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Los candidatos presidenciales deben resolver el legado del conflicto

En una carta hecha pública hoy, en vísperas de las elecciones presidenciales del 9 de septiembre, Amnistía Internacional ha instado a los candidatos a la presidencia de Guatemala a que pidan el fin de la actual violencia política y resuelvan el oscuro legado del conflicto armado interno abordando el problema endémico de la impunidad en el país.

”El hecho de que los responsables de los miles de homicidios, violaciones, torturas y desapariciones forzadas que hubo en el país durante los 36 años de conflicto no hayan respondido de sus actos ha sido la causa de la actual proliferación de grupos clandestinos que operan con la más total impunidad, generando un ciclo inacabable de abusos contra los derechos humanos. Resolver el pasado es la única forma de mejorar el futuro”, ha dicho Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. "Millones de guatemaltecos y guatemaltecas están atrapados en un círculo de pobreza, violencia, discriminación e impunidad. La violencia contra las mujeres, la discriminación contra los pueblos indígenas, la crisis en el sistema de seguridad público y la impunidad endémica sufrida por todos son sólo síntomas de la crisis de derechos humanos que afronta Guatemala”, ha afirmado Howard.

"Los informes de violencia en el marco de la campaña electoral son sumamente preocupantes. Amnistía Internacional pide a todos los candidatos que condenen de inmediato los actos de violencia política y se aseguren de que la campaña electoral se lleva a cabo de forma compatible con el respeto al estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos.”

En la carta, Amnistía Internacional pone de relieve algunos de los principales motivos de preocupación de la organización sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, como la impunidad endémica de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y actualmente, los abusos sufridos por las mujeres y los pueblos indígenas y los ataques contra activistas de derechos humanos.

En los últimos años la situación de la seguridad pública se ha deteriorado y la policía informa de unas tasas de asesinato cada vez más elevadas. En este marco, las fuerzas de seguridad han sido acusadas de estar implicadas en casos de torturas y homicidios de personas que consideran delincuentes o miembros de bandas juveniles, algunas de ellas menores. La mayoría de estos informes nunca se investigan.

Cientos de mujeres en Guatemala siguen siendo víctimas de abusos sexuales y homicidios. Según los informes de la policía, sólo en 2006 hubo 581 homicidios de mujeres, que pasaron a engrosar la cifra de más de 2.200 mujeres brutalmente asesinadas desde 2001. Se ha progresado poco en la investigación de estos casos y las mujeres siguen en grave peligro.

La carta de Amnistía Internacional señala también la precaria situación en que se encuentran las personas que viven en zonas rurales, incluidas las poblaciones indígenas, que a menudo sufren un elevado grado de pobreza y se encuentran en medio de violentas disputas sobre la tenencia y la propiedad de las tierras. Desde 2004, Amnistía Internacional ha recibido informes de más de 85 desalojos en toda Guatemala. Muchos de ellos han tenido como consecuencia graves violaciones de derechos humanos, lesiones y pérdidas de viviendas.  

La organización expresó asimismo su preocupación por las amenazas, intimidaciones y ataques que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala. Según organizaciones locales, sólo en los primeros seis meses de 2007 ha habido unos 136 casos de intimidaciones o ataques contra activistas. La organización también registró 577 incidentes entre 2004 y 2006. La mayoría de estos casos no fueron investigados y quedaron impunes.

“Sin una verdadera voluntad política de los candidatos a la presidencia de actuar para poner fin a estos abusos, el verdadero cambio en Guatemala será lento y difícil. Amnistía Internacional pide a todos los candidatos presidenciales que se comprometan expresamente a demostrar en la práctica la voluntad política necesaria para resolver los motivos de preocupación en el ámbito de los derechos humanos”, ha dicho Kerrie Howard.

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