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Las autoridades marroquíes deben respetar la libertad de reunión

Christopher Ross, enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, durante una rueda de prensa el 28 de noviembre de 2012. © UN Photo/Rick Bajornas

La dispersión forzosa de una manifestación y la agresión a manifestantes en el Sáhara Occidental por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes en torno a la visita de Christopher Ross, enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, ponen de manifiesto la necesidad de un componente de vigilancia de los derechos humanos en la MINURSO. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de la decisión que el Consejo de Seguridad tomará sobre la ampliación, este mes, del mandato de la operación de mantenimiento de la paz.

Amnistía Internacional pide también a las autoridades marroquíes que respeten y protejan el derecho de los manifestantes a expresar pacíficamente su opinión, que investiguen de manera exhaustiva e imparcial los sucesos en los que, según los informes, al menos una decena de manifestantes resultaron heridos y que hagan rendir cuentas a los responsables.

El sábado 23 de marzo, a las cinco de la tarde, unos miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes vestidos de civil dispersaron violentamente una reunión pacífica en la avenida Smara, la vía principal de El Aaiún, la ciudad más importante del Sáhara Occidental. Con ocasión de la visita a El Aaiún de Christopher Ross, enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, un colectivo de organizaciones saharauis, entre ellas la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (ASVDH) y el Comité de Defensa del Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui (CODAPSO), habían organizado la protesta para pedir que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) incluya un componente de vigilancia de los derechos humanos.

Los manifestantes apenas habían conseguido reunirse cuando, según los informes, varios de ellos fueron agredidos por agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil que los echaron al suelo a empujones, los golpearon con palos y porras y les propinaron patadas, incidentes captados todos ellos en vídeo.

Otros manifestantes denunciaron que unos agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil les habían arrojado piedras, a consecuencia de lo cual una mujer había sufrido fractura de nariz y otra rotura de algunos dientes. Varios manifestantes afirmaron haber sido introducidos en vehículos policiales sin distintivos, en los que agentes vestidos de civil los sometieron a nuevos golpes, intimidación, amenazas de violación y agresiones sexuales antes de dejarlos en libertad fuera de la ciudad.

Al buscar, ese mismo día, atención médica en el hospital Hassan Ben Mehdi, los manifestantes heridos han denunciado que unos policías intentaron impedirles la entrada al centro hospitalario. Al parecer, las fuerzas de seguridad también dieron al personal médico instrucciones de que no tratara a los manifestantes. Finalmente, a un médico y miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –órgano establecido recientemente por el gobierno marroquí– le permitieron entrar en el hospital con manifestantes heridos y tratar sus heridas.

Amnistía Internacional siente preocupación porque en el Sáhara Occidental siguen cometiéndose violaciones de derechos humanos, especialmente en relación con la libertad de expresión, asociación y reunión. En los últimos años, los activistas de derechos humanos saharauis han sufrido restricciones de su trabajo, con prácticas como acoso, vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad, limitaciones de su libertad de circulación y, en algunos casos, procesamiento por amenazar la seguridad “interna" y “externa” de Marruecos. También se les ha impedido inscribir legalmente sus organizaciones, aparentemente con obstáculos administrativos de motivación política.

Mientras tanto, se ha encarcelado a activistas saharauis en favor de la independencia tras manifestaciones en las que pedían el derecho de autodeterminación para la población del Sáhara Occidental, y algunos de ellos han sido, según los informes, sometidos a tortura u otros malos tratos durante los interrogatorios por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas denuncias no se han investigado debidamente.

La represión de una protesta pacífica el sábado 23 de marzo en El Aaiún indica que el Sáhara Occidental sigue siendo una “línea roja” para las autoridades marroquíes, y que la expresión pacífica, por parte de saharauis, de opiniones contrarias a la postura oficial marroquí sobre el Sáhara Occidental se sigue reprimiendo.

Amnistía Internacional insta al Consejo de Seguridad a incluir un componente de vigilancia de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO cuando lo renueve este mes. La MINURSO es una de las pocas misiones establecidas bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU que no incluye un componente de derechos humanos. Esta función vital tampoco la desempeña la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), que no cuenta con presencia en la zona. Un mecanismo de las Naciones Unidas de vigilancia de los derechos humanos, con poder para inspeccionar los campos tanto del Sáhara Occidental como de Tinduf, proporcionaría información independiente e imparcial sobre la situación actual de los derechos humanos.