En medio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel cerca de prisiones y de los ataques contra centros de seguridad donde se suele recluir a detenidos, las autoridades iraníes han liberado a algunos presos, según informes de defensores de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades se niegan a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidas las recluidas por motivos políticos, y a conceder la libertad humanitaria temporal a otras, exponiéndolas conscientemente a un grave riesgo de muerte o de sufrir daños graves. Entre estas personas se encuentran menores de edad. Los ataques directos contra bienes civiles, como las cárceles, constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra.
Según familiares de las personas presas y defensores de derechos humanos, desde que comenzaran los ataques, el pasado 28 de febrero, y las autoridades iraníes cerraran el acceso a internet, se han producido explosiones cerca de la prisión de Evin y la Penitenciaría Central del Gran Teherán, en la provincia de Teherán; la prisión de Zanjan, en la provincia de Zanjan; y la prisión de Mahabad, en la provincia de Azerbaiyán Occidental; y se ha informado de ataques contra instalaciones de seguridad que albergan a personas presas, incluidas instalaciones del Ministerio de Inteligencia y comisarías de policía en Teherán; Mahabad y Urumieh, en la provincia de Azerbaiyán Occidental; Sanandaj, en la provincia del Kurdistán; y Kermanshah, en la provincia de Kermanshah.
Ante esta situación, es preocupante que las autoridades iraníes nieguen a las personas presas comida y agua adecuadas, y sometan a algunas a desaparición forzada, así como a tortura y otros malos tratos, incluso como represalia por protestar. Según la Red de Derechos Humanos del Kurdistán, el pasado 3 de marzo, las fuerzas de seguridad de la prisión de Mahabad lanzaron gases lacrimógenos contra los presos tras protestar exigiendo su liberación tras oír explosiones. Por otra parte, Amnistía internacional ha sabido que, en la prisión de Evin, las personas detenidas en la Sección 209, utilizada por el Ministerio de Inteligencia para recluir a activistas y disidentes, han sido trasladadas a lugares no identificados. Las autoridades no proporcionan a las familias información alguna o información contradictoria sobre su paradero. El temor de las familias por la seguridad de sus familiares encarcelados ha aumentado tras recibir información de que sus seres queridos podrían haber sido trasladados al complejo Shahrak Mahallati, en la zona de Mini-City, a las afueras de Teherán, donde residen comandantes y personal militar. Las familias de defensores y defensoras de derechos humanos y de otras personas presas también han informado de escasez de alimentos, agua y productos sanitarios, incluso en la prisión de Evin, la prisión de Shahr-e Rey y la Penitenciaría Central del Gran Teherán.
Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente en la que exige a las autoridades iraníes que pongan en libertad de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente, incluso por deudas financieras, así como a conceder la libertad humanitaria a las demás personas presas, especialmente a las detenidas en prisión preventiva; a las condenados por delitos menores no violentos; y a quienes puedan optar a la libertad condicional, y a que revele a sus familias la suerte y el paradero de todas ellas. “Irán debe cumplir con su obligación, en virtud del derecho internacional humanitario, de retirar, en la medida de lo posible, a todas las personas presas y demás civiles de las proximidades de objetivos militares”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Información complementaria
A principios de marzo de 2026, los funcionarios dijeron a las personas detenidas por delitos con motivación política, incluidas las de la prisión de Evin y la prisión de Urumieh, que no serían liberadas mientras que otros prisioneros, como los detenidos por delitos comunes, serían elegibles para la liberación temporal. El corte de internet impuesto desde el 28 de febrero de 2026 ha restringido severamente el acceso a la información sobre las prisiones, y es probable que el número de sitios de detención afectados cerca de donde se han producido explosiones sea mayor.
Amnistía Internacional ha documentado repetidamente durante años cómo cientos de personas (manifestantes, periodistas, artistas, abogados, escritores, académicos, estudiantes universitarios, personas LGBTI, miembros de minorías étnicas y religiosas y defensores de los derechos humanos) son detenidas arbitrariamente, incluso únicamente por ejercer sus derechos humanos.
Aquí puedes ver la Acción Urgente que hemos lanzado.
