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Los homicidios, las violaciones y las detenciones arbitrarias tienen que acabar

El gobierno de Guinea Ecuatorial debe poner fin de inmediato a las ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, ha afirmado hoy 5 de julio Amnistía Internacional.

 

Tras un ataque perpetrado el 29 de mayo de 2004 por varios individuos contra el cuartel militar de la isla de Corisco, el gobierno puso en marcha una campaña de detenciones en Bata, la ciudad más importante en territorio continental. Familiares y personas relacionadas con quienes participaron en la incursión de Corisco eran el objetivo principal de las autoridades. La campaña de detenciones también iba dirigida contra las personas relacionadas con el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), partido prohibido, y contra sus familiares y amigos.

 

Los informes recibidos parecen indicar que, tras ser descubiertos por soldados, los asaltantes se dispersaron e intentaron escapar. Al menos cinco, según informes, lograron llegar a un barco y huyeron a Libreville. Los que se quedaron fueron acorralados por los soldados, quienes, según informes, los mataron a tiros en el acto. Los que se rindieron también fueron ejecutados sumariamente. Según informes, las ejecuciones no pararon hasta la llegada a la isla de un alto mando del ejército. Cinco sobrevivientes fueron detenidos y se cree que han sufrido torturas y violaciones. El número de muertos se situó, según cálculos, entre 12 y 16.

 

Tras el asalto a la isla de Corisco, las fuerzas de seguridad gabonesas emprendieron la persecución de ciudadanos de Guinea Ecuatorial en Libreville, así como de amigos y familiares de los participantes en el ataque. Se detuvo a un número indeterminado de personas, entre ellas el presunto cabecilla de la incursión, Adolfo Obiang Bicó. Parece ser que la mayoría de los detenidos quedaron en libertad a los pocos días. Sin embargo, cinco personas que habían huido de la isla de Corisco fueron detenidas y “extraditadas” a Guinea Ecuatorial. Se cree que actualmente están encarceladas en la prisión de Black Beach, en Malabo. Ni las autoridades de Gabón, ni las de Guinea Ecuatorial han ofrecido información pormenorizada sobre estos detenidos, el lugar de su detención y los cargos formulados en su contra.

 

Al no existir tratado de extradición entre Guinea Ecuatorial y Gabón, Amnistía Internacional considera que esa extradición es ilegal y no respeta las normas internacionales de derechos humanos.

 

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Guinea Ecuatorial que pongan fin a la detención ilegítima de personas que no han cometido delito alguno por estar emparentadas con personas buscadas por las fuerzas de seguridad.

 

“Es preciso que investiguen todos los informes sobre abusos contra los derechos humanos que han sucedido al asalto a la isla de Corisco” indica la organización.

 

“Más aún, deben permitir el acceso inmediato de abogados, familiares y personal médico a todos los detenidos y emprender con carácter urgente una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre el homicidio de los presuntos asaltantes de la isla de Corisco y sobre los disparos efectuados deliberadamente contra Marcelino Nguema Esono, ex miembro del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, así como los numerosos informes de tortura y violación. Las conclusiones de dicha investigación se deben dar a conocer públicamente”, ha manifestado Amnistía Internacional.

 

Información general

 

El 30 de mayo de 2004, las autoridades de Guinea Ecuatorial anunciaron que la noche anterior un grupo de ecuatoguineanos residentes en Libreville había asaltado la isla de Corisco y que los soldados destinados allí habían matado a cinco de los asaltantes y capturado a otros cinco. Según informes, cuatro hombres y una mujer fueron exhibidos por la televisión nacional “confesando” que el asalto a la isla de Corisco era un primer paso para lanzar desde allí ataques contra Malabo, la capital, situada en la isla de Bioko, y Bata, la ciudad más importante en el continente.

 

En marzo de 2004, las autoridades de Guinea Ecuatorial acusaron a Severo Moto, ex líder del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) en el exilio, de conspirar para derrocar al gobierno con un grupo de presuntos mercenarios detenidos en Malabo. Varios miembros del partido pasaron a la clandestinidad para evitar ser detenidos. Familiares próximos a ellos fueron detenidos como medida de fuerza para que se entregaran.

 

Amnistía Internacional ha expresado gran inquietud por la salud y la seguridad de Marcelino Nguema Esono, otro miembro del partido. Fue detenido por razones desconocidas la noche del 27 de junio en el domicilio de su cuñado, cuando veían un partido de fútbol por televisión. Estaba escondido desde marzo. Agentes de seguridad vestidos de civil y armados irrumpieron en la vivienda y dispararon intencionadamente contra Marcelino Nguema, que fue alcanzado en el estómago. A continuación la policía lo condujo, junto a su cuñado y otras dos personas, a la jefatura de policía de Bata. El 29 de junio los cuatro fueron trasladados a la prisión de Malabo, donde no tienen acceso a personal médico ni a un abogado.

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