Resolviendo el pasado se puede avanzar a solucionar el presente

La decisión del poder ejecutivo de abrir los archivos militares de los años de gobierno militar en la Argentina debe recibir la positiva e inmediata respuesta de las fuerzas armadas para lograr el total esclarecimiento de lo ocurrido durante los años más oscuros del país, dijo Virginia Shoppee investigadora sobre Argentina de Amnistía Internacional. El pleno acceso a la documentación de los archivos de las fuerzas armadas decretado por la Ministra de Defensa, dará a los tribunales de justicia la oportunidad de progresar en las investigaciones iniciadas, facilitando el conocer la suerte de los desaparecidos y alcanzando el logro de verdad y justicia. Esta medida, reclamada durante tres décadas por los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, es vital para que las fuerzas armadas y la justicia den respuesta al reclamo del pueblo argentino. Hay que asegurar además que se tomen las medidas necesarias para resguardar la documentación en estos archivos. "El gobierno argentino ha dado un paso clave en la búsqueda de verdad y justicia sobre crímenes cometidos en el pasado," dijo Virginia Shoppee. "Sin embargo, un país que realmente está comprometido con el respeto a los derechos humanos debe, asimismo, mirar al presente, y tomar acciones decididas para la protección de todos los  derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.  Los derechos humanos son indivisibles y no puede optarse por proteger sólo unos, son todos esenciales para la dignidad y el desarrollo humano.  Es imprescindible crear las condiciones sociales y económicas, al igual que las garantías jurídicas para que toda persona pueda disfrutar en la práctica de estos derechos y libertades fundamentales." dijo Virginia Shoppee. Información General El 22 de marzo de 2006, a dos días del trigésimo aniversario del golpe de estado, la Ministra de Defensa, Nilda Garré, por decreto  825/05,  instruyó a la Secretaría de Asuntos Militares a garantizar el acceso irrestricto  a la documentación y bases de datos de las Fuerzas Armadas que puedan resultar de interés en las investigaciones de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1976-1983). La resolución alcanza a los archivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y de "cualquier dependencia o repartición" del Ministerio de Defensa. La documentación quedará a disposición del Archivo Nacional de la Memoria.