Los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo siguen en peligro un año después de los incidentes de Ceuta y Melilla

Madrid.- Un año después de que 13 personas migrantes murieran y cientos resultaran heridas al tratar de entrar en Ceuta y Melilla, aún no han concluido las investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes que participaron en los incidentes, y no se han tomado medidas preventivas. En un nuevo informe basado en los testimonios de las víctimas y en los contactos que Amnistía Internacional ha mantenido en el último año con las autoridades de España y de Marruecos, la organización ha expresado su preocupación por la falta de garantías de que las investigaciones van a ser minuciosas, imparciales y efectivas y por la ausencia de medidas disciplinarias en relación con las muertes y el maltrato de los migrantes. Esto supone que, en la práctica, hasta ahora existe una situación de impunidad. "Las autoridades de España y Marruecos no sólo hicieron un uso excesivo de la fuerza para devolver  a estas personas migrantes y solicitantes de asilo, sino que en muchos casos las expulsaron inmediatamente y en masa a países donde podrían correr peligro de ser torturadas o sufrir otros malos tratos”, ha dicho Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.  "Muchas de estas personas habían huido de países desgarrados por conflictos, donde reinan la pobreza extrema y las enfermedades, y entre ellas había algunas que ejercían su derecho a solicitar asilo. Al expulsarlas, ambos países violaron sus obligaciones nacionales e internacionales sobre migrantes y solicitantes de asilo.” Aún en julio de 2006 murieron otras tres personas al tratar de entrar a España desde Marruecos.  Al día siguiente, el ministro del Interior de España accedió a proporcionar a Amnistía Internacional información actualizada sobre la investigación de éste y anteriores incidentes, algo que hasta ahora la organización no ha recibido. "El ministro del Interior de España debe cumplir su palabra y facilitar el resultado de las investigaciones, así como asegurarse de que las normas sobre uso de la fuerza están en consonancia con el derecho y las normas internacionales, tal y como se comprometió con Amnistía Internacional en una reunión celebrada el pasado mes de julio”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. "Debe crearse un organismo independiente con recursos suficientes para investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos graves por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.” Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por las denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil española –que incluyen el uso, a corta distancia, de armas de fuego y gruesas balas de goma– en los enfrentamientos con migrantes y solicitantes de asilo que intentaban escalar las vallas para entrar en Ceuta y Melilla.  Más aún, cuando son interceptadas por agentes de la Guardia Civil española en la zona entre las dos vallas fronterizas, estas personas a menudo son expulsadas inmediatamente y de forma ilegal a través de la puerta de la valla más cercana a territorio marroquí. En ningún momento tienen oportunidad de recibir asistencia letrada ni acceso a un intérprete, como exige la ley española. Amnistía Internacional encuentra inaceptable la afirmación de las autoridades españolas de que la Ley de Extranjería de España no es de aplicación plena entre las dos vallas fronterizas.  "No se puede dejar a la gente en un limbo legal. Es preciso decidir sobre su condición jurídica”, señaló Esteban Beltrán. Al otro lado de la frontera con España, este año, como en años anteriores, miles de personas han sido detenidas por las autoridades marroquíes, que sospechaban su condición de migrantes irregulares, y expulsadas a la frontera con Argelia, cerca de la ciudad de Oujda. Los detenidos siguen siendo expulsados poco después de su detención, sin posibilidad de impugnar la decisión de expulsarlos ni de examinar el fundamento de dicha decisión, a pesar de que la ley de Marruecos garantiza estos derechos. Una vez en Argelia, a menudo son tratados de la misma forma por las autoridades argelinas, que los expulsan sumariamente de nuevo a la frontera de Marruecos o a otros países vecinos. "Es preciso poner fin a las expulsiones inmediatas y colectivas. Son ilegales, pues no examinan cada caso ni identifican a las personas solicitantes de asilo. Además, la forma en que se llevan a cabo a menudo pone en peligro la integridad física de las personas expulsadas”, ha afirmado Nicola Duckworth. Amnistía Internacional sigue recibiendo informes según los cuales entre las personas detenidas y expulsadas hay solicitantes de asilo, aunque este año en menor número que el pasado. Especialmente preocupantes son las denuncias de que funcionarios marroquíes han confiscado documentos del ACNUR que confirman la condición de solicitantes de asilo de estas personas y los han destruido delante de ellas. Amnistía Internacional insta a la Unión Europea (UE) a que se asegure de que España, Estado miembro de la organización, lleva a cabo sin demora investigaciones minuciosas, independientes e imparciales sobre el uso excesivo de la fuerza o de las armas de fuego por parte de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que asimismo se asegure de que cualquier acuerdo de readmisión firmado entre la UE y Marruecos incorpora disposiciones adecuadas en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional va a enviar los resultados de sus investigaciones a los organismos internacionales de derechos humanos (Naciones Unidas y Consejo de Europa) con el fin de que presten atención a la ausencia de resultados visibles en relación con los hechos ocurridos hace un año en Ceuta y Melilla. Información general En octubre de 2005, una delegación de Amnistía Internacional visitó las ciudades de Ceuta y Melilla (España) y de Nador, Oujda, Rabat y Tánger (Marruecos) para investigar las denuncias de abusos cometidos por las autoridades españolas y marroquíes contra personas solicitantes de asilo y migrantes. Durante su visita, Amnistía Internacional recibió preocupantes informes sobre las violaciones de derechos humanos que sufren las personas que intentan cruzar la frontera.