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Los menores siguen pagando un precio elevado en el conflicto en curso

Decenas de niños han sido reclutados para luchar por las milicias pro-gubernamentales y los grupos armados de oposición en Malí © AFP / Getty Images

Menores acusados de pertenencia a grupos armados en el conflicto de Malí languidecen en cárceles para adultos mientras que los abusos contra los derechos humanos continúan, afirmó Amnistía Internacional en un breve informe publicado hoy.

El informe Malí: Todas las partes en el conflicto deben poner fin a las continuas violaciones de derechos humanosreúne las conclusiones de una visita de investigación para examinar la situación de los derechos humanos en el país.

“Los menores han sufrido durante todo el conflicto. Se ha reclutado como niños y niñas soldados a menores con apenas 16 años y los que están acusados de pertenencia a grupos armados están siendo recluidos junto con adultos, sin acceso a sus familiares ni asistencia letrada”, afirmó Gaëtan Mootoo, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

El informe pone de relieve los nuevos casos de menores detenidos y acusados de pertenencia a grupos armados y de posesión ilícita de armas de fuego y munición entre mediados de 2013 y 2014. En la actualidad, los menores permanecen recluidos junto con adultos, lo cual infringe las obligaciones internacionales de Malí en materia de derechos humanos, así como el memorando de entendimiento entre el gobierno maliense y las Naciones Unidas.

Desde el estallido del conflicto en enero de 2012, tanto las milicias progubernamentales como los grupos armados de oposición han reclutado a decenas de niños y niñas como combatientes. Las autoridades malienses han detenido a varios de ellos por presunta pertenencia a grupos armados y, actualmente, los mantienen bajo custodia tanto en la prisión civil de Bamako como en el campamento I de la gendarmería de esta misma ciudad. Los menores detenidos no reciben visitas de abogados ni de familiares, lo cual se debe, en parte, a que se encuentran recluidos lejos de sus domicilios.

El documento, que contiene las conclusiones de la visita de investigación que Amnistía Internacional llevó a cabo en Malí en junio de 2014, también ha sacado a la luz indicios de muertes bajo custodia y de los continuos actos violentos perpetrados contra la población civil por los grupos armados.

Amnistía Internacional investigó los enfrentamientos ocurridos en mayo del 2014 en Kidal, en el norte de Malí y documentó la inseguridad reinante y los ataques continuos contra civiles por parte de grupos armados de oposición como el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA), el Alto Consejo para la Unidad de Azawad (Haut conseil pour l'unité de l'Azawad, HCUA) y el Movimiento Árabe de Azawad (Mouvement arabe de l'Azawad, MAA).

La ciudad permanece bajo el control efectivo de los grupos armados de oposición desde que estalló el conflicto. La administración pública aún no ha reanudado su actividad, las escuelas permanecen cerradas y los órganos judiciales siguen fuera de servicio.

La delegación de Amnistía Internacional ha confirmado con varias fuentes, incluidos varios testigos presenciales, los homicidios intencionales perpetrados en la sede de gobernación de Kidal por miembros de grupos armados que, el 17 de mayo, allanaron el edificio y mataron intencionadamente a ocho civiles, incluidos seis representantes gubernamentales.

Amnistía Internacional pide que se lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales y efectivas de todas las denuncias de delitos de derecho internacional, y que se ponga a los presuntos autores a disposición de la justicia en juicios con las debidas garantías.

“Ya es hora de que las autoridades malienses pongan fin a las continuas violaciones de derechos humanos. Los grupos armados de oposición que controlan el norte del país deben interrumpir inmediatamente los secuestros y los homicidios intencionales de civiles, así como la toma de rehenes”, afirmó Gaëtan Mootoo.

“Se debe transferir a los menores que se encuentran recluidos en cárceles para adultos a organismos gubernamentales o a organizaciones que les garanticen la protección especial que exige el derecho internacional.”