Tres años detenidos por una legislación ilegal

Londres.- Hoy, 16 de diciembre de 2004, un grupo de cinco jueces lores (jueces miembros del Tribunal Supremo) han determinado que la legislación adoptada en el Reino Unido tras los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 es ilegal. Varias personas llevan casi tres años detenidas en aplicación de esa legislación. Los jueces lores han determinado que se han violado sus derechos humanos.  “Este fallo se ha dictado tres años tarde –ha manifestado Amnistía Internacional nada más conocer la sentencia de los jueces lores–. Nada puede remediar ya el hecho de que varias personas lleven casi tres años recluidas sin cargos ni juicio, en virtud principalmente de pruebas secretas.”  Información general La parte  4 de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad (ATCSA) del Reino Unido, promulgada en 2001, autoriza al ministro del Interior a declarar (y, por tanto, a detener indefinidamente sin cargos ni juicio) a ciudadanos extranjeros a los que no se pueda deportar “presuntos terroristas internacionales” y “riesgo para la seguridad nacional”. A día de hoy, 11 personas continúan privadas de libertad en aplicación de dicha ley, y la mayoría de ellas llevan ya casi tres años en esta situación. Se las ha recluido en régimen extremadamente restrictivo en prisiones de alta seguridad y en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. La preocupación existente en torno a su salud mental y física se agudizó cuando, el 13 de octubre de  2004, se dio a conocer un informe de 11 especialistas en psiquiatría y un especialista en psicología clínica que habían examinado los graves daños sufridos por ocho de los detenidos. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno británico que deje de aplicar esta legislación, que es discriminatoria e incompatible con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. La sentencia de hoy es el resultado de una causa en la que los detenidos habían impugnado la legalidad de la legislación basándose en que violaba sus derechos humanos. Amnistía Internacional intervino en los procedimientos conducentes a esta sentencia elevando por escrito una petición a los jueces lores para que declararan que la detención indefinida en aplicación de esta legislación era de naturaleza ilegal a todos lo efectos, es decir que, como tal, violaba los aspectos más fundamentales del derecho a un juicio justo garantizado por las normas internacionales, incluidas disposiciones de tratados vinculantes para el Reino Unido. Asimismo, la organización pidió a los jueces que determinaran que la admisibilidad y la dependencia de pruebas obtenidas con tortura y otros malos tratos (de terceros) en los procedimientos entablados en virtud de dicha legislación constituían un incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Reino Unido en virtud del derecho internacional.