Ante la propuesta de disolución de todos los partidos políticos de Malí tras las consultas celebradas sobre la revisión de la Carta de los Partidos Políticos, Ousmane Diallo, investigador sobre el Sahel de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha manifestado:
“Nos alarma la propuesta de disolver los partidos políticos de Malí y advertimos de lo que constituiría un ataque flagrante al derecho a la libertad de expresión y de asociación. Las autoridades deben poner fin a la intensificación de la represión ejercida sobre el espacio cívico y defender los derechos humanos de toda la población del país, incluidas personas detractoras, defensores y defensoras de los derechos humanos e integrantes de la oposición política”.
“Nos alarma la propuesta de disolver los partidos políticos de Malí y advertimos de lo que constituiría un ataque flagrante al derecho a la libertad de expresión y de asociación”
“La disolución de los partidos políticos estaría en contradicción con la Constitución promulgada en 2023 por las autoridades de transición, que garantiza la existencia de partidos políticos y afirma su derecho a ‘formarse y actuar con libertad de conformidad con las condiciones establecidas por ley’.”
“Esta medida también sería incoherente e incompatible con las obligaciones internacionales de Malí en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos en los que este país es Estado Parte.”
Información complementaria
Las autoridades militares que gobiernan Malí han intensificado desde 2024 la represión de los partidos políticos.
Entre el 10 de abril y el 10 de julio de 2024, las autoridades suspendieron “las actividades de los partidos políticos y las actividades de las asociaciones de carácter político” por medio de un decreto y prohibieron cualquier tipo de cobertura informativa de las actividades políticas en el país. Varios partidos políticos habían pedido a esos poderes que respetaran la Carta de Transición y organizaran las elecciones que permitirían restablecer el orden constitucional.
En el diálogo nacional organizado por las autoridades en mayo de 2024 y boicoteado por la mayoría de los partidos políticos se había recomendado prorrogar la transición hasta lograr la “estabilización del país”. Entre las recomendaciones también figuraba el endurecimiento de las condiciones para crear partidos políticos y la eliminación de los recursos públicos que éstos reciben.
