La espantosa brutalidad de la reciente ofensiva militar en Sudán del Sur, incluidos el asesinato de civiles, la violación sistemática de mujeres y niñas, y el saqueo y la destrucción masivos, ha estado alimentada por la falta de actuación de las autoridades para procesar o apartar del servicio a personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe. El informe “Anythingthatwas breathingwaskilled”: Warcrimes in Leer and Mayendit, South Sudan está basado en los testimonios de unas 100 personas civiles que huyeron de la ofensiva de las fuerzas gubernamentales y milicias aliadas de jóvenes, al sur del Estado de Unity (Alto Nilo occidental), entre finales de abril y principios de julio de este año. “Un factor clave de esta brutal ofensiva ha sido el hecho de que no se llevara ante la justicia a aquellas personas responsables de haber participado en previas oleadas de violencia contra civiles en la región”, ha señalado Joan Nyanyuki, directora regional para África Oriental de Amnistía Internacional. “Aunque los condados de Leer y Mayendit se han visto duramente golpeados por la violencia en el pasado, el gobierno de Sudán del Sur sigue dando vía libre a los presuntos perpetradores para cometer nuevas atrocidades. El resultado ha sido catastrófico para la población civil.” Civiles asesinados en poblados y pantanos El estado de Unity ha sido testigo de algunos de los hechos de violencia más despiadada desde que se inició el conflicto en Sudán del Sur hace casi cinco años. La oleada de violencia más reciente estalló el 21 de abril de 2018 y duró hasta principios de julio, una semana después de que se rompiera el último alto el fuego el 27 de junio. Decenas de civiles, hombres y mujeres, dijeron a Amnistía Internacional que la ofensiva estuvo caracterizada por una brutalidad terrible y que se había disparado y matado deliberadamente a civiles, o se los había quemado vivos, colgado de árboles y atropellado con vehículos blindados en las zonas controladas por la oposición en los condados de Mayendit y Leer. Los soldados y las milicias utilizaron vehículos anfibios para perseguir a las personas que habían huido a los pantanos cercanos. Quienes sobrevivieron describieron cómo grupos de al menos cinco soldados rastreaban la vegetación en busca de personas, a menudo disparando indiscriminadamente hacia los juncos. Nyalony, una mujer de avanzada edad, dijo a Amnistía Internacional que vio a los soldados matar a su esposo y a otros dos hombres. “Cuando empezó el ataque, a primera hora de la mañana, mientras estábamos durmiendo, mi esposo y yo corrimos juntos hacia el pantano. Más tarde, esa misma mañana, una vez que terminaron los enfrentamientos, los soldados vinieron al pantano buscando gente y dispararon ráfagas de balas contra la zona donde estábamos escondidos. Mi esposo recibió un impacto de bala y gritó de dolor, pero todavía estaba vivo y los soldados lo capturaron, le volvieron a disparar y lo mataron. No iba armado y no era un combatiente, solo era un campesino.” Las personas que no pueden huir, especialmente las de edad avanzada, quienes tienen discapacidades y los niños y las niñas, a menudo son asesinadas en sus pueblos. Varias personas describieron cómo a familiares y vecinos mayores los quemaron vivos en sus tukuls (viviendas tradicionales) y a un hombre de más de 90 años lo degollaron con un cuchillo. Nyaweke, una mujer de 20 años, dijo a Amnistía Internacional que vio a los soldados disparar a su padre y asesinar brutalmente a varios niños en el pueblo de Thonyoorm, condado de Leer: “Siete hombres [soldados] juntaron a los niños, los metieron en un tukul y le prendieron fuego. Podía oír sus gritos. Eran cuatro niños. Uno de ellos intentó salir y los soldados le cerraron la puerta. Había también cinco niños a quienes golpearon contra un árbol, balanceándolos. Tenían dos [o] tres años. No quieren que los niños vivan porque saben que cuando crezcan serán soldados.” Otras personas supervivientes describieron incidentes igualmente terribles, incluido uno en el pueblo de Rukway, en Leer, donde a una mujer y a un hombre de avanzada edad, y a sus dos nietos pequeños los mataron quemándolos vivos en una casa. Cuando su hija salió corriendo con un bebé pequeño en brazos, un soldado le disparó y mató al pequeño aplastándolo con el pie. “Se pusieron en fila