El gobierno sirio y los grupos armados de oposición apoyados por Turquía deben dejar de obstruir y desviar la ayuda humanitaria destinada a aliviar el sufrimiento de decenas de miles de civiles en la región de Alepo asolada por el conflicto, ha manifestado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un mes de los terremotos que devastaron la provincia.
Entre el 9 y el 22 de febrero, el gobierno sirio impidió que al menos 100 camiones que transportaban ayuda básica, como alimentos, suministros médicos y tiendas de campaña, entraran en barrios de mayoría kurda de la ciudad de Alepo. Durante el mismo periodo, los grupos armados de oposición apoyados por Turquía, que integran la coalición armada denominada Ejército Nacional Sirio (ENS), bloquearon también la entrada de al menos 30 camiones de ayuda en Afrin, ciudad del norte de Alepo ocupada por Turquía. En ambos casos, la ayuda procedía de las autoridades kurdas, con quienes se han enfrentado tanto el gobierno sirio como los grupos armados de oposición apoyados por Turquía con el objetivo de controlar el territorio del norte de Siria.
“Los terremotos han arrojado a la miseria a decenas de miles de personas de Alepo que ya vivían en la penuria debido al conflicto armado que perdura desde hace un decenio. Sin embargo, incluso en este momento de gran necesidad, el gobierno sirio y los grupos armados de oposición han antepuesto consideraciones políticas y han aprovechado la desgracia de la población para favorecer programas propios”, ha afirmado Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Estas obstrucciones por motivos políticos de la ayuda crucial han tenido repercusiones trágicas, especialmente para los equipos de búsqueda y salvamento, que necesitan combustible para operar la maquinaria. Todas las partes del conflicto, incluidos el gobierno sirio y los grupos armados apoyados por Turquía, deben dar prioridad a las necesidades de la población civil, visto que esta catástrofe natural ha sacudido por completo su vida, y garantizarle acceso libre a la ayuda.”
Ha pasado un mes desde el 6 de febrero, fecha en que varios terremotos azotaron el sureste de Turquía y el norte de Siria con una magnitud de 7,7 y 7,6, respectivamente. La ONU calcula que han muerto al menos 6.000 personas en Siria y que más de 8 millones necesitan ayuda urgente, incluidos 4,1 millones de personas en zonas del norte de Siria controladas por la oposición y 4 millones en zonas bajo control del gobierno.
Amnistía Internacional entrevistó a 12 personas, entre ellas supervivientes personal de ayuda humanitaria en el norte y el noreste de Siria, un miembro de una organización siria de derechos humanos y un representante de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES).
Obstrucción de la ayuda
Desde el 9 de febrero, la AANES, organizaciones humanitarias locales e internacionales, particulares y tribus envían asistencia humanitaria —incluidos alimentos, ropa, suministros médicos y combustible— del noreste de Siria a la ciudad de Alepo, bajo control del gobierno, y al norte de Alepo, controlado por los grupos armados apoyados por Turquía.
Cuatro personas entrevistadas por Amnistía Internacional confirmaron que el Ejército Nacional Sirio había impedido que entraran en zonas bajo su control al menos 30 camiones de combustible y otros cargados con ayuda humanitaria procedentes de la AANES. Los camiones esperaron en el paso fronterizo entre el noreste de Siria y el norte de Alepo durante siete días hasta que se les ordenó dar marcha atrás.
Un miembro del personal humanitario activo en el noreste de Siria ha declarado a Amnistía Internacional: “La obstrucción de la ayuda es puramente política. Turquía y el Ejército Nacional Sirio consideraron que es más importante politizar la ayuda que hacer llegar combustible a los Cascos Blancos y a otras personas desesperadas por agilizar las labores de búsqueda y salvamento.”
Tres de las personas entrevistadas comunicaron a Amnistía Internacional que tenían conocimiento de que, en múltiples ocasiones, los grupos armados habían disparado al aire para dispersar a la multitud que trataba de obtener asistencia de los camiones de ayuda. El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional verificó los detalles de un vídeo grabado tras el terremoto, probablemente en Jinderes, en el que se ve que varias personas —al parecer, policías militares del SNA— disparan al aire para dispersar a una multitud que intenta acceder a las cajas de ayuda del camión de una organización humanitaria.
El gobierno sirio impidió también que la ayuda llegara a las personas supervivientes consideradas opositoras. Las personas entrevistadas en el noreste de Siria indicaron a Amnistía Internacional que, entre el 9 y el 22 de febrero, el gobierno sirio había impedido el paso en los barrios kurdos de Sheij Maqsoud y Ashrafieh, en la ciudad de Alepo, de 100 camiones cargados de combustible, tiendas de campaña, alimentos, y suministros y equipos médicos proporcionados por la AANES y una organización local.
Desde agosto de 2022, el gobierno sirio impone un bloqueo brutal en estos dos barrios, que impide que lleguen combustible, alimentos, suministros médicos y otra ayuda básica a las decenas de miles de personas civiles residentes. Incluso antes del terremoto, estos barrios ya habían prácticamente agotado sus suministros médicos, por lo que no estaban bien equipados para atender a las víctimas del seísmo.
Un miembro del ayuntamiento de Sheij Maqsoud y Ashrafieh comunicó a Amnistía Internacional que murieron 6 personas y otras 100 resultaron heridas en los terremotos por falta de acceso a medicación y suministros. El miembro del ayuntamiento añadió que, tras los terremotos, no llegó combustible ni ayuda humanitaria hasta el 18 de febrero.
