Mientras las fuerzas israelíes continúan intensificando su ataque cataclísmico a la Franja de Gaza ocupada, Amnistía Internacional ha documentado ataques ilegítimos israelíes, incluidos ataques indiscriminados, que han causado gran número de víctimas civiles y deben investigarse como crímenes de guerra.

La organización habló con sobrevivientes y testigos, analizó imágenes de satélite y verificó fotografías y vídeos para investigar los bombardeos aéreos llevados a cabo por las fuerzas israelíes entre los días 7 y 12 de octubre, que causaron una destrucción terrible y, en algunos casos, aniquilaron a familias enteras. A continuación la organización presenta un análisis pormenorizado de sus conclusiones en cinco de estos ataques ilegítimos. En todos estos ataques, las fuerzas israelíes violaron el derecho internacional humanitario, entre otras cosas al no tomar precauciones factibles para proteger a la población civil, atacar de forma indiscriminada sin distinguir entre civiles y objetivos militares o llevar a cabo posibles ataques dirigidos contra bienes civiles.

“En su intención declarada de usar todos los medios a su alcance para destruir a Hamás, las fuerzas israelíes muestran un desprecio escalofriante por la vida de la población civil. Han pulverizado edificios residenciales calle tras calle, matando a civiles masivamente y destruyendo infraestructuras esenciales, mientras Gaza, debido a las nuevas restricciones, se queda rápidamente sin agua, medicamentos, combustible y electricidad. Los relatos de testigos presenciales y sobrevivientes inciden una y otra vez en que los ataques israelíes masacraron familias palestinas, causando tal destrucción que quienes han sobrevivido tienen poco más que escombros para recordar a sus seres queridos”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Los cinco casos presentados apenas son un arañazo en la superficie del horror que Amnistía ha documentado e ilustran los efectos devastadores de estos bombardeos aéreos en la población de Gaza. El bloqueo ilegal de Israel impuesto durante 16 años ha hecho de Gaza la prisión al aire libre más grande del mundo; la comunidad internacional debe actuar ya para impedir que se convierta en un cementerio gigante. Pedimos a las fuerzas israelíes que pongan fin inmediatamente a los ataques ilegítimos en Gaza y se aseguren de tomar todas las precauciones posibles para minimizar los daños a civiles y bienes civiles. Los aliados de Israel deben imponer de inmediato un embargo integral de armas en vista de las graves violaciones del derecho internacional que se están cometiendo.”

Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han realizado miles de bombardeos aéreos en la Franja de Gaza, que han matado a más de 3.793 personas, en su mayoría civiles, y entre ellas más de 1.500 niños y niñas, según el Ministerio de Salud palestino en Gaza. Alrededor de 12.500 han resultado heridas y más de 1.000 cadáveres están aún atrapados bajo los escombros.

En Israel, más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas y unas 3.300 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud israelí, en un ataque sin precedentes cometido por grupos armados de la Franja de Gaza contra Israel el 7 de octubre. Dispararon cohetes de efecto indiscriminado y desplegaron combatientes en el sur de Israel, quienes cometieron crímenes de guerra, como matar deliberadamente a civiles y tomar rehenes. Las fuerzas armadas israelíes afirman que los combatientes también se llevaron a más de 200 rehenes civiles y prisioneros militares a la Franja de Gaza.

“Amnistía Internacional ha pedido a Hamás y otros grupos armados que liberen de inmediato a todos los civiles tomados como rehenes y dejen de disparar cohetes de efecto indiscriminado. No existe justificación alguna para matar deliberadamente a civiles en ninguna circunstancia”, ha dicho Agnès Callamard.

Horas después de iniciarse los ataques, las fuerzas israelíes comenzaron su bombardeo masivo de Gaza. Desde entonces, Hamás y otros grupos armados han seguido disparando cohetes de efecto indiscriminado contra áreas civiles de Israel, en ataques que también deben ser investigados como crímenes de guerra. Mientras, en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, 79 personas palestinas —de las cuales 20 eran menores de edad— han muerto a manos de fuerzas o colonos israelíes en pleno repunte del uso excesivo de la fuerza por el ejército israelí y escalada de la violencia de los colonos respaldada por el Estado, lo que Amnistía Internacional también está investigando.

