Las autoridades marroquíes deben implementar la decisión de la ONU, proteger a Ali Aarrass de nuevos abusos mientras permanezca en prisión y garantizar que tiene acceso efectivo a la justicia, ha declarado Amnistía Internacional. Ali Aarrass emprendió una huelga de hambre el 25 de agosto en la prisión local de Salé II, cerca de Rabat, la capital de Marruecos, dos años después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la ONU pidiera a las autoridades marroquíes que lo excarcelara. Está muy débil y tiene problemas para ponerse de pie, ha declarado su familia a Amnistía Internacional. Ali Aarrass también inició la huelga de hambre para protestar por el nuevo trato indebido a que lo somete el jefe de la guardia de su bloque carcelario, los retrasos significativos en la investigación de las autoridades judiciales de sus denuncias de tortura, así como la falta de respuesta del Tribunal de Casación casi tres años después de que apelara contra su condena ante la máxima autoridad judicial de Marruecos. Ali, que tiene doble nacionalidad marroquí y belga, cumple actualmente una pena de 12 años de prisión impuesta por un tribunal que lo declaró culpable de pertenecer a un grupo delictivo conocido como Red Belliraj y proporcionarles armas. La declaración de culpabilidad se basó en una confesión que según afirma Ali se obtuvo mediante tortura. Aarrass ha dicho a su familia que el jefe de la guardia de su bloque le impide acceder al médico de la prisión y a productos de higiene personal, y que se burlaba de él llevándole comida a la celda durante su huelga de hambre. Al parecer, otros reclusos han hecho una huelga de hambre de 48 horas para protestar por tratos similares a manos del mismo guardia. El 21 de mayo de 2014, las autoridades judiciales marroquíes anunciaron que iban a investigar su denuncia de que había sido torturado durante 10 días tras su llegada a Marruecos, mientras estaba detenido en un centro secreto de detención dirigido por los servicios de inteligencia en Temara, cerca de Rabat. La decisión se tomó dos días después de que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura declarase que Marruecos vulneraba la Convención contra la Tortura en relación con Ali Aarrass y fue muy importante, porque las autoridades negaban reiteradamente la existencia de la prisión secreta, donde se dice que decenas de detenidos en régimen de incomunicación que fueron torturados entre 2003 y 2011. Los datos indican que algunos podrían haber sido detenidos, interrogados y torturados en Marruecos dentro del programa de entregas extraordinaria de la CIA. Sin embargo, parece que la investigación se ha paralizado casi un año después de que Ali Aarrass fuera sometido a una serie de exámenes médicos ordenados por el tribunal. Sus abogados aún no han recibido el informe del examen médico. Aarrass ya había sido objeto de un examen médico en el contexto de una investigación anterior, en 2011, que concluyó que no había sido torturado y que, según dijeron posteriormente los expertos internacionales, había sido realizado sin ningún esmero. El año siguiente fue examinado por un experto forense independiente en presencia de Juan Méndez, relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, que dijo después que Ali Aarrass tenía señales compatibles con su denuncia de tortura. Ali Aarrass sigue en prisión pese a que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la ONU, pidió que fuera puesto en libertad incondicional y se le diera una compensación adecuada, tras declarar que había sido declarado culpable en un juicio injusto basado en una "confesión" contaminada por la tortura. Aarrass comenzó su huelga de hambre en el segundo aniversario de la decisión de este órgano de derechos humanos de la ONU. Ali Aarrass se encuentra recluido en Marruecos desde su devolución por España el 14 de diciembre de 2010. La devolución se produjo a pesar de una medida provisional dictada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la extradición y de la petición de Amnistía Internacional de que no fuera extraditado debido al riesgo de que fuera sometido al régimen de incomunicación, torturas y un juicio sin las debidas garantías en Marruecos. El Comité declaró posteriormente que, al extraditarlo, España había incumplido sus obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En 2015, el Comité contra la Tortura expresó también su preocupación por la extradición y pidió a España que investigase las torturas. Hace un año, dentro de la campaña global de Amnistía Internacional Stop Tortura, la organización entregó al ministro de Justicia y Libertades de Marruecos una petición global con 216.500 firmas en la que se solicitaba a las autoridades que investigasen la tortura de Ali Aarrass y aplicaran la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Antes de incorporarse al gobierno, el ministro era un abogado que defendía a víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos detenidos que denunciaban que habían sido sometidos al régimen de incomunicación y a tortura en el centro de detención de Temara. Las autoridades marroquíes dieron un paso positivo al abrir la investigación, pero 16 meses después, ésta parece haberse estancado. Las autoridades deben garantizar que la investigación prosigue sin obstrucción ni demora.
