todo el mundo aún tienen dificultades para acceder a agua potable y saneamiento adecuado. Este artículo explora la importancia de proteger este derecho, los desafíos que persisten y las responsabilidades que tanto Estados como actores privados tienen a la hora de garantizar su cumplimiento.

¿Cuándo se reconoció el derecho al agua?

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/292, reconoció formalmente el derecho humano al agua y al saneamiento.

Antes, en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15, que establece que el derecho al agua es esencial para una vida digna. Esta observación define el derecho al agua como el derecho de cada persona a tener acceso a una cantidad de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible físicamente y asequible para su uso personal y doméstico.

El derecho al agua también implica una serie de libertades y prestaciones que aseguran la protección y el acceso equitativo a este recurso vital.

Un niño palestino se refresca con agua fuera de su tienda en la ciudad de al-Zawaida en la gobernación de Deir al-Balah en el centro de Gaza, el 8 de agosto de 2024. © Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstock

Libertades relacionadas con el derecho al agua

El derecho al agua comprende diversas libertades fundamentales que protegen a las personas de posibles abusos y discriminaciones en el acceso a este recurso.

• Protección contra cortes arbitrarios e ilegales del suministro de agua. Esto significa que ninguna persona debería ser privada de acceso al agua de manera injusta o sin justificación adecuada.

• Prohibición de la contaminación ilegal de los recursos hídricos, lo que incluye medidas contra acciones que puedan poner en peligro la calidad del agua que consumen las comunidades, garantizando así que sea segura y libre de sustancias nocivas.

• No discriminación en el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento. Es esencial que todas las personas, independientemente de su situación económica, de su género, raza, etnia, religión... tengan el mismo derecho a acceder a agua potable sin discriminación.

• Protección del acceso a los suministros de agua existentes, especialmente en lo que respecta a las fuentes de agua tradicionales que han sido utilizadas por comunidades durante generaciones.

• Protección contra amenazas a la seguridad personal cuando las personas acceden al agua o a servicios de saneamiento fuera de sus hogares. Esto es particularmente relevante en contextos donde las mujeres y las niñas, que son las principales responsables de recoger agua en muchas culturas, se ven expuestas a peligros durante el trayecto.

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Prestaciones garantizadas por el derecho al agua

Además de las libertades, el derecho al agua implica una serie de prestaciones que deben ser garantizadas por los Estados para asegurar un acceso adecuado a este recurso. Entre estas prestaciones, se destaca:

• El acceso a una cantidad mínima de agua potable necesaria para mantener la vida y la salud. Esta cantidad mínima es indispensable para asegurar que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas como el consumo, la higiene personal y la preparación de alimentos.

  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que una persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para cubrir la mayoría de sus necesidades básicas y evitar los principales problemas de salud relacionados con su falta. Cuando el acceso se limita a 20-25 litros por persona al día, aunque es un mínimo aceptable, surgen preocupaciones sanitarias, ya que no es suficiente para cubrir adecuadamente las necesidades de higiene y consumo.

  Estas cantidades son indicativas y pueden variar según el contexto. Factores como el estado de salud, el tipo de trabajo que se realiza, las condiciones climáticas, y otros elementos pueden influir en la cantidad de agua necesaria.

• El derecho al agua también garantiza que las personas privadas de libertad, como las personas detenidas, tengan acceso a agua potable y servicios de saneamiento adecuados. Esto es fundamental para preservar la dignidad humana y evitar que las condiciones de detención se conviertan en un trato cruel o inhumano.

• Por último, una prestación clave del derecho al agua es la participación de las personas en la toma de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento, tanto a nivel nacional como comunitario. Una participación activa asegura que las políticas y prácticas en torno al agua respondan a las necesidades reales de la población y respeten sus derechos y tradiciones.

Varias personas llenan sus recipientes de agua desde un camión cisterna durante la ola de calor en Nueva Delhi, India, el 13 de junio de 2024. © Kabir Jhangiani/NurPhoto/Shutterstock

¿Hasta dónde llega el derecho al agua?

• La calidad del agua:

  El acceso al agua para uso personal y doméstico no solo implica tener suficiente cantidad, sino también asegurar que esta sea segura y de calidad aceptable. El agua debe estar libre de microorganismos, parásitos, y sustancias químicas o radiológicas que puedan representar un riesgo para la salud. Además, el agua debe ser visual y sensorialmente aceptable; es decir, debe tener un color, olor y sabor que no disuadan a las personas de usarla, evitando así que recurran a fuentes potencialmente peligrosas. Estos estándares se aplican a todas las formas de abastecimiento, como el agua corriente, el agua de cisternas, los pozos protegidos, y el agua que se compra a proveedores.

• La accesibilidad del agua:

  Los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento deben ser accesibles para todos los sectores de la población, con especial atención a las necesidades de personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas y personas ancianas.

  Las mujeres, especialmente en áreas rurales, son las principales responsables de recoger agua, lo que afecta su tiempo disponible para otras actividades, como la educación o el trabajo. El acarreo de agua puede ser físicamente agotador y las expone a riesgos de salud. Además, la falta de servicios sanitarios seguros las pone en riesgo de acoso o violencia.

  En la población infantil, la falta de agua potable es una de las principales causas de mortalidad por enfermedades como la diarrea. Los y las menores son más susceptibles a enfermedades transmitidas por el agua, debido a un sistema inmunitario más débil y menor masa corporal. Además, la falta de instalaciones sanitarias adecuadas en las escuelas puede impedir la asistencia regular, especialmente en el caso de las niñas.

