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Singapur: Detengan la ejecución inminente de un ciudadano malasio

Kho Jabing en una foto de archivo

Las autoridades de Singapur deben detener de inmediato la ejecución inminente de Kho Jabing, ciudadano malasio de 31 años. Amnistía Internacional teme que se le vuelva a imponer la pena de muerte en la última fase del procedimiento judicial en virtud de una controvertida reconstrucción de las circunstancias del delito.

“Instamos al presidente de Singapur a detener inmediatamente la ejecución de Kho Jabing y a reconsiderar la decisión de rechazar su petición de indulto. La decisión de quitarle la vida está basada en hechos controvertidos, hasta el punto de que incluso el Tribunal Supremo del país estaba dividido sobre la decisión entre la vida y la muerte en esta causa. Sin más vías legales disponibles ya, el indulto es la única forma de proteger la vida de Kho Jabing”, ha señalado Josef Benedict, director de campañas para el Sureste Asiático y el Pacífico de Amnistía Internacional.

En 2010,  Kho Jabing y otro hombre juzgado junto con él fueron acusados formalmente de asesinato, delito punible obligatoriamente con la muerte en ese momento. Tras revisar Singapur su legislación sobre la pena de muerte obligatoria en 2012 y permitir imponerla a discreción en caso de homicidio, el Tribunal Superior condenó a Kho Jabing a cadena perpetua y a recibir 24 golpes de vara, pero el fiscal recurrió.

Al volver a condenar a Kho Jabing, los cinco jueces del tribunal determinaron por unanimidad que debía imponérsele de nuevo la pena de muerte si el asesinato que había cometido presentaba “ensañamiento o desprecio manifiesto por la vida humana”.

Sin embargo, a pesar de que los cinco jueces del Tribunal Supremo coincidieron en que no había en la causa contra Kho Jabing pruebas suficientes para hacer una reconstrucción exacta del asesinato, no se pusieron de acuerdo sobre si era posible probar más allá de toda duda razonable que se había cometido con ensañamiento. Tres de los jueces concluyeron que los actos de Kho Jabing merecían ser castigados con la muerte, mientras que los otros dos sostuvieron que las pruebas disponibles no demostraban que hubiera golpeado a la víctima más de dos veces, condición necesaria para determinar la existencia de “desprecio manifiesto”. Por consiguiente, volvió a imponerse la pena capital por una estrecha mayoría de tres contra dos, sin más posibilidad de recurso judicial.

Las lagunas existentes en las pruebas contra Kho Jabing y la falta de acuerdo entre los jueces obligan a plantearse cuestiones que trascienden esta causa. Se refieren al impacto de la reforma de las leyes de Singapur sobre condenas preceptivas, en particular al uso de la facultad de conceder indultos. Ahora se puede matar a un hombre tras una decisión controvertida entre la vida o la muerte como ésta. Las normas internacionales garantizan en todos los casos el derecho de la persona condenada a muerte a recurrir contra la pena, pero Kho Jabing no tiene vías judiciales de recurso. El presidente de Singapur debe reconsiderar su decisión de denegar el indulto a Kho Jabing y tiene que detener de inmediato esta ejecución”, ha afirmado Josef Benedict.

En 2011, el hombre acusado junto con Kho Jabing se libró de la condena de muerte al modificársele la acusación por “robo con lesiones”.

“La falta de consenso sobre la condena de Kho Jabing es una indicación más de por qué debe ponerse fin a la pena capital. Pedimos a las autoridades de Singapur que vuelvan a establecer de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital para siempre”, ha manifestado Josef Benedict.

La última ejecución anunciada en Singapur se llevó a cabo el 17 de abril de 2015, por un delito de homicidio intencional, por el que la pena de muerte sigue siendo preceptiva.


Información complementaria

Hasta la fecha, 140 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica, y en 2015 la han abolido para todos los delitos tres más: Fiyi, Madagascar y Surinam. También se ha declarado abolicionista un estado más de Estados Unidos, Nebraska, y el gobernador de Pensilvania ha establecido este año una suspensión oficial de las ejecuciones.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o las circunstancias del delito; la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.