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Llamamiento a la calma tras la violencia desatada en una protesta minera

El padre Marco Arana en una comparecencia ante la Comisión de Pueblos Andinos del congreso peruano el año 2010. © Congreso de la Republica del Perú

Las autoridades locales y los dirigentes sociales de la región de Cajamarca, al norte de Perú, deben hacer urgentemente un llamamiento a la calma, ha manifestado Amnistía Internacional después de que en las protestas celebradas contra una mina de oro estallase la violencia, causando la muerte de al menos cuatro personas.

Desde el miércoles, las autoridades peruanas han impuesto el estado de excepción en tres provincias del norte del país en respuesta a los enfrentamientos, en los que también han resultado heridas más de 20 personas —entre las que se incluyen tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad— y han dado lugar a decenas de detenciones durante los últimos dos días.

“La preocupante intensificación de los conflictos sociales sobre los recursos naturales en Perú allana el camino a la comisión de una serie de graves violaciones de los derechos humanos”, ha señalado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

Es fundamental que se abra una investigación completa, imparcial e independiente sobre los últimos enfrentamientos, y que los responsables de causar pérdidas de vidas humanas rindan cuentas. Las fuerzas de seguridad pueden únicamente utilizar la fuerza mínima necesaria para evitar la pérdida de vidas humanas y lesiones graves a sí mismos o a otros.”

Entre las personas que permanecieron detenidas temporalmente el miércoles se encontraba Marco Arana, uno de los dirigentes del movimiento contra la construcción de la mina de oro más grande de Perú que existe en las inmediaciones —a la que se conoce por Conga—, que supervisan Newmont, empresa minera estadounidense, y una filial local. Marco Arana denunció que la policía lo golpeó mientras se encontraba detenido.

A Amnistía Internacional le causa honda preocupación la situación de las personas detenidas y la capacidad del colectivo de defensores de los derechos humanos de desempeñar su labor sin temor a sufrir represalias. “Incluso en un estado de excepción, las autoridades deben respetar el derecho de las personas a la vida y la integridad física, y debe garantizarse a las personas detenidas su derecho al debido proceso”, ha afirmado Guadalupe Marengo.