  El acceso al agua para los pueblos indígenas está estrechamente vinculado con el control de sus tierras ancestrales. La pérdida de estas o la contaminación de sus recursos naturales compromete su acceso a agua potable. Además, a menudo suelen ser excluidos de los procesos de toma de decisiones relacionados con el agua y el saneamiento, lo que dificulta aún más su acceso a estos servicios esenciales.

Aunque el derecho al agua no exige que todas las personas tengan acceso a agua y saneamiento dentro de sus hogares, sí implica que estos servicios deben estar ubicados en las cercanías o a una distancia razonable de las viviendas.

El acceso a agua y saneamiento en escuelas, hospitales, lugares de trabajo, centros de detención y campamentos para personas refugiadas y desplazadas internas también es fundamental.

Varias personas desplazadas hacen cola para llenar sus contenedores de agua en Deir Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de abril de 2024. © Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstock

Obligaciones de los Estados y responsabilidades de otros actores:

Los Estados tienen la responsabilidad fundamental de proteger y promover los derechos humanos. Estas obligaciones se establecen y garantizan a través de tratados internacionales de derechos humanos, que son vinculantes para los Estados que los ratifican.

Obligaciones Generales:

Los Estados deben trabajar para lograr progresivamente la plena realización del derecho al agua, reconociendo que pueden existir limitaciones de recursos que requieran tiempo para garantizar este derecho a toda la población.

Aunque algunos aspectos del derecho al agua se pueden implementar de manera progresiva, la obligación de no discriminar es inmediata y no está sujeta a una realización gradual. Esto significa que los Estados deben demostrar que están haciendo todo lo posible dentro de sus recursos disponibles para proteger y promover este derecho.

Un camión cisterna de agua potable en una calle del campo de al-Mawasi. © Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstock

Los Estados también tienen la obligación inmediata de adoptar medidas concretas y específicas para garantizar el derecho al agua. Si se consideran medidas regresivas (que disminuyan la protección del derecho), el Estado debe justificar que ha explorado todas las alternativas posibles y que ha utilizado todos los recursos disponibles. Algunas acciones deben implementarse de inmediato, como asegurar que nadie carezca de la cantidad mínima de agua potable necesaria para prevenir enfermedades, garantizar la seguridad personal al buscar agua, prevenir y tratar enfermedades relacionadas con el agua, y asegurar el acceso a un saneamiento adecuado.

Cuando un Estado no tiene la capacidad de garantizar por sí solo los derechos económicos, sociales y culturales, la asistencia y cooperación internacional juegan un papel crucial, y los Estados deben facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho al agua.

Tres tipos de obligaciones de los Estados:

La obligación de respetar exige que los Estados no interfieran, ni directa ni indirectamente, en el acceso y disfrute del derecho al agua. Esto significa que los gobiernos deben evitar acciones como:

• Contaminar las fuentes de agua.
• Realizar cortes arbitrarios e ilegales en los servicios de agua y saneamiento.
• Disminuir el suministro de agua potable en comunidades vulnerables para beneficiar a áreas más ricas.
• Destruir la infraestructura de agua como castigo durante conflictos armados.
• Agotar las fuentes de agua que utilizan los pueblos indígenas para beber.

La obligación de proteger: Los Estados deben evitar que terceros interfieran en el disfrute del derecho al agua. Esto implica implementar leyes y medidas para garantizar que agentes privados, como industrias y proveedores de agua, cumplan con las normas de derechos humanos relacionadas. Por consiguiente deben:

• Prevenir cortes arbitrarios e ilegales de servicios de agua y saneamiento.
• Proteger a las comunidades de la extracción insostenible de agua por parte de terceros.
• Garantizar la seguridad física de mujeres, infancias y adolescentes al recoger agua o utilizar servicios de saneamiento fuera del hogar.
• Asegurar que las leyes de propiedad no limiten el acceso al agua potable.
• Impedir que terceros que gestionan servicios de agua comprometan el acceso equitativo a una cantidad suficiente de agua potable.

La obligación de realizar: Los Estados deben adoptar medidas concretas para hacer efectivo el derecho al agua. Esto incluye la implementación de políticas, leyes y programas específicos que aseguren la plena realización de este derecho.

Unas mujeres suben y bajan escalones mientras llevan cuencos de agua en la cabeza. © Barry Crossthwaite/Solent News/Shutterstock

Los Estados también tienen la obligación de que actores no estatales, como empresas, organizaciones intergubernamentales, ONG y particulares, no violen el derecho al agua. Las empresas, especialmente las que suministran agua, y las grandes industrias, son actores clave tanto en el consumo como en la provisión de agua. Aunque pueden contribuir al disfrute de los derechos humanos, también pueden perjudicarlos, por ejemplo, mediante la contaminación o la sobreexplotación de recursos hídricos.

El sector privado tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso en el lugar de trabajo, donde deben garantizarse el acceso a agua potable y saneamiento. Aunque la responsabilidad principal de asegurar que se respeten estos derechos recae en los Estados, las empresas también están obligadas a actuar de manera responsable y a respetar estos derechos.

Finalmente, la rendición de cuentas es clave para asegurar que los Estados cumplen con sus obligaciones respecto al derecho al agua. Este control se lleva a cabo a nivel nacional, regional e internacional, e involucra a diferentes actores, como el Estado, la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y los mecanismos internacionales de derechos humanos.

En un mundo donde el agua es cada vez más escasa, proteger el derecho al agua es una tarea urgente y compartida. Estados, empresas y la sociedad civil deben colaborar para asegurar que este recurso vital esté disponible y accesible para todas las personas sin discriminación. La rendición de cuentas y la adopción de medidas concretas son cruciales para avanzar hacia un futuro donde el acceso al agua sea un derecho garantizado para cada ser humano.

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