Es hora de que el Consejo de Seguridad de la ONU supere su parálisis a causa de los vetos y presione en favor de la rendición de cuentas por las continuas violaciones de derechos humanos para garantizar que los autores de estos crímenes son obligados a responder de sus actos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional con antelación al 15 de marzo, décimo aniversario de la crisis.
Desde que comenzaron las protestas pacíficas en Damasco en 2011, las fuerzas del gobierno sirio y, posteriormente, los grupos armados de oposición, con el apoyo de sus aliados, han sometido a millones de civiles a ataques ilegales por tierra y aire, detenciones arbitrarias sistemáticas y generalizadas, torturas que han causado muertes bajo custodia, desapariciones forzadas, asedios causantes de hambruna y desplazamientos forzosos.
En la última década, Rusia y China han vetado resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para impedir que se cometan estas violaciones de derechos humanos en Siria en al menos 15 ocasiones.
“Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tienen la capacidad y el mandato de ayudar a la población de Siria. Sin embargo, le han fallado por completo. Diez años después, los autores de terribles violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y contra la humanidad, continúan infligiendo un sufrimiento inmenso a la población civil y eludiendo la acción de la justicia”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Rusia y China han abusado de su poder de veto repetidamente para restringir la provisión transfronteriza de ayuda humanitaria vital y así impedir que se remita la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, y también para bloquear resoluciones que impondrían embargos de armas o sanciones específicas a individuos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en todos los bandos.”
Tanto Rusia como Irán y Turquía han prestado apoyo a partes del conflicto responsables de atrocidades en Siria, facilitando que siguieran cometiendo abusos. Rusia y Estados Unidos, además, han participado directamente en el conflicto armado: Rusia llevó a cabo ataques ilegítimos junto al gobierno de Siria; por su parte, Estados Unidos encabezó la coalición que luchó contra el grupo armado Estado Islámico en Raqqa y otras zonas, y también fue responsable de la destrucción generalizada resultante de los ataques ilegales.
“Los Estados llevan demasiado tiempo anteponiendo con el mayor descaro sus intereses y alianzas políticas a la vida de millones de niñas, niños, mujeres y hombres, permitiendo en la práctica que continúe la historia de terror en Siria sin que se vislumbre su final”, ha manifestado Lynn Maalouf.
“Ya va siendo hora de que las potencias que apoyan sobre el terreno a las fuerzas enfrentadas comprendan que, para que exista alguna esperanza de futuro seguro y digno para la población siria, no pueden seguir ignorando la justicia y la rendición de cuentas.”
Atisbos de esperanza de obtener justicia
En 2016, tras sucesivos fracasos en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General estableció un mecanismo internacional para investigar y enjuiciar algunos de los peores crímenes de derecho internacional cometidos en Siria desde marzo de 2011. Ha sido la única vía para obtener justicia que ha tenido la población siria hasta la fecha, ya que facilita emprender acciones judiciales ante tribunales nacionales en virtud del principio de jurisdicción universal.
Tras una década de estancamiento, se han vislumbrado los primeros rayos de esperanza en los últimos meses. El mes pasado, por primera vez un agente gubernamental sirio fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad en Alemania. Eyad al Gharib, agente de seguridad sirio, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por complicidad en la tortura de manifestantes detenidos en Damasco.
El 4 de marzo de 2021, Canadá solicitó negociaciones formales en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura para que Siria rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas. Países Bajos hizo una petición parecida en 2020.
“Sin justicia, el ciclo de sufrimiento y derramamiento de sangre continuará en Siria. Sólo unos cuantos Estados están adoptando medidas fundamentales para que se haga justicia; es hora de que los demás sigan su ejemplo”, ha dicho Lynn Maalouf.
La situación en Siria aún es desoladora. Otra ola de hostilidades amenaza de forma inminente a la población civil del noroeste del país, que incluye las gobernaciones de Idlib, Alepo (oeste) y Hama (noroeste), mientras que en Daraa y Sweida, en el sur, la inseguridad y la represión continuada propician detenciones, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos.
El gobierno sirio sigue restringiendo el acceso de organizaciones de ayuda humanitaria a las zonas bajo su control, empeorando una grave crisis económica y humanitaria. Paralelamente, grupos armados de oposición apoyados por Turquía y el grupo Hayat Tahrir al Sham en el norte de Siria siguen cometiendo detenciones arbitrarias, secuestros y tortura y otros malos tratos.
Una década de crímenes de guerra
Durante todo el conflicto, tanto el gobierno sirio como los grupos armados de oposición han cometido reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario.
Las fuerzas gubernamentales sirias, responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad, han perpetrado ataques ilegítimos que han matado y herido a decenas de miles de civiles y causado daños en instalaciones civiles, como hospitales, escuelas y residencias. Para ello han utilizado armamento explosivo poco preciso, como bombas de barril y municiones de racimo, prohibidas internacionalmente, e incluso armas químicas.
Algunos ataques ilegales fueron cometidos por aeronaves rusas o con su apoyo.
La coalición liderada por Estados Unidos dirigió ataques aéreos durante una campaña de bombardeos contra el grupo armado Estado Islámico en Raqqa que duró cuatro meses. Estos ataques —algunos de los cuales violaron el derecho internacional humanitario— causaron la muerte o lesiones a centenares de civiles y destruyeron viviendas e infraestructuras.
Asimismo, el gobierno de Siria ha detenido arbitrariamente y sometido a desaparición forzada a decenas de miles de personas —como profesionales del derecho y el periodismo, defensores y defensoras de los derechos humanos, personal de ayuda humanitaria y activistas de la política— por ejercer sus derechos de manera pacífica. Las personas bajo custodia están recluidas en condiciones inhumanas y sufren tortura sistemática, lo que causa miles de muertes bajo custodia.
Los grupos armados de oposición en Siria también han secuestrado a personas en las zonas bajo su control, las han sometido a tortura y otros malos tratos y han ocultado su suerte y paradero.
Todas las partes del conflicto han perpetrado también homicidios ilegítimos.
Amnistía Internacional sigue pidiendo al gobierno de Siria y a todos los grupos armados de oposición que liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, revelen la suerte y el paradero de todas las que han sido objeto de desaparición forzada, secuestro u otra forma de detención, y permitan tanto el acceso sin trabas de observadores independientes a todos los lugares de detención como el acceso razonable de las personas detenidas a familiares y abogados.
El autodenominado Estado Islámico, el grupo Hayat Tahrir al Sham y otros grupos armados de oposición, apoyados por Turquía y los Estados del Golfo, también han cometido crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos. Coaliciones de grupos armados apoyadas por Turquía han perpetrado ataques ilegales en zonas bajo el control de las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, las llamadas YPG. Ahora integradas en las Fuerzas Democráticas Sirias, las YPG también fueron responsables del desplazamiento forzoso de civiles y la demolición de viviendas civiles.
Desde que comenzó el conflicto, decenas de miles de personas se han visto internamente desplazadas y viven en campos o zonas de obras en condiciones terribles, sin tener cubiertas necesidades básicas como la alimentación y los medicamentos. Al menos cinco millones han huido del país, la mayoría a países limítrofes, donde sufren restricciones de acceso a los servicios y la ayuda humanitaria y muchas viven en la miseria.
