“Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir”. Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia.
Casi tres años después del inicio de la pandemia y del decreto sobre el estado de alarma, con 35.000 fallecimientos de personas mayores de residencias, el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del estado.
La ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia continúa hoy en día y no hay perspectivas de que vaya a cambiar, incluyendo las instrucciones y/o protocolos discriminatorios que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria.
“Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Tendencia generalizada a la opacidad y al abandono
Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias, tal y como exige la normativa internacional, así como el acceso de las víctimas y sus familiares a un recurso judicial que sea efectivo.
“El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados”, continúa Beltrán.
Amnistía Internacional denuncia la opacidad de la Fiscalía General del Estado ya que, tres años después del inicio de la pandemia, no existen datos de acceso público del total de diligencias penales en las que la Fiscalía ha intervenido, ni en qué ha consistido su actuación. Tampoco existe información para saber en cuántas de ellas se ha solicitado declaración de las familias, o en cuántas se ha planteado la reapertura por una insuficiente investigación previa. La Fiscalía ha emitido dos oficios solicitando información a las fiscalías provinciales en febrero y octubre de 2022, sin que por el momento se hayan hecho públicos informes de datos o actuaciones derivadas de las mismas.
Los datos publicados hasta el momento son parciales, y corresponden a información que alguna de las fiscalías provinciales incluye en sus memorias anuales y no a un ejercicio de Fiscalía General de tener un mapa completo de lo sucedido. Es el caso de la Fiscalía de Madrid, que ha aportado datos en su última memoria referentes a sus actuaciones de 2021, el 86% de los casos han sido archivados. La Memoria de la Fiscalía de Cataluña relativa a 2021 da cuenta de su preocupación por los derechos de las personas mayores, pero ofrece escasos datos sobre los casos penales.
Amnistía Internacional considera que la ausencia de datos consolidados (cuantitativos y cualitativos) constituye una barrera para analizar correctamente lo sucedido, y evaluar si es necesario un reexamen de algunos de los casos en los que haya existido una investigación insuficiente.
Tímidos avances
El único paso positivo es que el oficio remitido por Fiscalía el pasado octubre pedía garantizar que las familias fueran escuchadas en las investigaciones aún abiertas, así como asegurar que los y las fiscales asisten a la toma de declaración de familiares, personas investigadas y testimonios relevantes. Pero la medidaresulta limitada si no incluye también los casos archivados en su momento, que deben reexaminarse y valorar si se investigó lo suficiente, de conformidad con los criterios de la propia Fiscalía y estándares internacionales, y especialmente tener en cuenta los testimonios de familiares. La Fiscalía de Madrid ha emitido una instrucción en la misma línea, si bien es de una aplicación reducida a los casos todavía abiertos o que puedan abrirse de ahora en adelante.
Por otro lado, pese a la tendencia generalizada de impunidad, en contadas excepciones se han logrado avances en las fiscalías provinciales. En Cataluña, la Fiscalía de Mataró abrió diligencias y presentó una querella el pasado abril de 2022 por homicidio imprudente, lesiones y maltrato contra el director y directora médica de una residencia durante la pandemia. Este caso constituye una muestra de que cuando la Fiscalía quiere poner todos los medios a su alcance para realizar una investigación adecuada y eficiente y ampliar información es posible hacerlo.
En Madrid, un juez ha solicitado la comparecencia en calidad de testigos de Alberto Reyero, ex-consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y de Carlos Mur, en aquel momento Director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a hospitales.
Amnistía Internacional exige la reapertura de aquellos casos casos archivados para que se reexaminen y se valore adecuadamente si se investigó lo suficiente, incluyendo los testimonios de familiares.
Las autoridades, de perfil o poniendo obstáculos
Por otro lado, las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones de derechos humanos con las 35.000 personas mayores que han fallecido y sus familias.
A nivel autonómico los intentos han sido obstaculizados de forma generalizada por los partidos gobernantes, sin importar el signo político. Actualmente solo continúa activo un Grupo de Trabajo en el Parlamento de Cataluña, que tiene por objeto analizar lo sucedido y debatir sobre un nuevo modelo residencial.
Pese a la extrema gravedad de lo ocurrido en las residencias, el Defensor del Pueblo no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido. En el último informe anual disponible del año 2021, el Defensor plantea como preocupación la falta de datos homogéneos y otras preocupaciones sobre el modelo de residencias, sin embargo no menciona en absoluto los fallecimientos en residencias, a diferencia del informe anual 2020, que sí mostraba preocupación sobre el tema.
Amnistía Internacional ha solicitado al Defensor la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades, sin que hasta el momento la Defensoría lo haya considerado prioritario.
El Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador
de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia.
La organización solicita al Gobierno un acto público de reconocimiento de lo sucedido a las víctimas en el que se comprometa a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas ellas. “Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos”, concluye Beltrán.
Nuevo modelo de residencias, pendiente de implementar
El nuevo modelo residencial se aprobó el pasado junio de 2022, con una valoración negativa de las plataformas de familiares.
Amnistía Internacional considera que el acuerdo alcanzado tiene algunos aspectos positivos como el establecimiento de unos criterios comunes de recursos materiales y ratios de personal; asegurar la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias; formación continua del personal de cuidados, o programas de inclusión de perspectiva de género del personal. Sin embargo podría mejorar en cuestiones como la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud o la recogida unificada de datos. A la organización le preocupa especialmente que se haya eliminado el mínimo de inspectores por centro que planteaban borradores previos, dejándolo en manos de las Comunidades Autónomas y que no se garantice que las denuncias sean anónimas.
Tras el acuerdo alcanzado, es responsabilidad de los gobiernos autonómicos implementar el nuevo modelo, garantizando que se respetan los derechos humanos de las personas residentes y asegurando una adecuada dotación de recursos económicos y humanos.
