Los desalojos forzados en Lagos dejan sin hogar a miles de personas

Centenares de nigerianos y nigerianas siguen durmiendo a la intemperie casi nueve meses después de que excavadoras y policías llegaran a la comunidad de Makoko, en Lagos, y demolieran casas, iglesias, una mezquita y una clínica. Después de tres días de destrucción, la comunidad quedó arrasada, y unas 3.000 personas –muchas de ellas ya en la miseria– se quedaron sin hogar. En un informe hecho público hoy, 24 de enero, Amnistía Internacional, en colaboración con el Centro de Acción por los Derechos Económicos y Sociales (SERAC, por sus siglas en inglés) –organización con sede en Lagos–, revela cómo no se dio aviso previo a los habitantes de la comunidad de la demolición de sus casas y sus bienes, llevada a cabo entre el 27 y el 29 de abril de 2005. Muchas de las personas que quedaron sin hogar dijeron a representantes de Amnistía Internacional que visitaban la comunidad destruida, que agentes encargados de hacer cumplir la ley las habían golpeado cuando trataban de impedir que las fuerzas de demolición del gobierno destruyeran todas sus pertenencias. En su relato dijeron que los agentes prendieron fuego a los restos de la destrucción, para asegurarse de que no podían utilizarse para reconstruir casas. "Los sucesos de Makoko constituyen desalojo forzado y, por lo tanto, son una grave violación de los derechos humanos de los habitantes de la comunidad", ha manifestado Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. "Los desalojos forzados, llevados a cabo sin consulta, sin notificación adecuada, sin proceso debido, sin protección legal, sin resarcimiento y sin medidas adecuadas de reasentamiento, constituyen una grave violación de los derechos humanos." "El gobierno de Nigeria incumple sistemáticamente su obligación internacional de no llevar a cabo desalojos forzados. Además, no garantiza que se aplique la ley a aquellos de sus agentes y a terceras partes que llevan a cabo esos desalojos ilegales." En Lagos, la tierra es un objeto cada vez más deseado por los promotores inmobiliarios. La zona de Makoko está junto a un gran puente, que le da un acceso fácil a una de las principales autopistas de transporte de Lagos. "Los habitantes de Lagos sin recursos económicos pagan un elevado precio por vivir en una tierra cuyo valor ha aumentado: tienen que ver cómo sus casas son arrasadas por las excavadoras del gobierno", ha declarado Felix Morka, director ejecutivo de SERCA, en Lagos. "Estos desalojos y destrucciones deben cesar." Las víctimas de desalojos forzados de Nigeria tienen un acceso muy limitado a la justicia, ya que sólo hay disponible asistencia letrada gratuita para cuestiones penales, no para cuestiones civiles como las disputas de tierras. Los desalojos forzados van a menudo acompañados de otras violaciones de derechos humanos, especialmente el uso de fuerza excesiva para llevarlos a cabo y para impedir que los habitantes traten de proteger sus hogares. A las víctimas frecuentemente las golpean, las detienen arbitrariamente, las someten a trato cruel, inhumano y degradante, y las dejan sin acceso a comida adecuada, a agua limpia y a instalaciones higiénicas, entre otras violaciones de derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos y los periodistas que investigan casos de desalojos forzados se enfrentan también a acosos, y en algunos casos han recibido palizas. Las principales víctimas del uso de fuerza excesiva durante los desalojos son las mujeres, los niños y los ancianos, ya que los desalojos suelen llevarse a cabo durante el día, cuando la mayoría de los hombres están trabajando. Las mujeres se ven también expuestas a la violencia después de los desalojos, cuando los hombres parten en una búsqueda desesperada de un alojamiento alternativo para sus familias. La violencia a la que se enfrentan incluye violación y otros actos de violencia sexual, y robo a mano armada. "Instamos al gobierno de Nigeria a poner fin de inmediato a todos los desalojos forzados y a garantizar que todas las víctimas de los desalojos ya llevados a cabo cuentan con alojamiento alternativo y reciben un resarcimiento efectivo, que incluya una indemnización adecuada", ha declarado Kolawole Olaniyan. "También pedimos que el gobierno dicte una suspensión inmediata de todos los demás desalojos hasta que se establezca en todo el país una política adecuada de alojamiento, basada en los derechos humanos." Información complementaria Los desalojos forzados no son un fenómeno nuevo en Nigeria. Se calcula que, en los últimos cinco años, más de 1,2 millones de personas han sido desalojadas por la fuerza de sus hogares en distintas partes del país. Estos desalojos tienen por lo general como víctimas a personas marginadas, muchas de las cuales llevan años viviendo sin acceso a agua limpia, a instalaciones higiénicas o a servicios adecuados de salud o de educación. La pobreza es un mal generalizado en Nigeria, a pesar de que el país es uno de los principales productores de petróleo de África. La población actual de Lagos se calcula en unos 13 millones de habitantes, y es una de las que más rápidamente crecen del mundo. La ONU estima que alcanzará los 24 millones de habitantes en 2010, convirtiéndose en la tercera ciudad más grande del mundo. El gobierno del estado de Lagos ha designado 43 comunidades empobrecidas de Lagos, entre ellas Makoko, como zonas "asoladas". Los tratados internacionales de derechos humanos, en los que Nigeria es parte, prohíben los desalojos forzados, una práctica que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido como una grave violación de una serie de derechos humanos, especialmente el derecho a una vivienda adecuada. En la causa Center for Economic and Social Rights and Social and Economic Rights Action Center (SERAC) v. Nigeria (155/96), relativa a los desalojos forzados y a otras violaciones de derechos humanos en el contexto de la explotación del delta del Níger, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos resolvió que el gobierno nigeriano había violado el derecho a una vivienda adecuada en virtud de los artículos 14, 16 y 18.1 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Sin embargo, esta decisión todavía no se ha aplicado.