María Isabel, de 15 años, fue secuestrada en la ciudad de Guatemala la noche del 15 de diciembre de 2001. Su cuerpo apareció poco antes de Navidad. Según su familia, había signos de violación, le habían atado manos y pies con alambre de púas, la habían apuñalado y estrangulado y después la habían introducido en una bolsa. Tenía la cara desfigurada por los golpes y el cuerpo lleno de pequeños agujeros. Llevaba una cuerda alrededor del cuello y tenía las uñas dobladas hacia atrás. Pese a algunas investigaciones iniciales, los responsables del asesinato de María Isabel siguen en libertad. "La ausencia de investigaciones y de fallos condenatorios adecuados en casos de homicidios de mujeres y niñas en Guatemala transmite el mensaje de que en este país la violencia contra las mujeres es aceptable. Las autoridades guatemaltecas deben cambiar esta percepción garantizando que se investigan los asesinatos como el de María Isabel y que se hace justicia, para que las promesas que ha hecho de prevenir la violencia contra las mujeres tengan algún valor real”, ha declarado Amnistía Internacional hoy (9 de junio) en la presentación de un nuevo informe sobre los homicidios de mujeres y niñas en Guatemala. Según las autoridades de Guatemala, entre los años 2001 y 2004 fueron asesinadas 1.188 mujeres y niñas. Muchas de las víctimas murieron en circunstancias excepcionalmente brutales. Hay datos que indican que la violencia sexual, y en concreto la violación, es un fuerte componente que caracteriza muchos de los homicidios, aunque a menudo esto no se refleja en los registros oficiales. En varios casos la mutilación y desfiguración a que habían sido sometidos los cuerpos recordaba los homicidios que se cometían durante el conflicto armado interno. Hasta la fecha, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, sólo se ha investigado el 9% de los casos. "La verdadera dimensión de los homicidios de mujeres en Guatemala sigue siendo desconocida, lo que pone de relieve la escasa atención que prestan las autoridades guatemaltecas a este asunto. A menudo la violación y otros delitos de violencia sexual son casi invisibles debido a la ausencia de datos estadísticos fiables sobre las cifras y las circunstancias de los homicidios de mujeres”, afirma Amnistía Internacional. La mayor parte de las víctimas eran amas de casa, estudiantes y profesionales. Muchas procedían de sectores pobres de la sociedad, trabajaban en empleos mal remunerados como empleadas domésticas, o en comercios o fábricas. Algunas eran trabajadoras migrantes llegadas de países vecinos de Centroamérica, otras eran miembros o ex miembros de bandas juveniles y trabajadoras de la industria del sexo. La mayoría tenía entre 13 y 40 años. La mayor parte de los asesinatos se ha cometido en zonas urbanas que en los últimos años también han sufrido un espectacular aumento de la delincuencia violenta, vinculada muchas veces al crimen organizado o a las actividades de las bandas juveniles callejeras conocidas como "maras". El informe de Amnistía Internacional destaca que, en el centro de la crisis de derechos humanos que afrontan las mujeres del país está la discriminación, que caracteriza incluso la respuesta de las autoridades. Algunos funcionarios califican a las víctimas de miembros de bandas o prostitutas, lo que refleja una gran discriminación hacia ellas y sus familias. Estas actitudes suelen influir en la forma en que se investigan y documentan los casos, e incluso la decisión de si se investigan o documentan. "La inacción y la autocomplacencia de las autoridades han intensificado el sufrimiento de las familias, cuyas peticiones para que se hagan investigaciones adecuadas suelen encontrarse con el silencio." Los organismos oficiales que intervienen en las investigaciones han afirmado que el 40% de los casos se archiva sin más. La falta de formación en técnicas de investigación –que incluye que no se proteja el escenario del crimen ni se recaben las pruebas forenses o de otro tipo necesarias, así como no hacer un seguimiento de pruebas posiblemente cruciales–, la falta de recursos técnicos y la falta de coordinación y de colaboración entre las instituciones del Estado significa que muchos casos nunca hayan pasado de la fase de investigación inicial. En el 11º aniversario de la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, Amnistía Internacional pide al gobierno de Guatemala que:
- Condene públicamente el secuestro y el asesinato de mujeres y niñas;
- Realice investigaciones inmediatas, coordinadas, exhaustivas y efectivas sobre todos los casos de secuestro y asesinato de mujeres y niñas en Guatemala, y haga comparecer a los responsables ante la justicia;
- Refuerce y mejore la coordinación y la asignación de recursos a todas las instituciones del Estado que se ocupan de la violencia contra las mujeres, y en particular, a la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público;
- Elabore e implante programas adecuados de prevención y protección para prevenir el secuestro y asesinato de mujeres.
