Los asesinos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser llevados ante la justicia

Amnistía Internacional condena sin reservas el homicidio de hasta 70 personas en São Paulo a lo largo de los últimos días, tras los ataques lanzados por la banda delictiva Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC). El viernes 12 de mayo hubo ataques contra varias comisarías, vehículos policiales y agentes de policía fuera de servicio. Según los informes, los ataques fueron organizados por el PCC como represalia por el traslado de sus dirigentes a una prisión de alta seguridad, y duraron varios días. No hay nada que pueda justificar el uso de la violencia delictiva extrema, y Amnistía Internacional pide al Estado que se asegure de que los responsables son llevados ante la justicia. Amnistía Internacional ha manifestado que los ataques y homicidios contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son una amenaza a la existencia de una seguridad pública equitativa y justa para todos los habitantes de Brasil. Si no se garantizan la seguridad y los derechos humanos de estos funcionarios, se socava su capacidad de cumplir con su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población brasileña. Tras estos homicidios, es hora de que los gobiernos de São Paulo y Brasil se pregunten cuántos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuántos jóvenes pobres negros o mestizos y cuántos transeúntes inocentes deben morir antes de abordar los profundos problemas sistémicos del sistema de justicia penal, unos problemas que hacen que se mantenga inmutable el estremecedor número de muertes violentas. Amnistía Internacional ha señalado que las respuestas ofrecidas –como reacción a determinados incidentes y por motivos electorales– a los problemas de seguridad pública no han reducido la violencia delictiva. La larga ausencia de medidas para poner en práctica reformas efectivas y necesarias en los sistemas de seguridad pública, judicial y penitenciario han dado lugar a un sistema de justicia penal que, en palabras del ministro de Justicia, es “una cadena de montaje para la delincuencia”. Las fuerzas de seguridad, sin la preparación adecuada y trabajando por encima de su capacidad, nunca podrán llenar el hueco dejado por la ausencia de las políticas de seguridad pública a largo plazo y dirigidas a la sociedad que son necesarias para erradicar los niveles extremadamente altos de violencia delictiva. Amnistía Internacional reconoce que las autoridades estatales tienen el deber de establecer el Estado de derecho. No obstante, la organización insta a las autoridades a garantizar que todas las medidas que se tomen respetan las normas internacionales de derechos humanos con el fin de prevenir toda pérdida de vidas. Información complementaria Según los informes, más de 60 personas han muerto, entre ellas agentes de la policía militar y civil, guardias municipales, funcionarios de prisiones, civiles y varios supuestos delincuentes implicados en los ataques. Al mismo tiempo, estallaron disturbios en más de 70 prisiones, centros de detención y centros de reclusión de menores en São Paulo y otros estados. Se cree varios centenares de personas permanecen aún retenidas como rehenes. Hasta el momento, las autoridades han detenido a 80 personas a las que se cree implicadas en los ataques. El PCC es una banda delictiva que nació en el sistema penitenciario de São Paulo, y según parece durante algún tiempo ha dominado ese mismo sistema. En febrero de 2001 se informó de que el PCC había organizado una mega-rebelión en la que 29 prisiones y centros de detención de São Paulo se amotinaron simultáneamente. Su poder ha salido ahora de los confines del sistema penitenciario, y domina las vidas de muchas personas en las comunidades más pobres de São Paulo. Los métodos adoptados por las autoridades del estado para terminar con esta banda han tenido efectos contrapuestos. En 2002, las autoridades estatales crearon el Régimen Disciplinario Diferenciado (Regime Diciplinar Diferenciado, RDD), un sistema interno de castigos para los declarados culpables de cometer delitos dentro del sistema penitenciario. Se ha acusado a este sistema de contravenir las normas internacionales de derechos humanos.