“Las autoridades israelíes parecen jugar a la burocracia con nosotros en lo que se refiere al acceso a Gaza, al condicionarlo a criterios nada razonables aun cuando el número de víctimas mortales en la región aumenta”, ha afirmado Anne Fitzgerald, directora del Programa de Investigación y Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional. Israel debe permitir con carácter inmediato el acceso a Gaza de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales de derechos humanos para que puedan investigar las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes en el conflicto, han afirmado hoy miércoles Amnistía Internacional y Human Rights Watch. “El derecho de las víctimas y de la opinión pública a saber lo ocurrido durante las hostilidades exige que las autoridades israelíes garanticen una total transparencia acerca de sus acciones y que se abstengan de dificultar la investigación independiente e imparcial de todas las violaciones denunciadas.” Desde el comienzo de la operación militar israelí en Gaza llamada Margen Protector, el 8 de julio de 2014, las autoridades israelíes han rechazado las reiteradas solicitudes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch para entrar en Gaza por el paso fronterizo de Erez, controlado por Israel. Los dos grupos también han solicitado el acceso a las autoridades egipcias, que hasta la fecha no lo han autorizado. “Se han perdido ya un tiempo precioso y es fundamental que las organizaciones de derechos humanos puedan entrar en la Franja de Gaza para iniciar el vital trabajo de verificar las denuncias de crímenes de guerra” “Si Israel está convencido de su afirmación de que Hamás es responsable de la muerte de civiles en Gaza, ¿por qué impide que las organizaciones de derechos humanos lleven a cabo investigaciones in situ?”, ha manifestado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Los argumentos de una parte en el conflicto no determinan si los ataques violaron las leyes de la guerra, pero las investigaciones sobre el terreno sí podrían hacerlo.” Desde el 7 de julio, el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional ha solicitado en tres ocasiones a la Administración Civil de Israel, que actúa bajo la autoridad del Ministerio de Defensa de Israel, que se autorice su entrada en Gaza por el paso fronterizo de Erez. En cada caso, la Administración Civil afirmó que no podía tramitar las solicitudes, y que el paso fronterizo de Erez estaba cerrado. Periodistas, personal de la ONU, personal de ayuda humanitaria y otras personas con permisos han podido entrar y salir por Erez durante este periodo. Amnistía Internacional solicitó la asistencia en este asunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y varios gobiernos de terceros países han planteado la cuestión a sus homólogos israelíes en nombre de Amnistía Internacional, pero ninguna de estas iniciativas ha tenido éxito. Human Rights Watch ha recibido respuestas similares de la Administración Civil a su solicitud de permiso para entrar en Gaza desde la reciente intensificación de las hostilidades. Las autoridades israelíes del paso fronterizo de Erez también dijeron que Human Rights Watch no tenía derecho a recibir permisos para entrar en Gaza porque no era una organización registrada. Sin embargo, las autoridades israelíes reconocieron que disponían de facultades discrecionales para hacer una excepción. El 17 de agosto, Human Rights Watch pidió que se hiciera esa excepción lo antes posible. Hasta el año 2006, las autoridades israelíes permitieron en repetidas ocasiones el acceso de Human Rights Watch a Gaza sin exigir que el grupo estuviera registrado o pidiera una excepción especial. Durante las recientes hostilidades, las fuerzas israelíes han bombardeado de forma intensiva la Franja de Gaza desde el aire, la tierra y el mar, y estos bombardeos han afectado gravemente a la población civil que vive en el territorio. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, han perdido la vida 1.976 palestinos, 1.417 de ellos civiles, de los que 459 eran menores de edad y 239 mujeres. Miles de restos de material bélico sin explotar están dispersos por todo el territorio de la Franja de Gaza. Cientos de miles de personas se han visto desplazadas. Han muerto 67 israelíes, de ellos tres civiles. Los grupos armados palestinos han disparado de forma indiscriminada miles de cohetes hacia núcleos de población israelíes; según los informes, han almacenado cohetes en edificios escolares vacíos; y presuntamente no han tomado todas las precauciones posibles para impedir que la población civil sufra daños, lo cual viola el derecho internacional. Amnistía Internacional y Human Rights Watch tienen algunos miembros del personal sobre el terreno en Gaza, pero no han podido verificar muchos informes de violaciones al haber negado las autoridades israelíes el acceso de investigadores. El gobierno israelí debe permitir la verificación independiente de todas las denuncias de crímenes de guerra y otras violaciones y que las víctimas obtengan justicia. La observación activa de la situación de los derechos humanos sobre el terreno puede ayudar a prevenir que se cometan nuevos abusos, por todas las partes. Impedir el acceso de las organizaciones internacionales de derechos humanos sugiere desprecio por el derecho a buscar, recibir y difundir información. Las autoridades israelíes permitieron por última vez el acceso de Human Rights Watch a Gaza por el paso fronterizo de Erez en 2006 y el de Amnistía Internacional en junio de 2012.Desde esas fechas, se ha dicho en repetidas ocasiones a Amnistía Internacional y Human Rights Watch que deben registrarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que sólo registra a diplomáticos y personal de la ONU, o en el Ministerio de Bienestar Social. El registro en el Ministerio de Bienestar Social es una opción para las organizaciones humanitarias y de desarrollo que tienen oficinas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, pero es prácticamente imposible que Amnistía Internacional y Human Rights Watch, como organizaciones internacionales de derechos humanos, cumplan las condiciones exigidas para el registro.
