Cuando se van a cumplir tres años de la invasión rusa en gran escala de Ucrania, y en medio del comienzo de las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Cuando el presidente de Estados Unidos trata de reescribir la historia del último decenio, y especialmente la de los últimos tres años, el tercer aniversario de la agresión rusa es un crudo recordatorio de todo lo que la población de Ucrania ha soportado y perdido, de la devastación que Rusia ha causado contra Ucrania”.
“Cualquier negociación sobre el futuro del pueblo de Ucrania debe priorizar la justicia por todos los crímenes de derecho internacional cometidos desde la intervención militar rusa de 2014, la rendición de cuentas de los responsables y reparaciones para las víctimas de la agresión rusa. El sufrimiento pasado, que incluye bombardeos aéreos rusos mortales contra la población civil y el traslado forzoso de menores de edad a Rusia, no se debe olvidar ni dejar sin abordar. Hay que escuchar la voz y atender las necesidades de quienes han padecido los mayores efectos de la guerra de agresión rusa, y cualquier resultado negociado que no tenga en cuenta esto fracasará a largo plazo”.
“Cualquier negociación sobre el futuro del pueblo de Ucrania debe priorizar la justicia por todos los crímenes de derecho internacional cometidos desde la intervención militar rusa de 2014, la rendición de cuentas de los responsables y reparaciones para las víctimas de la agresión rusa”
“En el tercer aniversario de la invasión rusa en gran escala, reclamamos justicia, rendición de cuentas y reparación —así como una participación significativa en el proceso de paz— para las personas civiles secuestradas por los servicios de seguridad rusos, los prisioneros de guerra torturados y declarados culpables ilegítimamente, los niños y niñas amenazados por estudiar ucraniano online, los y las enseñantes en la Ucrania ocupada por Rusia sometidos a trabajos forzados en escuelas reabiertas con un currículo ruso y la población tártara de Crimea y otras minorías que sufren una represión brutal mientras Rusia trata de alterar la composición demográfica de los territorios ocupados. Si no se pone fin de inmediato a estas violaciones y si no hay unas garantías sólidas de justicia, un precipitado ‘acuerdo de paz’ sólo servirá para prolongar su sufrimiento y asegurar la impunidad para los perpetradores de atroces violaciones de derechos”.
“El secretario de Estado estadounidense Rubio afirmó la semana pasada que el presidente Trump quiere poner fin a la guerra de una forma sostenible y perdurable. Un compromiso auténtico del presidente Trump con la obtención de una paz duradera en Ucrania debe cumplirse no en palabras, sino en actos, lo que abarca apoyar todas las vías posibles para una justicia real y la rendición de cuentas de los presuntos autores de crímenes de guerra y de todos los crímenes de derecho internacional”.
Información complementaria
Amnistía Internacional ha documentado violaciones generalizadas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en gran escala el 24 de febrero de 2022, violaciones que incluyen actos que constituyen crímenes de guerra y probablemente crímenes de lesa humanidad. La invasión rusa en gran escala de Ucrania constituye una agresión, crimen previsto por el derecho internacional. Su estrategia y sus tácticas, como el uso continuado de armas de efectos indiscriminados y ataques deliberados contra la población civil, han causado un sufrimiento humano generalizado y han afectado de gravedad a las personas más vulnerables de Ucrania: los niños y niñas, y las personas de edad avanzada.
Desde marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y varios altos cargos rusos. El énfasis de la administración Trump en una solución negociada ha renovado la atención sobre la guerra, pero la orden ejecutiva en la que impone sanciones a la CPI —emitida este mes— menoscaba los derechos de las víctimas y sobrevivientes de crímenes de derecho internacional en Ucrania y otros países.
