Una nueva encuesta de Ipsos revela que una amplia mayoría de personas (el 75%) de 10 países europeos cree que es importante que la Unión Europea (UE) defienda su propia legislación medioambiental.
La encuesta, realizada a 10.861 personas —encargada conjuntamente por Amnistía Internacional y Global Witness— también halló que, para alrededor de tres cuartas partes de quienes respondieron, las grandes empresas deberían rendir cuentas por los efectos perniciosos para los derechos humanos (75%) y el medioambiente (77%) en su cadena de valor global. Las conclusiones llegan en un momento en que la UE está estudiando debilitar drásticamente las protecciones medioambientales y a los derechos humanos, pues se prevé que el 13 de octubre, el Parlamento Europeo vote una serie de leyes que forman parte del retroceso del bloque sobre el Pacto Verde.
Los miembros del Parlamento decidirán si se limita severamente el alcance y las disposiciones vitales de la histórica Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad aprobada el año pasado. La encuesta muestra que el 58% de quienes respondieron apoya la Directiva y sólo el 9% está en contra de estas protecciones.
Beate Beller, encargada de campañas sénior en la UE de Global Witness, ha declarado:
“La ciudadanía europea está enviando a Bruselas un mensaje potente de apoyo a una acción urgente en materia climática y a la protección de los derechos humanos. La Unión Europea debe cumplir sus compromisos y resistirse a los grupos de presión que tratan de forzar una carrera a la baja. Las empresas tienen la responsabilidad fundamental de reducir drásticamente sus emisiones y se las debe obligar a tomar medidas para abordar la crisis climática ya”.
Por su parte, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“La ciudadanía de Europa quiere protecciones para los derechos humanos y el clima, no unas normas más débiles. Reducir estas salvaguardias sólo serviría a los estrechos intereses de los multimillonarios y de las potencias empresariales. Aún no es demasiado tarde para cambiar de rumbo. El Parlamento Europeo debe ahora mostrar valentía, resistirse a los matones empresariales y defender estas leyes en nombre de la ciudadanía a la que representa y del planeta del que todos y todas dependemos”.
La encuesta fue realizada por Ipsos en 10 países europeos: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania y Suecia.
Es importante señalar que los resultados podrían indicar que la mayoría de la ciudadanía entiende que emprender acciones en materia climática no tiene por qué suponer un coste económico para los hogares. El 87% de las personas encuestadas dijo que, en su país, en los últimos 12 meses, el coste de la vida había aumentado. Sin embargo, cuando se les mostró una lista de posibles razones y se les pidió que eligieran la mayor responsable de este aumento, sólo el 13% de quienes afirmaron esto seleccionó “las políticas de la Unión Europea para abordar el cambio climático”.
Más de la mitad (53%) dijo también que ahora era más importante que la UE defendiera su propia legislación medioambiental, dado que la administración de Estados Unidos había reducido sus propias protecciones medioambientales. Sólo el 10% dijo que era menos importante.
La UE debe anteponer las personas y el planeta a los beneficios de las empresas
En 2024, la UE aprobó la histórica Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad que exige legalmente a las grandes empresas que operan en la Unión que identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos negativos de sus actividades para los derechos humanos y el medioambiente en todo el mundo.
Acogida como una ley histórica, estas normas se concibieron para cumplir la ambición de la UE de convertirse en el primer continente neutral en cuanto al clima en 2050. Sin embargo, no mucho después de que se acordase finalmente, la Comisión Europea presentó, el 26 de enero de 2025, lo que se conoce como propuesta Ómnibus: una serie de normas destinadas a revertir las recientes medidas de protección del medioambiente y los derechos humanos en la UE. En respuesta, más de 360 organizaciones de la sociedad civil de alrededor de 50 países firmaron una declaración conjunta en la que daban la voz de alarma y se oponían a estos planes.
Las propuestas afectan a leyes clave sobre sostenibilidad empresarial como la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad. El Ómnibus podría debilitar varias disposiciones centrales de la Directiva al eliminar un régimen de responsabilidad civil armonizado que tenía como fin proporcionar una vía clara a la justicia para las víctimas de abusos, es decir, trabajadores y trabajadoras explotadas y personas desplazadas por empresas; reducir el alcance de las obligaciones en materia de diligencia debida a sólo los socios empresariales inmediatos en lugar de toda la cadena de valor; y debilitar las obligaciones en materia de transición climática.
También ha surgido una tendencia hacia la reducción drástica del ámbito de las empresas que entrarían en el ámbito de la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, como se ve en la propuesta del Consejo de junio de este año.
“El Parlamento Europeo debe ahora mostrar liderazgo revirtiendo estas propuestas perjudiciales y anteponer las personas y el planeta a los interesas de las empresas”, afirmó Beller.
“No hay tiempo que perder. Todos y todas queremos y merecemos vivir y trabajar en un medioambiente limpio y saludable, y disfrutar de él”, añadió Agnès Callamard.
Información complementaria
El 3 de abril de 2025, el Parlamento Europeo adoptó la propuesta de “parar el reloj”, aplazando un año la aplicación de la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, hasta julio de 2027.
Está previsto que el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo vote el 13 de octubre su posición sobre la propuesta Ómnibus, sentando las bases de la posición del Parlamento, así como las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo.
Nota técnica general:
Por encargo de Amnistía Internacional y Global Witness, Ipsos entrevistó a muestras representativas de cuotas de adultos en 10 mercados usando sus servicios online i:omnibus y específicos: 1.092 de entre 16 y 75 años en Alemania; 1.086 de entre 16 y 75 años en Dinamarca; 1.078 de entre 16 y 75 en España; 1.098 de entre 16 y 75 años en Francia; 1.098 de entre 16 y 75 años en Italia; 1.063 de entre 18 y 65 años en Lituania; 1.085 de entre 16 y 75 años en Países Bajos; 1.092 de entre 16 y 75 años en Polonia; 1.084 de entre 16 y 75 años en Rumania; y 1.085 de entre 16 y 75 años en Suecia.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025. Las muestras obtenidas son representativas de las poblaciones nacionales con cuotas de edad, género, región y situación laboral. Los datos se han ponderado en función de las proporciones de población offline conocidas en cada mercado por edad, situación laboral, región y educación para reflejar la población adulta de cada mercado en el que se hizo el estudio. Además, se proporcionó un conjunto de resultados que combinaban las 10 naciones europeas que después se ponderaron para reflejar el tamaño proporcional relativo.