Amnistía Internacional continúa investigando decenas de ataques en Gaza. Este informe se centra en cinco ataques ilegítimos contra bloques residenciales, un campo para personas refugiadas, una vivienda familiar y un mercado. El ejército israelí afirma que sólo ataca objetivos militares; sin embargo, en varios casos Amnistía Internacional no ha encontrado indicios de la presencia de combatientes ni otros objetivos militares en las inmediaciones en el momento de los ataques. Amnistía Internacional ha concluido también que las fuerzas armadas israelíes no tomaron todas las precauciones posibles con antelación a los ataques, como avisar debidamente a la población civil palestina; en unos casos no hubo ningún aviso a los civiles y, en otros, los avisos emitidos fueron insuficientes.

“Nuestra investigación concluye que existen pruebas irrefutables de crímenes de guerra en la campaña de bombardeos israelí que deben investigarse con urgencia. Décadas de impunidad e injusticia, sumadas al grado de destrucción y muerte sin precedentes de la ofensiva actual, sólo pueden dar lugar a más violencia e inestabilidad en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados”, ha afirmado Agnès Callamard.

“Es fundamental que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acelere la investigación en curso sobre los indicios de crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes. Sin no se hace justicia ni se desmonta el sistema de apartheid contra la población palestina, no habrá fin para el terrible sufrimiento de la población civil que estamos presenciando.”

El bombardeo implacable de Gaza está causando un sufrimiento inimaginable a quienes ya se enfrentan a una grave crisis humanitaria. Después de 16 años sometida al bloqueo ilegal de Israel, Gaza tiene su sistema de atención de la salud prácticamente en ruinas y la economía por los suelos. Los hospitales se colapsan, incapaces de atender al escalofriante número de personas heridas, y sufren graves carencias de medicamentos y equipos vitales.

Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a pedir a Israel que ponga fin a este asedio total, que impide a la población de Gaza el acceso a alimentación, agua, electricidad y combustible, y que permita urgentemente que llegue ayuda humanitaria a Gaza. Asimismo debe presionar a Israel para que levante el largo bloqueo impuesto a Gaza, que constituye un castigo colectivo a su población civil, un crimen de guerra y una pieza fundamental del sistema de apartheid israelí. Por último, las autoridades israelíes deben rescindir su orden de “evacuación”, que podría equivaler a desplazamiento forzado de la población.

La población civil de Gaza paga el precio

Amnistía Internacional investigó cinco ataques israelíes sobre la Franja de Gaza perpetrados entre los días 7 y 12 de octubre. De 2012 a 2022, las autoridades israelíes han rechazado o ignorado las solicitudes de Amnistía Internacional para entrar en Gaza. Por este motivo, la organización trabajó con una persona sobre el terreno en Gaza que se encargó de visitar los lugares de los ataques y recabar testimonios y otras pruebas. El equipo investigador de Amnistía Internacional entrevistó a 17 sobrevivientes y otros testigos presenciales, así como seis familiares de víctimas por teléfono, para los cinco casos incluidos en este informe. El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización analizó imágenes de satélite y verificó fotografías y vídeos de los lugares atacados.

En los cinco casos descritos infra, Amnistía Internacional concluye que las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques que violan el derecho internacional humanitario, entre otras cosas porque no tomaron las debidas precauciones para proteger a la población civil, cometieron ataques indiscriminados sin distinguir entre civiles y objetivos militares y cometieron ataques posiblemente dirigidos contra bienes civiles.

Según el derecho internacional humanitario, todas las partes del conflicto deben distinguir en todo momento a los combatientes y los objetivos militares de los civiles y los bienes de carácter civil, y lanzar ataques únicamente contra los primeros. Los ataques directos contra civiles o bienes civiles están totalmente prohibidos y son crímenes de guerra. Los ataques indiscriminados —aquellos que no hacen la preceptiva distinción— también están prohibidos. Si un ataque indiscriminado causa la muerte o lesiones a civiles, constituye un crimen de guerra. Los ataques desproporcionados, que tienen lugar cuando el daño que se prevé causar a civiles y bienes civiles es excesivo en relación con la “ventaja militar concreta y directa prevista en el ataque”, también están prohibidos. Lanzar un ataque desproporcionado a sabiendas es un crimen de guerra.

