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Myanmar: Dos años después del golpe, se requiere una acción global para detener el ataque de las fuerzas armadas contra los derechos humanos en todo el país

© STR/AFP via Getty Images
Las fuerzas armadas de Myanmar continúan llevando a cabo detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos, impunemente, dos años después de dar el golpe de estado, ha manifestado hoy Amnistía Internacional, que pide una mayor acción global y solidaridad con ocasión del aniversario el 1 de febrero.
 
Desde el golpe, han sido víctimas de homicidio casi 3.000 personas, 1,5 millones han quedado desplazadas internamente, más de 13.000 continúan recluidas en condiciones inhumanas, y se sabe que se ha ejecutado a 4 personas y condenado a muerte al menos a 100. Además, hay 7,8 millones de niños y niñas sin escolarizar.
 
La ofensiva de los militares contra cualquier persona a la que ellos consideren opositora ha sembrado el miedo en todo el país y dado lugar a graves violaciones de derechos humanos con tácticas como lanzar ataques aéreos y terrestres contra población civil.
 
Es innegable que las fuerzas armadas pueden llevar a cabo su ofensiva generalizada contra los derechos humanos por la escandalosa insuficiencia de la respuesta global a esta crisis, que corre el riesgo de caer en el olvido”, manifestó Ming Yu Hah, directora regional adjunta de Campañas. “No podemos permitir que eso suceda. Este aniversario debe servir para poner de manifiesto la necesidad de que la comunidad internacional y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático emprendan una acción global urgente para proteger al pueblo de Myanmar, que sufre a diario el asedio de las fuerzas armadas.”
 
Pese al grave peligro y la persecución, la gente valiente de Myanmar ha continuado manifestándose pacíficamente. En el periodo previo y el día del aniversario, Amnistía Internacional participa en protestas, vigilias y actos en ciudades de todo el mundo, incluidas Bangkok y Seúl, en solidaridad con el pueblo de Myanmar.
 
“Alzar la voz por las personas de Myanmar que se arriesgan a cumplir largas penas de cárcel, ser torturadas o morir bajo custodia por cuestionar pacíficamente el régimen no es un gesto menor”, expresó Ming Yu Hah. “La solidaridad es ahora más importante que nunca, ya que puede levantar el ánimo de la gente y mostrarle que no está sola en estos momentos sombríos.”
 
Pero las Naciones Unidas y los gobiernos de todo el mundo deben hacer más que enviar mensajes de apoyo.
 
La reciente resolución histórica sobre Myanmar del Consejo de Seguridad de la ONU fue acogida con satisfacción, pero los gobiernos del mundo deben hacer mucho más, especialmente incrementar la presión sobre el ejército para que deje en libertad a todas las personas que están recluidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos pacíficamente.
 
El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. Además, debe imponer un embargo de armas global y completo a Myanmar que abarque todos los tipos de armas, munición, tecnología de doble uso y otros equipos militares y de seguridad, así como la formación y cualquier otra forma de asistencia en esos ámbitos.
 
Asimismo, Estados y empresas deben suspender el suministro directo e indirecto, la venta o transferencia —incluidos el tránsito, el transbordo y la intermediación— de combustible de aviación a Myanmar hasta que se adopten mecanismos eficaces para garantizar que éste no se utilizará para realizar ataques aéreos devastadores y cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
 
La situación de los derechos humanos en Myanmar es intolerable. La población de Myanmar sufre a diario y no puede permitirse esperar. Aunque muchos gobiernos han atendido los llamamientos a la acción, su respuesta no es aún suficiente para detener la graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército. La comunidad internacional no puede dejar pasar ni un día más, y mucho menos otros dos años, antes de tomar nuevas medidas que pongan fin a las atrocidades del ejército.”
 
Información complementaria
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, Amnistía ha documentado violaciones de derechos humanos generalizadas, incluidos crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad, en el contexto de la oleada de represión de la oposición que ejercen las fuerzas armadas en todo el país.
 
En noviembre de 2022, Amnistía inició una campaña para pedir que se suspendiera la provisión de combustible de aviación a fin de impedir a las fuerzas armadas de Myanmar realizar ataques aéreos ilegítimos. La investigación también identificó a empresas que intervienen en diferentes eslabones de la cadena de suministro.
 
La investigación, los materiales para los medios de comunicación y las declaraciones públicas se pueden consultar en la página sobre Myanmar de Amnistía Internacional.

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