Personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra, tales como homicidios y violaciones, durante el conflicto en República Centroafricanahan eludido ser investigadas y arrestadas y, en algunos casos, conviven con sus víctimas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
La organización pide una inversión cuantiosa para reconstruir el sistema de justicia del país y establecer el Tribunal Penal Especial que contribuya a llevar ante la justicia a quienes perpetraron estos crímenes. “Miles de víctimas de abusos contra los derechos humanos en República Centroafricana continúan esperando que se haga justicia, mientras que personas que han cometido crímenes horribles, como asesinatos y violaciones, siguen libres”, ha afirmado Ilaria Allegrozzi, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Central.
“La única solución a largo plazo a esta situación de impunidad sistemática es la reforma integral del sistema nacional de justicia de República Centroafricana, incluida la reconstrucción de sus tribunales, prisiones y fuerzas policiales. Mientras tanto, conseguir una financiación sostenible para el Tribunal Penal Especial, que incluya programas sólidos de protección de testigos, es un paso fundamental hacia la justicia.” The long wait for justice: Accountability in Central African Republic destaca cómo decenas de personas sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional y otras violaciones y abusos graves contra los derechos humanos han eludido ser investigadas de forma efectiva y arrestadas. Los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas se han visto obstaculizados por la falta de capacidad tanto del gobierno de República Centroafricana como de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en el país. El sistema de justicia de República Centroafricana, que ya era frágil antes del conflicto, se deterioró aún más en su transcurso, ya que se destruyeron documentos y el personal judicial se vio forzado a huir. Fuera de la capital, Bangui, hay pocos tribunales en funcionamiento y sólo 8 de las 35 prisiones del país están operativas. Las personas detenidas están recluidas en edificios en ruinas en condiciones de hacinamiento e insalubridad. El bajo nivel de seguridad ha dado pie a fugas de la cárcel constantes. En noviembre de 2016 se presentó en una conferencia de donantes internacionales celebrada en Bruselas un plan para la reconciliación nacional y la consolidación de la paz que solicitaba 105 millones de dólares estadounidenses en cinco años para fortalecer el sistema nacional de justicia y poner en marcha el Tribunal Penal Especial. Un miembro de la sociedad civil de Bangui dijo a Amnistía Internacional: “Estas personas [presuntos perpetradores] conviven con sus víctimas. Utilizan los mismos taxis, compran en las mismas tiendas y viven en los mismos barrios. Nadie ha sido arrestado ni procesado y tal clima de impunidad sólo contribuye a transmitirles seguridad.” Entre septiembre de 2014 y octubre de 2016, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en República Centroafricana ayudaron a las autoridades nacionales a arrestar a 384 personas por crímenes vinculados al conflicto. Sin embargo, entre ellas sólo hay unas pocas con cargos destacados sospechosas de haber cometido los delitos más graves y, además, 130 de ellas escaparon de prisión en septiembre de 2015.“El nivel de impunidad es abrumador y está minando los esfuerzos para reconstruir República Centroafricana y crear una paz sostenible”Ilaria Allegrozzi, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Central
Esta impunidad ha contribuido al aumento de la violencia desde septiembre de 2016, con ataques como el de Kaga-Bandoro en octubre, en el que ex combatientes de Seleka mataron al menos a 37 civiles, hirieron a otros 60 y obligaron a 20.000 personas a huir de sus casas. Recomendaciones para el Tribunal Penal Especial
En los últimos meses se han hecho avances importantes para el establecimiento del Tribunal Penal Especial, un tribunal “híbrido” integrado por jueces y juezas y personal nacional e internacional que procesará a personas sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional durante el conflicto.
No obstante, el informe de Amnistía Internacional incluye recomendaciones clave para garantizar el establecimiento del Tribunal Penal Especial lo antes posible y de manera tal que las investigaciones efectivas y los juicios justos estén garantizados.
Si bien ya están comprometidos 5 de los 7 millones de dólares estadounidenses que se necesitan para los 14 primeros meses de puesta en marcha, es necesario hacer más para asegurar un apoyo sostenible durante los primeros cinco años de actividad del Tribunal. Los países donantes también deben ayudar designando jueces y juezas cualificados así como otro personal judicial en procesos de selección en curso y futuros.
“El Tribunal Penal Especial es fundamental para garantizar que las víctimas de algunos de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto tienen la oportunidad de ver que se hace justicia en República Centroafricana, y se le debe prestar todo el apoyo posible”, ha indicado Ilaria Allegrozzi.
“También es vital desarrollar un programa sólido de protección de testigos y víctimas para garantizar que su participación en los procedimientos atiende a condiciones de seguridad. Las personas acusadas también tienen derecho al disfrute de todas las garantías de un juicio justo, tales como la asistencia letrada. Es hora de acabar con el clima de miedo en que vive República Centroafricana desde hace demasiado tiempo.”
Información complementaria
El informe de Amnistía Internacional se basa en decenas de entrevistas con personas relacionadas con el sistema nacional de justicia en República Centroafricana, entre los que figuran jueces y juezas, fiscales, miembros y consejeros/as del ministro de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados de República Centroafricana y profesionales del derecho.
Además, la organización también ha entrevistado a víctimas de abusos contra los derechos humanos y de crímenes de derecho internacional. La información obtenida durante las entrevistas se ha corroborado con información y datos obtenidos de otras fuentes, tales como documentos judiciales, informes sobre el sistema de justicia y sobre otros asuntos políticos, sociales y humanitarios en República Centroafricana. En julio de 2014, Amnistía Internacional dio nombres de 21 personas sobre las que existían sospechas razonables de que habían cometido crímenes de derecho internacional. Sólo dos de estas personas han sido detenidas hasta la fecha y la organización no tiene conocimiento de que se hayan abierto investigaciones efectivas sobre las demás.
