El 6 de mayo de 2024, el barrio porteño de Barracas fue escenario de un ataque brutal que terminó con la vida de Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Un vecino arrojó un explosivo casero en la habitación donde descansaban por el simple hecho de ser lesbianas. Hoy, Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente, lidera una lucha por la verdad, la justicia y una sentencia que reconozca plenamente que este horror fue motivado por el odio.
El lesbicidio de Barracas y la lucha de Sofía Castro Riglos
El país amaneció con una noticia devastadora. En una pensión del barrio porteño de Barracas, un vecino arrojó un explosivo casero, una "bola de fuego", en la habitación donde descansaban dos parejas de lesbianas. El agresor no solo inició el incendio, sino que intentó impedir que escaparan golpeándolas brutalmente para mantenerlas atrapadas entre las llamas.
Pamela Cobas falleció horas después del ataque y Roxana Figueroa murió dos días más tarde, ambas con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Andrea Amarante, de 42 años y sobreviviente de la tragedia de Cromañón, falleció el 12 de mayo en el Hospital Penna, tras permanecer internada con quemaduras en el 75% de su cuerpo. Sofía Castro Riglos, única sobreviviente, continúa intentando superar las severas secuelas físicas y psicológicas de un crimen precedido por meses de discriminación y hostigamiento por su orientación sexual.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires instaló una placa en memoria de Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, asesinadas en el ataque lesbofóbico de Barracas. © AI Argentina
No son hechos aislados: la radiografía del odio en 2025
Lo ocurrido en Barracas no es un caso excepcional, sino la punta de un iceberg de violencia sistemática. Los datos son alarmantes:
- En la primera mitad de 2025, se registró un 70% más de crímenes de odio motivados por la orientación sexual o identidad de género que en el mismo periodo del año anterior.
- El 31% de las personas lesbianas han sido atacadas por vecinos o desconocidos en la vía pública.
- Un 21% ha sufrido agresiones físicas o verbales dentro de su propio entorno familiar.
Estos crímenes integran un fenómeno social que se alimenta de narrativas que patologizan y deshumanizan a las personas LGBTIQ+. En Argentina, este escenario se ha visto agravado por el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a proteger los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ desde diciembre de 2023, lo que ha dejado aún más expuestas a quienes ya viven en situación de vulnerabilidad.
Los crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ aumentaron un 70% en Argentina en la primera mitad de 2025. Además, el 21% de las personas lesbianas sufrió agresiones en su familia y el 31% fue atacada en la vía pública. Fuente: Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+ y Primer Relevamiento de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica (2023)
El avance judicial: un paso clave hacia la verdad
El 18 de mayo tendrá lugar la primera audiencia del juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la Capital Federal. El acusado llega a juicio imputado por homicidio agravado de Andrea Amarante, Pamela Cobas y Roxana Figueroa, y por homicidio agravado en grado de tentativa de Sofía Castro Riglos, por haber mediado violencia de género y prejuicio vinculado con la orientación sexual de las víctimas.
Este avance es fundamental porque reconoce que el ataque no fue un hecho aislado, sino un crimen motivado por la lesbofobia. Nombrar correctamente la violencia es una condición indispensable para garantizar verdad, justicia y reparación.
Desde Amnistía Internacional seguimos exigiendo una investigación con perspectiva de género y diversidad, y una sentencia que refleje la gravedad de este crimen de odio.
“El inicio del juicio oral es un paso clave para que este crimen no quede impune y para garantizar justicia y reparación. (…) La justicia tiene ahora una oportunidad fundamental: juzgar con perspectiva de género y diversidad (…) y enviar un mensaje claro de que la violencia motivada por prejuicios no puede ser tolerada ni invisibilizada”.
Como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los crímenes de odio no solo dañan a una víctima individual: buscan instalar el terror sobre un colectivo entero y desalentar cualquier expresión de diversidad. Frente a ello, el Estado tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencia y de adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia de género y por orientación sexual. Eso incluye avanzar con la debida diligencia, incorporar la perspectiva de género y diversidad en todas las etapas del proceso, evitar la revictimización y asegurar la participación efectiva de las víctimas.
Sin una justicia que nombre el odio y lo sancione, la impunidad se convierte en norma.
