Arabia Saudí ha decidido hoy en Ginebra aceptar numerosas recomendaciones formuladas durante las sesiones de examen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para mejorar su historial de derechos humanos, pero es poco probable que esa aceptación ponga fin a las graves violaciones y la discriminación o conduzca a la justicia y la reparación para las víctimas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. “Mientras las acciones de Arabia Saudí no se equiparen a sus palabras, es poco probable que haya cambios en la pésima reputación del Reino como autor de graves violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Arabia Saudí debe demostrar que el aceptar esas recomendaciones es algo más que un mero ejercicio de relaciones públicas destinado a desviar las críticas a su historial de derechos humanos.”Aunque Arabia Saudí aceptó en su totalidad la mayoría de las recomendaciones que le fueron formuladas durante el examen de su historial de derechos humanos, rechazó recomendaciones cruciales relativas a ratificar tratados internacionales básicos, entre ellas las destinadas a proteger los derechos de las mujeres y a proporcionar a las víctimas acceso a la justicia. No hay en el horizonte planes que permitan a los grupos de trabajo y relatores especiales de las Naciones Unidas o a las organizaciones independientes de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, el acceso para documentar violaciones de derechos humanos. “El historial de derechos humanos del Reino sigue siendo atroz. Aunque cualquier señal de que Arabia Saudí se compromete a mejorar los derechos humanos sería bienvenida, las medidas aceptadas hoy, por sí solas, no van a hacer que las autoridades dejen de encarcelar a quienes realizan críticas pacíficas ni pongan fin a la grave discriminación contra las mujeres y las niñas”, ha manifestado Said Boumedouha. Arabia Saudí ha aplicado persistentemente políticas represivas que acallan la libertad de expresión, asociación y reunión, desafiando las críticas internacionales. Las manifestaciones y concentraciones pacíficas están prohibidas. Muchas personas han sido encarceladas simplemente por publicar mensajes inofensivos en las redes sociales. El país también ha llevado a cabo una campaña implacable de intimidación y acoso contra activistas locales de derechos humanos, en la que, en los últimos meses, se ha detenido y condenado a decenas de personas a largas penas de prisión tras juicios flagrantemente injustos. La nueva ley antiterrorista, con un texto muy vago y que otorga amplios poderes a las autoridades, ha suscitado el temor de que se emprenda una nueva represión de la disidencia pacífica en nombre de la defensa de la seguridad nacional. La gran mayoría de las recomendaciones aceptadas hoy por Arabia Saudí en el Consejo de Derechos humanos de la ONU son promesas vagamente formuladas de “considerar” la posibilidad de introducir cambios, más que compromisos concretos de aplicarlas. Por ejemplo, Arabia Saudí ha aceptado “considerar la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)” –algo que las autoridades llevan haciendo desde al menos 2009–, y sin embargo ha rechazado las recomendaciones que le instaban a ratificar ese mismo tratado. “La cantidad de recomendaciones aceptadas es irrelevante. Sin medidas concretas que den lugar a mejoras visibles sobre el terreno, el proceso parecerá poco más que un intento descarado de Arabia Saudí de blanquear su historial de derechos humanos”, ha manifestado Said Boumedouha. “Al indicar su disposición a considerar algunas medidas de derechos humanos, las autoridades están dando pasitos de bebé en la dirección correcta, pero aún queda un largo y duro camino por delante.” Además, las autoridades han evitado persistentemente abordar la arraigada discriminación sistémica, especialmente contra las mujeres y las minorías. Pese a haber aceptado la recomendación de desmontar el afianzado sistema que somete a las mujeres a la tutela de los hombres, se han negado a reconocer la existencia de dicho sistema y han afirmado que las leyes del país garantizan la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Esencialmente, a las mujeres en Arabia Saudí se las sigue tratando como a ciudadanos de segunda.
