Los jueces lores confirman que las “pruebas” obtenidas bajo tortura son inadmisibles

Londres.- En su primera reacción al fallo pronunciado hoy por los jueces lores, Amnistía Internacional ha manifestado que esta decisión deja perfectamente claro que las autoridades británicas tienen que cumplir las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional, el cual prohíbe terminantemente la tortura. "Es lamentable que haya sido necesario llevar al gobierno británico a los tribunales por este asunto –ha explicado la organización–. Las autoridades han estado dos años y medio intentando vergonzosamente defender lo indefendible.”  Los jueces lores han confirmado que las pruebas obtenidas mediante tortura no son admisibles jamás, salvo en los procedimientos seguidos contra el presunto torturador. EL fallo confirma la por lo demás absoluta inadmisibilidad de las “pruebas” obtenidas con tortura en los procedimientos judiciales en el Reino Unido. "Se trata de una decisión de capital importancia. El fallo de los lores declara inadmisible la aceptación tácita de que se puede consentir la tortura en ciertas circunstancias. Deja sin ápice de legalidad a los esfuerzos del gobierno británico por defender una política completamente ilegal y censurable, que intentaba aplicar en el marco de sus medidas antiterroristas.” "Los jueces británicos deben volver a examinar las causas en que se hayan podido utilizar ‘pruebas’ obtenidas con tortura.” "Ahora es preciso que el gobierno británico renuncie a los denominados memorándums de entendimiento, basándose en los cuales pretende expulsar a presuntos terroristas a países donde están expuestos a sufrir tortura. Tales memorándums no son más que otro intento de dar visos de legalidad a algo que es ilegal.” Información complementaria En octubre de 2005, los jueces lores vieron un recurso presentado por 10 ciudadanos extranjeros que habían sido recluidos anteriormente sin cargos ni juicio contra una sentencia de agosto de 2004 en la que el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales había declarado admisible como “prueba” en los tribunales la información obtenida mediante la tortura de una persona que no fuera parte en los procedimientos siempre que la tortura no hubiera sido practicada por agentes británicos ni en connivencia con ellos. Amnistía Internacional encabezó una coalición formada por 13 organizaciones más que se propusieron intervenir conjuntamente en el caso presentando argumentos oralmente y por escrito a los jueces lores para pedirles que anularan el fallo del Tribunal de Apelaciones. En la intervención ante el más alto tribunal del Reino Unido, los abogados de la coalición sostuvieron convincentemente que, de acuerdo con el derecho internacional, la tortura está absolutamente prohibida en todas las circunstancias y que ninguna declaración obtenida con tortura debe admitirse jamás como prueba, excepto en los procedimientos contra los torturadores. La coalición estuvo representada, gratuitamente, por Keir Starmer QC, Mark Henderson, Joseph Middleton, Peter Morris y Laura Dubinsky, abogados de Doughty Street Chambers, y Richard Stein, Jamie Beagent, Rosa Curling y Jo Hickman, de Leigh Day & Co Solicitors. Junto con Amnistía Internacional, conformaban la coalición las organizaciones siguientes: Centro de Asesoramiento sobre Derechos Individuales en Europa (AIRE CENTRE), Asociación para la Prevención de la Tortura, British Irish Rights Watch, Comité sobre la Administración de Justicia, Doctors for Human Rights, Human Rights Watch, Federación Internacional de Derechos Humanos, INTERIGHTS, Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, Liberty, Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas de Tortura, REDRESS y Organización Mundial contra la Tortura.