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Marruecos: Deben liberar a los manifestantes, activistas y periodistas detenidos

Las autoridades marroquíes deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a Nasser Zefzafi, líder de las manifestaciones del Rif, al periodista Hamid El Mahdaoui y a todas las demás personas detenidas en relación con estas protestas y por ejercer pacíficamente sus derechos humanos; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“La represión de los manifestantes del Rif ha sido incesante en los últimos meses. Las autoridades deben liberar a Nasser Zefzafi y a las demás personas detenidas por protestar pacíficamente o por informar sobre las manifestaciones en Internet. Son presos y presas de conciencia”, ha dicho.

Desde mayo, las fuerzas de seguridad han detenido a cientos de manifestantes, incluidos menores de edad y varios periodistas, en relación con unas protestas en gran medida pacíficas. Al menos hay 410 personas bajo custodia en estos momentos; algunas de ellas fueron arrestadas en sus domicilios. Muchas ya han sido declaradas culpables y a varias les han impuesto duras penas de hasta de 20 años de cárcel; otras, entre las que hay menores de edad, llevan hasta seis meses en prisión preventiva.

Nasser Zefzafi, líder de las protestas, lleva 176 días sometido a detención prolongada en régimen de aislamiento en la prisión local de Ain Sbaa, donde pasa más de 22 horas al día en una celda individual sin ningún contacto humano significativo. El periodista Hamid El Mahdaoui lleva también varias semanas recluido en régimen de aislamiento en la misma prisión. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento, así calificada cuando supera un periodo de 15 días, vulnera la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“A pesar de que la reclusión preventiva sólo debe ser una medida excepcional y nunca debe usarse como castigo, el tribunal de Casablanca ha denegado la libertad bajo fianza a 50 de los 54 acusados en los juicios del Rif”, ha afirmado Heba Morayef.

El Tribunal de Apelación de Casablanca está juzgando actualmente a Nasser Zefzafi y otras 53 personas en relación con el movimiento de protesta del Rif (Hirak). La mayoría de los cargos presentados contra el líder de las protestas, Nasser Zefzafi, y los demás acusados son incompatibles con las obligaciones de Marruecos en materia de derechos humanos, ya que penalizan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Algunos cargos formulados contra ellos son: protesta no autorizada, rebelión, “conspirar para debilitar la seguridad interna del Estado”, “socavar la lealtad de la ciudadanía al Estado y las instituciones del pueblo marroquí”, “incitar contra la unidad territorial del reino” e “insultar” a cargos e instituciones públicas. Los que están acusados de delitos contra la seguridad del Estado podrían ser condenados hasta a 20 años de cárcel si resultan culpables en el juicio. Algunos incluso están acusados de intento de asesinato y se enfrentan a la posibilidad de la cadena perpetua.

Según los manifestantes, la policía los sometió a tortura y otros malos tratos —incluidas fuertes palizas, asfixia, privación de la ropa, amenazas de violación e insultos— en el momento de la detención y durante el interrogatorio, a veces para obligarlos a “confesar” delitos. En julio, el ministro de Justicia anunció investigaciones sobre al menos 66 casos de presuntas torturas o malos tratos policiales a manifestantes bajo custodia. Además, los jueces no han descartado hasta ahora las declaraciones posiblemente obtenidas mediante tortura como pruebas incriminatorias contra los acusados en los juicios, en incumplimiento de las obligaciones internacionales de Marruecos en materia de juicios justos y lucha contra la tortura.

La fiscalía acusó asimismo a Zefzafi de “incitar a manifestantes a atacar a las fuerzas de seguridad” cuando la policía había intentado detenerlo el 26 de mayo. Amnistía Internacional ha examinado con detenimiento el pliego de cargos y las pruebas presentadas por la acusación contra Zefzafi. El hecho en cuestión, según la acusación, tuvo lugar cuando Zefzafi señaló con el dedo a las fuerzas de seguridad y las llamó “fuerzas represoras” mientras rezaba en voz alta, “pidiendo [su] martirio a Dios todopoderoso”. Tales palabras y actos no constituyen incitación a la violencia, sino un ejercicio de libre expresión pacífica.

Los tribunales marroquíes ya han condenado a personas acusadas de participación directa en enfrentamientos marginales ocasionales en los que algunos manifestantes habían lanzado piedras y cócteles molotov, como el 26 de marzo de 2017 en Imzurén. No obstante, en este caso la fiscalía acusó a la mayoría de los 54 acusados de “incitar”, “participar” o ser “cómplices” en general en los disturbios sin aportar ninguna prueba de responsabilidad penal individual en relación con alguno de los actos de violencia.

La acusación se centró en los legítimos llamamientos de los acusados a participar en las protestas y en su participación en ellas, coreando eslóganes pacíficos, comprando tela para elaborar pancartas, alquilando sillas para reuniones públicas o publicando contenido sobre las protestas en redes sociales, entre otras cosas. También se centró en el material publicado en Facebook y en el uso de Facebook Live por los activistas para hacer transmisiones en directo, considerando que constituían “incitación” a la protesta, y ordenó detener a blogueros y periodistas que habían informado sobre las manifestaciones en sitios de noticias online y en Facebook.

Los activistas Mohamed Jelloul, Nabil Ahamjik, Mohamed Majjaoui y Achraf el Yakhloufi, los periodistas Mohamed el Assrihi y Fouad Saidi, y los demás integrantes del grupo de 54 acusados permanecen detenidos por cargos como “socavar la seguridad interna del Estado”, “incitar contra la unidad territorial del reino”, “insultar” a cargos e instituciones públicas y organizar protestas no autorizadas, y deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.

La fiscalía ha acusado también al periodista Hamid el Mahdaoui de no alertar a las autoridades sobre las llamadas telefónicas que había recibido de un hombre que decía estar planeando comprar armas y enviarlas a Marruecos para desencadenar una “guerra” en Alhucemas, en el Rif. El periodista dijo al tribunal que no conocía al hombre ni se había tomado en serio sus afirmaciones. El Mahdaoui, destacado periodista ya condenado en varias ocasiones por denunciar abusos cometidos por cargos públicos, debe quedar en libertad de forma inmediata e incondicional.

Asimismo, la fiscalía ha acusado a una minoría de los acusados de responsabilidad directa en actos concretos de violencia, incluidos lanzamientos de piedras, incendios provocados y daños a la propiedad. Aunque Amnistía Internacional no está en situación de corroborar de manera independiente las pruebas de estas acusaciones, el tribunal debe garantizar el derecho de todos los acusados a un juicio justo, entre otras cosas excluyendo las declaraciones obtenidas mediante coacción o tortura y otros malos tratos.

Continúan las detenciones de activistas en la región del Rif, y las autoridades siguen imponiendo prohibiciones de manifestarse, la más reciente el 28 de octubre en las localidades de Nador y Alhucemas al cumplirse el primer aniversario de la muerte del pescadero Mouhcine Fikri. Su mortal aplastamiento por un camión de basura cuando intentaba recuperar el pescado que le habían confiscado prendió la mecha de unas protestas que han cristalizado en el movimiento de protesta Hirak.

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