La decisión adoptada hoy por el Tribunal Penal Central de Londres por la que se deniega la solicitud de libertad bajo fianza de Julian Assange hace que la continuidad de su detención sea arbitraria.
“La decisión adoptada hoy de denegar la solicitud de libertad bajo fianza de Julian Assange hace que su detención continuada sea ‘arbitraria’, y se suma al hecho de que lleva más de un año soportando condiciones punitivas en detención de alta seguridad en la prisión de Belmarsh”, ha afirmado Nils Muižnieks, director para Europa de Amnistía Internacional.
“En vez de regresar por fin a casa con sus seres queridos y dormir en su propia cama por primera vez en casi 10 años, Julian Assange será conducido de nuevo a su solitaria celda en una prisión de alta seguridad.”
Julian Assange ha estado detenido durante más de un año en espera de su extradición a Estados Unidos. El lunes 4 de enero, una jueza falló que la extradición a Estados Unidos sería ilegal. Después de tanto tiempo detenido, el hecho de no concederle la libertad bajo fianza hace que su detención sea arbitraria.
El lunes, la jueza señaló el grave estado de la salud mental de Assange, y el riesgo para su salud se ha agravado debido a la actual pandemia de COVID-19 en Reino Unido.
“Es evidente que, para empezar, Julian Assange no debería haber estado encarcelado en espera de la extradición. Los cargos formulados en su contra fueron de motivación política, y el gobierno británico nunca debería haber ayudado de tan buena gana a Estados Unidos en su implacable persecución de Assange”, ha declarado Nils Muižnieks.
“El gobierno estadounidense se comporta como si tuviera jurisdicción en todo el mundo para perseguir a cualquiera que reciba y publique información sobre actos gubernamentales ilegales. La decisión de hoy parece tener el propósito de enviar el mensaje de que la justicia británica no se interpondrá en su camino.”
Información complementaria
La solicitud de extradición de Estados Unidos se basa en una serie de cargos directamente relacionados con la publicación de documentos clasificados filtrados como parte del trabajo de Assange con Wikileaks. La publicación de este tipo de información es una piedra angular de la libertad de prensa y del derecho de la ciudadanía a la información sobre las actuaciones indebidas de los gobiernos.
La publicación de información por interés público está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos, y no debe ser criminalizada.
En caso de ser extraditado a Estados Unidos, Julian Assange podría ser juzgado por 18 delitos, 17 de ellos en aplicación de la Ley de Espionaje y uno en virtud de la Ley de Abuso y Fraude Informático. También correría un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos a causa de unas condiciones de reclusión que podrían constituir tortura y otros malos tratos, entre ellas la reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Julian Assange es el primer editor que se enfrenta a un enjuiciamiento en aplicación de la Ley de Espionaje.