Familias enteras aniquiladas

Hacia las 8.20 de la tarde del 7 de octubre, fuerzas israelíes atacaron un edificio residencial de tres plantas en el barrio de Al Zeitoun de la ciudad de Gaza, donde se alojaban tres generaciones de la familia Al Dos. El ataque mató a 15 miembros de la familia, de los que 7 eran menores de edad. Entre las víctimas estaban Awni y Ibtissam Al Dos junto con sus nietos y tocayos Awni, de 12 años, e Ibtissam, de 17, y Adel e Ilham Al Dos junto con sus cinco hijos. Adam, un bebé de sólo 18 meses, fue la víctima más joven.

Mohammad Al Dos, cuyo hijo Rakan, de cinco años, perdió la vida en el ataque, contó a Amnistía Internacional:

“De repente cayeron dos bombas sobre el edificio y lo destruyeron. Mi esposa y yo tuvimos la suerte de sobrevivir porque estábamos en la planta más alta. Ella estaba embarazada de nueve meses y dio a luz en el hospital Al Shifa al día siguiente del ataque. Toda nuestra familia ha sido aniquilada.”

Amnistía Internacional entrevistó a un vecino cuya casa había sufrido daños durante el ataque. Como Mohammad Al Dos, dijo que no había recibido ningún aviso de las fuerzas israelíes, igual que el resto de su familia.

“Fue de repente, una explosión, nadie nos dijo nada”, afirmó.

El hecho de que el edificio estuviera lleno de civiles en el momento del ataque aéreo viene a confirmar los testimonios de sobrevivientes que afirman que las fuerzas israelíes no dieron ningún aviso. Familiares, vecinos y equipos de rescate tardaron más de seis horas en retirar los cadáveres enterrados bajo los escombros.

La investigación de Amnistía Internacional no ha encontrado indicios de objetivos militares en la zona en el momento del ataque. Si las fuerzas israelíes atacaron este bloque residencial sabiendo que sólo había civiles en su interior en el momento del ataque, se trataría de un ataque directo contra civiles o bienes civiles, que está prohibido y constituye un crimen de guerra. Israel no dio ninguna explicación sobre los hechos. Corresponde al agresor demostrar la legitimidad de su conducta militar. Aunque las fuerzas israelíes hubieran atacado lo que consideraban un objetivo militar, atacar un edificio residencial, en un momento en que estaba lleno de civiles, en el corazón de un barrio civil densamente poblado, y causando semejante número de víctimas civiles y grado de destrucción, sería un ataque indiscriminado. Los ataques indiscriminados que matan y hieren a civiles son crímenes de guerra.

El 10 de octubre, un ataque aéreo israelí contra una vivienda familiar mató a 12 miembros de la familia Hijazi y a cuatro de sus vecinos en la calle Al Sahaba de la ciudad de Gaza. Entre las víctimas mortales había tres menores de edad. Las fuerzas armadas israelíes declararon que habían atacado objetivos de Hamás en la zona pero no dieron más información ni aportaron pruebas de la presencia de objetivos militares. La investigación de Amnistía Internacional no ha encontrado indicios de objetivos militares en la zona en el momento del ataque.

Amnistía Internacional habló con Kamal Hijazi, quien perdió en el ataque a su hermana, sus dos hermanos junto con sus esposas, cinco sobrinas y sobrinos, y dos primos. Dijo:

“La casa de nuestra familia, de tres plantas, fue bombardeada a las 5.15 de la tarde. Ocurrió de repente, sin previo aviso; por eso estaban todos en casa.”

Ahmad Khalid al Sik, vecino de la familia Hijazi, también resultó muerto. Tenía 37 años y tres hijos de corta edad, todos heridos en el ataque. El padre de Ahmad contó así lo sucedido:

“Yo estaba en casa, en nuestro piso, y Ahmad estaba abajo cuando la casa de enfrente [perteneciente a la familia Hijazi] fue bombardeada y él resultó muerto. Iba a cortarse el pelo en la barbería, que está justo al lado de la entrada de nuestro edificio. Cuando Ahmad se fue para hacerse un corte de pelo, no podía imaginar que no volvería a verlo. El bombardeo fue repentino, inesperado. No hubo ningún aviso; la gente estaba ocupada en sus quehaceres diarios.”

El barbero que iba a atender a Ahmad también resultó muerto.

