“Con la aprobación de esta nueva ley, el Parlamento de Uruguay ha dado un histórico paso adelante en la lucha contra la impunidad por delitos cometidos en el pasado”, declaró Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. “La decisión del Parlamento permite que Uruguay cumpla sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional y aplica en parte la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado deberán responder ahora ante la justicia”. Amnistía Internacional se muestra satisfecha ante la aprobación de la nueva ley que elimina los efectos de la ley de amnistía de 1986 (conocida como Ley de Caducidad), que protegía a la policía y al personal militar del enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos, y revoca las normas sobre prescripción que habrían impedido que las víctimas formulasen denuncias penales a partir del 1 de noviembre. Esta ley representa un importante paso hacia la justicia para las numerosas víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986 (también conocida como Ley de Caducidad), promulgada tras la reinstauración de la democracia, otorgaba al presidente la última palabra sobre los casos de violaciones de derechos humanos que podían ser investigados. La medida protegía a la policía y al personal militar de ser enjuiciados por torturas, homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas durante los 11 años de régimen autoritario.
Amnistía Internacional había solicitado a las autoridades uruguayas en reiteradas ocasiones que revocaran la ley de amnistía.