La organización local de derechos humanos Syrians for Truth and Justice publicó un informe en el que documenta otras obstrucciones de la ayuda dirigida al norte de Alepo y a la ciudad de Alepo por parte de grupos armados apoyados por Turquía y del gobierno sirio, respectivamente, los cuales, según dicha organización, dieron lugar a muertes evitables, lo que demuestra la prevalencia de estas violaciones. El informe documenta también un incidente de obstrucción de la ayuda por parte de Hayat Tahrir al Sham, coalición de grupos armados de oposición, en el noroeste de Siria.
Desvío de la ayuda
Varias personas supervivientes tanto en la ciudad de Alepo como en Afrin explicaron a Amnistía Internacional que los retrasos o la falta de ayuda sufridos tras los terremotos habían agravado una situación ya extrema de por sí y había obligando a algunas personas a marcharse a otras zonas.
Un miembro del personal humanitario y representante local en el noreste de Siria comunicó a Amnistía Internacional que habían sido necesarios siete días de negociaciones, hasta el 16 de febrero, para que el gobierno sirio dejara entrar en Sheij Maqsoud y Ashrafieh a 100 camiones cargados de combustible y ayuda humanitaria enviados por la AANES, y a condición de que se desviara más de la mitad de la ayuda al gobierno, que sería el único responsable de distribuirla en esos barrios.
El miembro del ayuntamiento de Sheij Maqsoud y Ashrafieh añadió que en los barrios entraron tan sólo 21 camiones en total, divididos entre el 18 y el 19 de febrero, es decir, apenas una fracción de los que se esperaba que llegaran de las zonas controladas por la AANES.
Una mujer desplazada que vivía en Sheij Maqsoud desde 2018 decidió marcharse con sus tres hijas al norte de Siria tras perder su vivienda y sus pertenencias en los terremotos. Según comentó a Amnistía Internacional: “Sabíamos que, si nos quedábamos en Sheij Maqsoud, no recibiríamos ayuda ni refugio [debido al bloqueo], así que otras muchas personas y yo nos marchamos, pero los hombres se quedaron por temor a que el gobierno los detuviera...”.
Fuentes de medios de comunicación independientes y locales informaron de que, al parecer, las fuerzas afiliadas al gobierno sirio habían robado ayuda destinada a supervivientes del terremoto. También ha habido informes de que se arrestó a quienes criticaron las medidas de distribución de la ayuda humanitaria adoptadas por el gobierno sirio y lo acusaron de desviar parte de la ayuda.
En Afrin, cinco de las personas entrevistadas —entre ellas, cuatro supervivientes— indicaron a Amnistía Internacional que tenían conocimiento de al menos seis casos en que los grupos armados habían desviado ayuda a sus propios familiares y parientes.
Un hombre kurdo residente en un pueblo de Afrin que perdió su vivienda en el terremoto explicó a Amnistía Internacional que, para obtener cualquier tipo de ayuda, se necesitaban wasta [conexiones] con los grupos armados. Según sus palabras: “Nadie vino a comprobar los daños ni a prestarnos asistencia. Cuando pedí ayuda a una organización local, me dijeron que no había nada. Luego vi que nuestro vecino, que tiene un pariente en un grupo armado, había recibido 17 cajas de ayuda. Son una familia de cinco personas... Nosotros [la población kurda] y algunas familias árabes pobres desplazadas en Afrin nos vemos en la misma difícil situación porque no tenemos wasta.”
En Jinderes, un hombre kurdo relató a Amnistía Internacional que su tío, su madre y su hermana habían tenido que comprar una tienda de campaña por 150 dólares estadounidenses, ya que no habían recibido ninguna de las organizaciones humanitarias. Según sus palabras: “Vino una organización a distribuir ayuda... Mi familia no recibió nada. ¿Cómo puede haber tiendas en venta, cuando todas las que llegan a la zona vienen a través de donaciones y organizaciones?”. Los medios de comunicación locales afirmaron que el cabecilla de un grupo armado de oposición había confiscado 29 tiendas y otra ayuda dirigida a las personas afectadas de Jinderes.
Una persona residente afectada por el terremoto en Afrin añadió: “Nosotros [la población kurda] vivimos con miedo desde que Turquía y los grupos armados ocuparon la zona. Ahora, nuestra situación es peor. No nos llega ayuda y, en los casos en que se recibe, es insuficiente. No obstante, tenemos miedo de quejarnos o incluso de preguntar por qué no recibimos ayuda por temor a que nos arresten.”
Una organización de derechos humanos siria que entrevistó a miembros del ENS confirmó también estos sucesos e informó a Amnistía Internacional de que los grupos armados presionaban a los equipos de búsqueda y salvamento para que dieran prioridad a las viviendas de sus familiares y parientes y obligaban a los convoyes que atravesaban el noreste, bajo control kurdo, a entregarles el 40% de la ayuda humanitaria como condición para acceder a las zonas bajo su control.
“Turquía es la potencia ocupante en Afrín y, por tanto, responsable del bienestar de la población civil y del mantenimiento del orden público. Tiene la obligación legal de garantizar que la población civil necesitada reciba ayuda humanitaria básica y debe impedir que los grupos armados bloqueen la ayuda o discriminen a la hora de distribuirla”, declaró Aya Majzoub.