De acuerdo con las conclusiones de Amnistía Internacional, no había objetivos militares en la casa ni en sus inmediaciones, por lo que podría tratarse de un ataque directo contra civiles o contra bienes civiles, que está prohibido y es un crimen de guerra.

Avisos inadecuados

En los casos documentados por Amnistía Internacional, la organización concluyó repetidamente que las fuerzas armadas israelíes no habían avisado de ningún modo a la población civil o habían emitido avisos inadecuados. En algunos casos informaron a una sola persona de un ataque que afectaría a edificios enteros o a calles llenas de gente, o emitieron órdenes de “evacuación” poco claras que causaron confusión en los residentes respecto al momento de hacerlo. En ningún caso las fuerzas israelíes se aseguraron de que la población civil tenía un lugar de evacuación seguro. En un ataque al mercado de Jabalia hubo víctimas que habían salido de sus casas en respuesta a una orden de “evacuación” y perdieron la vida en el lugar al que habían huido.

El 8 de octubre, un ataque aéreo israelí que alcanzó el campo para personas refugiadas de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, causó la muerte de Mohammed y Shuruq al Naqla y dos de sus hijos, Omar (tres años) y Yousef (cinco), e hirió a su hija Mariam (dos) y su sobrino Abdel Karim (tres). Unas 20 personas más también resultaron heridas en el ataque.

Ismail al Naqla, hermano de Mohammed y padre e Abdel Karim, contó a Amnistía Internacional que su vecino de al lado había recibido una llamada de las fuerzas armadas israelíes alrededor de las 10.30 de la mañana para avisar de que el edificio estaba a punto de ser bombardeado. Ismail, Mohammed y sus familias abandonaron el edificio inmediatamente, como hicieron sus vecinos. Sobre las 3.30 de la tarde aún no se había producido el ataque, por lo que la familia Al Naqlas y otras personas volvieron a casa para recoger cosas que necesitaban. Ismail explicó que no se sentían en peligro porque habían pasado cinco horas desde el aviso, y que pensaban salir de la casa muy rápido.

Pero cuando volvían a sus pisos, una bomba que cayó sobre el edificio contiguo destruyó la vivienda de los Al Naqlas y causó daños en otras colindantes. Mohammed y su familia aún estaban en el patio de la casa cuando perdieron la vida. Ismail contó que había visto parte del cerebro de su sobrino Yousef, de cinco años, “fuera de su cabeza” y que el cadáver de Omar, de tres años, no había podido recuperarse de los escombros hasta el día siguiente. Dijo a Amnistía Internacional que los menores que habían sobrevivido, Mariam y Abdel Karim, fueron dados de alta del hospital enseguida porque los hospitales de Gaza están sobrepasados por la cantidad de víctimas.

Dar un aviso no exime a las fuerzas armadas de sus otras obligaciones con arreglo al derecho internacional humanitario. En concreto, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la llamada de advertencia hasta el momento del ataque, quienes lo perpetraron deberían haber comprobado antes si había civiles presentes. De hecho, si fue un ataque directo contra bienes civiles como parece, se trataría de un crimen de guerra.

“Todo el mundo buscaba a sus hijos”

Alrededor de las 10.30 de la mañana del 9 de octubre, ataques aéreos israelíes alcanzaron un mercado en el campo para personas refugiadas de Jabalia situado unos kilómetros al norte de la ciudad de Gaza y causaron la muerte de al menos 69 personas. La calle del mercado es conocida por ser una de las zonas comerciales más concurridas del norte de Gaza. Ese día, además, había más gente de la acostumbrada porque miles de personas de zonas cercanas se habían refugiado allí tras huir de sus casas con lo puesto esa misma mañana al recibir mensajes de texto del ejército israelí.

El Laboratorio de Pruebas de Amnistía examinó seis vídeos grabados tras el ataque aéreo contra el mercado del campo de Jabalia. En las imágenes se ve una zona densamente poblada con edificios de varias plantas. Los vídeos de los momentos posteriores al ataque y las imágenes de satélite muestran al menos tres edificios de varias plantas completamente en ruinas y varias estructuras con graves daños en los alrededores. También se ven numerosos cadáveres entre los escombros en las imágenes explícitas.

