“Finalmente se han eliminado los obstáculos a la investigación y el procesamiento de decenas de casos de abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante este periodo”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. “Uruguay debe ahora administrar justicia para las víctimas y para los familiares de quienes sufrieron a manos de las fuerzas de seguridad del país”.
El decreto emitido por el presidente José Mujica revoca las decisiones de los presidentes anteriores de bloquear las investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía de Uruguay.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 1986, aprobada tras la vuelta de Uruguay al gobierno democrático, otorgaba al ejecutivo la decisión final sobre qué casos de violaciones de derechos humanos podían investigarse. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, los presidentes habían utilizado este poder para archivar casos, permitiendo así que los responsables escaparan de la justicia.
Durante los años de gobierno militar y civil hasta 1985, la policía y el ejército de Uruguay cometieron violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En su momento culminante, se calcula que había recluidos 7.000 presos políticos, la mayoría de los cuales sufrieron tortura.