para violarnos” Quienes sobrevivieron dijeron a Amnistía Internacional que las fuerzas gubernamentales y aliadas secuestraron a un gran número de civiles, principalmente mujeres y niñas, y los mantuvieron cautivos durante varias semanas. Sus captores los sometieron a actos de violencia sexual sistemática, como describe una mujer: “los hombres dinka se pusieron en fila para violarnos”. Muchas mujeres y niñas fueron violadas en grupo y algunas sufrieron lesiones graves. A las que intentaron resistirse las asesinaron. Una de las entrevistadas señaló que había visto la violación en grupo de una niña de ocho años, y otra mujer presenció la violación de un niño de 15. Un hombre de 60 años describió cómo encontró a su sobrina de 13 después de que cinco hombres la violaran. “La hija de mi hermano fue violada e iba a morir. Cuando la violaron, llegamos y la encontramos, estaba llorando y sangraba ... no había podido esconderse ... me dijo que la habían violado cinco hombres. No podíamos llevarla en brazos y ella no podía andar.” Médicos Sin Fronteras ha señalado que atendió, en un solo pueblo, a 21 supervivientes de violencia sexual en un periodo de 48 horas. Además de violarlas, a muchas de las mujeres y niñas secuestradas se las obligó a realizar trabajos forzosos, entre ellos cargar los bienes saqueados durante largas distancias, así como cocinar y limpiar para sus captores. A algunas de las personas secuestradas, incluidas mujeres y hombres, se las encerró en contenedores de metal y fueron golpeadas o sufrieron otro tipo de malos tratos. Rastro de destrucción Las fuerzas gubernamentales y sus milicias aliadas llevaron a cabo saqueos y actos de destrucción masivos durante los ataques en Leer y Mayendit, al parecer con el objeto de disuadir a la población civil de regresar. Sistemáticamente prendieron fuego a los hogares de la población civil, saquearon o quemaron los suministros de alimentos y robaron ganado y objetos de valor. Muchas personas supervivientes regresaron a sus casas después de haber permanecido ocultas durante semanas o meses y lo encontraron todo destruido. Describieron cómo se habían centrado en arrasar, en particular, sus fuentes de abastecimiento de alimentos: habían quemado sus cosechas, habían saqueado o matado el ganado e incluso arrancado los árboles frutales. Este ataque deliberado contra el abastecimiento de alimentos se produjo cuando la población civil de Leer y Mayendit estaba empezando a recuperarse de la hambruna declarada en sus condados en febrero de 2017, cuando era la primera vez desde 2011 que se declaraba una hambruna en el mundo. Un círculo vicioso alimentado por la impunidad Amnistía Internacional visitó el estado de Unity a principios de 2016 y documentó violaciones de derechos humanos que habían tenido lugar durante la ofensiva militar anterior en la zona sur del estado, incluido el condado de Leer. Después de esa visita, la organización identificó a cuatro personas presuntamente responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y exhortó al jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Sudán del Sur a abrir una investigación. No se recibió respuesta. Informes recientes de la ONU sugieren que algunas de estas personas podrían haber estado también involucradas en las atrocidades cometidas durante la ofensiva de 2018. “No se pude ignorar la cruda realidad: si las autoridades de Sudán del Sur hubieran actuado en respuesta a nuestras advertencias en 2016, se podría haber evitado esta última oleada de violencia contra civiles en Leer y Mayendit”, ha señalado Joanne Mariner, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional. “La única forma de romper el círculo vicioso de violencia es poner fin a la impunidad de la que disfrutan los combatientes sursudaneses procedentes de todos los bandos del conflicto. El gobierno debe garantizar la protección de la población civil y que aquellas personas responsables de haber cometido crímenes horrendos rindan cuentas. Amnistía Internacional exhorta al gobierno de Sudán del Sur a poner fin a los abusos contra los derechos humanos y a establecer inmediatamente el Tribunal Híbrido para Sudán que está pendiente desde 2015. La organización insta también al Consejo de Seguridad de la ONU a hacer cumplir el embargo de armas que se adoptó, con mucho retraso, en julio.