Según las fuerzas armadas israelíes, el objetivo era “una mezquita en la que había presencia de miembros de Hamás” cuando atacaron el mercado de Jabalia, pero no han aportado pruebas que lo demuestren. De todas formas, que alguien pertenezca a un grupo político no implica necesariamente que sea un objetivo legítimo. En las imágenes de satélite analizadas por Amnistía Internacional no se veía ninguna mezquita en las inmediaciones de la calle del mercado.

Conforme a los relatos de testigos, las imágenes de satélite y los vídeos verificados, el ataque, que causó gran número de víctimas civiles, fue indiscriminado y debe investigarse como crimen de guerra.

Imad Hamad, de 19 años, resultó muerto en el ataque al mercado de Jabalia cuando se dirigía a comprar pan y unos colchones para la familia. Su padre, Ziyad Hamad, contó a Amnistía Internacional que, la víspera, su familia había huido de su casa en Beit Hanoun tras recibir un mensaje de advertencia del ejército israelí, y que habían recorrido casi cinco kilómetros hasta una escuela dirigida por la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA), que hacía las veces de albergue, en el campo de Jabalia.

Por el camino, su hijo Imad había llevado a hombros a su hermano pequeño. Al día siguiente, contó Ziyad a Amnistía Internacional, él llevó a hombros el cadáver de Imad para enterrarlo.

Ziyad describió las escenas de horror que había visto en el depósito donde encontró el cadáver de su hijo junto a otros muchos.

“Los cuerpos estaban quemados, tenía miedo de mirar. No quería mirar, me daba miedo ver la cara de Imad. Los cadáveres estaban amontonados en el suelo. Todo el mundo buscaba a sus hijos entre los montones. Pude reconocer a mi hijo por los pantalones. Quise enterrarlo inmediatamente, así que lo tomé en brazos y lo saqué de allí. Me lo llevé.”

Cuando Amnistía Internacional habló con Ziyad y su familia desplazada, estaban en una escuela dirigida por la UNRWA que acogía a personas desplazadas. Dijo que allí no había servicios básicos ni saneamiento, y que no tenían colchones.

La desesperación de Ziyad ante las injusticias que ha sufrido es palpable.

“¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, preguntó.

“¿Qué, para perder a mi hijo y mi casa y estar durmiendo en el suelo de un aula? Mis hijos se orinan encima, de miedo, de pánico, de frío. No tenemos nada que ver con esto. ¿Qué falta hemos cometido? He criado a mi hijo, que era mi vida, ¿para qué? Para verlo morir cuando iba a comprar el pan.”

Mientras el equipo investigador de Amnistía hablaba por teléfono con Ziyad tuvo lugar otro ataque aéreo en las proximidades.

Desde que el equipo investigador de Amnistía entrevistó a Ziyad el 10 de octubre, las condiciones en que viven las personas desplazadas se han deteriorado aún más debido a la magnitud del desplazamiento, el alcance de la destrucción y los efectos devastadores del bloqueo total, en vigor desde el 9 de octubre. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), el número de personas internamente desplazadas en Gaza era de un millón a fecha de 19 de octubre, de las cuales más de 527.500 se alojan en albergues de emergencia de la UNRWA en el centro y el sur de Gaza.

“Ni siquiera podemos contar los muertos”

El 10 de octubre, aun ataque aéreo israelí alcanzó un edificio de seis plantas en el distrito de Sheij Radwan de la ciudad de Gaza, a las 4.30 de la tarde. El ataque destruyó completamente el edificio y causó la muerte de al menos 40 civiles.

Las imágenes de satélite apuntan a daños causados en edificios de esta calle en algún momento entre las 12:11 horas UTC del 10 de octubre y las 7:30 horas UTC del 11 de octubre. El Laboratorio de Pruebas de Amnistía geolocalizó dos vídeos publicados en redes sociales que corroboran la destrucción de viviendas en Sheij Radwan. En uno de los vídeos, publicado en redes sociales el 10 de octubre, se ven varias personas sacando de los escombros el cadáver de un niño de corta edad.

Amnistía Internacional habló con Mahmoud Ashour, cuya hija Iman y los cuatro hijos de esta —Hamza (seis meses), Ahmad (dos años), Abdelhamid (seis) y Rihab (ocho)– perdieron la vida en el ataque.

Dijo:

“Mi hija y sus hijos vinieron aquí en busca de seguridad porque esta zona había sido relativamente segura en ataques anteriores. Pero no pude protegerlos; no queda ni rastro de mi hija.”

