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Reunión del Ministro de Exteriores español con su homóloga colombiana

Los derechos humanos deben ser prioritarios en las relaciones bilaterales

Tres sindicalistas muertos y una defensora de derechos humanos amenazada

Madrid.- Ante la reunión que hoy lunes mantendrán el Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y su homóloga colombiana, Carolina Barco, Amnistía Internacional (AI) pide al Gobierno español que reclame firmemente al ejecutivo colombiano que aplique las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el desmantelamiento de grupos paramilitares, la impunidad y la protección de la población civil. Esta petición se realiza por segunda vez al gobierno español en menos de un mes, después de no haber recibido respuesta de éste, tras la reunión de ambos gobiernos en julio pasado.

 

Para Amnistía Internacional, la llamada “política de seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe, lejos de mejorar y, al contrario de lo que sugieren las autoridades colombianas, ha agravado la situación de derechos humanos en los últimos años, afectando especialmente a la población civil.

 

“Sólo en 2003, más de 3.000 civiles fueron asesinados por razones políticas y al menos hubo 600 “desaparecidos”, muchos de ellos a manos de grupos paramilitares. Miles de defensores de los derechos humanos siguen sufriendo ataques por realizar su trabajo”, asegura la organización.

 

Como ejemplos, están las recientes muertes de tres sindicalistas el pasado 5 de agosto a causa de los disparos efectuados presuntamente por miembros del Batallón “Gabriel Revéis Pizarro” de la XVIII Brigada del Ejército colombiano, en el departamento de Arauca; o las amenazas de muerte recibidas por la activista de derechos humanos, Lila Solano, tras llevar a cabo una protesta en el Congreso Nacional contra los posibles planes del gobierno de conceder inmunidad procesal a los grupos paramilitares respaldados por el ejército.

 

Además, seis líderes indígenas y el chófer de uno de ellos han sido secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recientemente entre los días 22 y 25 de agosto. Amnistía Internacional ha pedido su liberación inmediata e incondicional. “Estos últimos casos de secuestros y toma de rehenes muestran un abierto desprecio por las vidas de los civiles y representan una flagrante vulneración del derecho internacional humanitario”, ha declarado la organización. En 2003, alrededor de 2.200 personas fueron secuestradas, más de la mitad de ellas por grupos armados de oposición y paramilitares respaldados por el ejército.

 

Recomendaciones al Gobierno español

Amnistía Internacional considera que el Gobierno español no debe ignorar la grave crisis de derechos humanos que sufre Colombia, así como la reiterada falta de cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas para solucionar la misma. Ante la visita de la titular de Exteriores a Madrid, la organización pide al Ministro español que transmita a su homóloga colombiana:

 

La necesidad de avances en la puesta en práctica de las recomendaciones de la ONU sobre el desmantelamiento de los grupos paramilitares, la lucha contra la impunidad y la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunidades civiles.  En concreto, debe instar al Gobierno colombiano a poner fin a su peligrosa campaña para deslegitimar el trabajo llevado a cabo por los defensores de derechos humanos.

 

La necesidad de dar marcha atrás en el desarrollo de las medidas de seguridad que involucran más a la población civil en el conflicto como son las redes de informantes y el ejército de soldados campesinos, así como las medidas legislativas que amenazan con fortalecer la impunidad por graves violaciones de derechos humanos.

 

Por último, Amnistía Internacional, solicita al Ministro español que transmita la preocupación que existe por los casos antes mencionados, instando a que se lleve a cabo una investigación imparcial y exhaustiva del homicidio de los  tres sindicalistas, que se hagan públicos los resultados de la investigación y que los responsables de estas muertes sean llevados ante los tribunales; y que exprese, igualmente, la preocupación latente por la seguridad de Lilia Solano, con el objetivo de que tanto a ella como a otros defensores de derechos humanos se les ofrezca protección efectiva, para que puedan llevar a cabo su labor legítima y muy importante.

 

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