Mahmoud describió así el alcance de la destrucción:

“Ahora mismo, mientras hablamos, estoy intentando retirar los escombros con las manos. Ni siquiera podemos contar los muertos”.

Fawzi Naffar, de 61 años, dijo que el ataque aéreo había matado a 19 miembros de su familia, entre ellos su esposa, sus hijos y sus nietos. Cuando Amnistía Internacional habló con Fawzi cinco días después del ataque, sólo había podido sacar de los escombros los restos mortales de su nuera y “un hombro de su hijo”.

Según la investigación de Amnistía Internacional, un miembro de Hamás residía en uno de los pisos del edificio pero no estaba allí en el momento del ataque aéreo. Que alguien pertenezca a un grupo político no implica necesariamente que sea un objetivo legítimo.

Aun en el caso de que una persona sea combatiente, su presencia en un edificio civil no convierte al edificio ni a los civiles que están en él en objetivos militares. El derecho internacional humanitario exige que las fuerzas israelíes tomen todas las precauciones necesarias para minimizar los daños a civiles y bienes civiles, lo que incluye cancelar o posponer un ataque si resulta evidente que sería indiscriminado o ilegítimo por otros motivos.

Estas precauciones no se tomaron antes del ataque aéreo de Sheikh Radwan. Se sabía que el edificio estaba lleno de residentes civiles, entre ellos muchos menores, y el peligro que representaba para ellos era previsible. Se trata de un ataque indiscriminado que mató e hirió a civiles y debe investigarse como crimen de guerra.

Amnistía Internacional insta

A las autoridades israelíes a:

• Poner fin de inmediato a los ataques ilegítimos y respeten el derecho internacional humanitario, lo que incluye asegurarse de tomar todas las precauciones posibles para minimizar los daños a civiles y a bienes civiles, y abstenerse de llevar a cabo ataques directos contra civiles y bienes civiles así como ataques indiscriminados y desproporcionados.
• Permitir de inmediato el reparto sin trabas de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza.
• Levantar urgentemente el embargo ilegal impuesto a Gaza, que constituye un castigo colectivo y es un crimen de guerra, en vista de la devastación y los imperativos humanitarios actuales.
• Rescindir su escandalosa orden de “evacuación”, que ha causado el desplazamiento de más de un millón de personas.
• Permitir el acceso inmediato de la Comisión Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado para que lleve a cabo investigaciones, incluida la recopilación de testimonios y pruebas sensibles al factor tiempo.

A la comunidad internacional y, en concreto, a los aliados de Israel, incluidos Estados miembros de la UE, Estados Unidos y Reino Unido, a:

• Adoptar medidas concretas para proteger de ataques ilegítimos a la población civil de Gaza.
• Imponer un embargo integral de armas a todas las partes en el conflicto, considerando que se están cometiendo graves violaciones de derechos que constituyen crímenes previstos por el derecho internacional. Los Estados deben abstenerse de suministrar armas y material militar a Israel, incluidas tecnologías asociadas, piezas y componentes, asistencia técnica, formación y ayuda económica y de otro tipo. Asimismo, deben hacer un llamamiento a los Estados que suministran armas a grupos armados palestinos para que dejen de hacerlo.
• Abstenerse de hacer cualquier declaración que pueda, aunque sea indirectamente, legitimar los crímenes y abusos cometidos por Israel en Gaza.
• Presionar a Israel para que levante el bloqueo ilegal impuesto durante 16 años a la Franja de Gaza, que constituye un castigo colectivo a la población civil de Gaza, un crimen de guerra y una pieza fundamental del sistema israelí de apartheid.
• Garantizar que la investigación en curso de la Corte Penal Internacional sobre la situación de Palestina recibe pleno apoyo y todos los recursos necesarios.

A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a:

• Acelerar su investigación en curso sobre la situación en Palestina, examinando los presuntos crímenes cometidos por todas las partes, e incluyendo el crimen contra la humanidad del apartheid contra la población palestina.

A Hamás y otros grupos armados a:

• Poner fin de inmediato a sus ataques deliberados contra civiles, el lanzamiento de cohetes de efecto indiscriminado y la toma de rehenes. Deben liberar de forma inmediata e incondicional a todos los rehenes civiles.