Quince años después de que la población libia se levantara contra el régimen represivo de Muamar al Gadafi, la impunidad sistémica favorece que milicias y grupos armados cometan crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos mientras se elude proporcionar justicia y reparación a sobrevivientes y familiares de víctimas; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En lugar de comparecer ante tribunales en juicios justos, los presuntos autores de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otros crímenes de derecho internacional así como violaciones de derechos humanos han sido asesinados o continúan en libertad. Entre ellos hay fugitivos de la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de la positiva medida adoptada en mayo de 2025 por el Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli de aceptar la jurisdicción de la Corte sobre los presuntos crímenes cometidos en Libia de 2011 a 2027.
“Durante 15 años, las sucesivas autoridades libias no han desarticulado las redes de abuso que alimentan las violaciones de derechos constantes, sino que han financiado y legitimado a milicias tristemente conocidas por sus abusos y han incorporado a sus miembros en instituciones del Estado sin someterlos a las debidas comprobaciones de antecedentes. Al permitir que los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional eludan la rendición de cuentas, las autoridades traicionan a las personas sobrevivientes y refuerzan un círculo vicioso de violencia y desgobierno que no da señales de acabar”, ha afirmado Mahmoud Shalaby, investigador de Amnistía Internacional sobre Egipto y Libia.
“La aceptación de la jurisdicción de la CPI por el Gobierno de Unidad Nacional carece de valor si no va acompañada de medidas concretas. El homicidio de Saif al Islam Gadafi este mismo mes pone de manifiesto que la falta de capacidad y de voluntad del sistema de justicia libio para garantizar rendición de cuentas e irreversibilidad despoja a sobrevivientes y familiares de víctimas de su derecho a obtener verdad y justicia. Las autoridades libias deben cooperar de manera significativa con la CPI, entregar a los individuos buscados por crímenes de derecho internacional y garantizar que todas las personas sospechosas de responsabilidad penal comparecen ante la justicia en juicios justos”.
Desde que el Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación de Libia a la Corte Penal Internacional en febrero de 2011, sólo uno de 14 sospechosos ha sido entregado a la Corte. El 1 de diciembre de 2025, las autoridades alemanas entregaron a la Corte a Khaled Mohamed Ali El Hishri (conocido como “Al Buti”), miembro veterano y alto cargo del Aparato Disuasorio para Combatir el Terrorismo y la Delincuencia Organizada (DACTO), también conocido como Al Radaa, milicia de pésima fama con sede en Trípoli. La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra él por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en relación con incidentes en la prisión de Mitiga de Trípoli, controlada por DACTO.
El Gobierno de Unidad Nacional, así como las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), que son las autoridades de facto en el este y sur de Libia, persisten en su negativa a arrestar o entregar a nacionales de Libia contra quienes pesan órdenes de detención de la CPI por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Ocho ciudadanos libios sujetos a órdenes de detención de la CPI continúan en libertad.
Amnistía Internacional escribió a la Fiscalía General de Libia el 2 de febrero de 2026 para preguntar por el paradero de dos individuos arrestados en Libia y por las actuaciones penales contra ellos, ya que se desconoce su situación actual y se teme que los estén protegiendo de la rendición de cuentas. Son Osama AlMasri Njeem, exjefe del Departamento de Operaciones y Seguridad Judicial (DOJS) y miembro veterano de DACTO, y Abdelbari Ayyad Ramadan al Shaqaqi, miembro destacado del grupo armado Al Kaniat. En el momento de redactarse este comunicado no se había recibido respuesta.
Homicidios en lugar de justicia
En Libia se ha observado un patrón de homicidios de personas sospechosas de participar en violaciones de derechos humanos que niegan a las víctimas la verdad y justicia que merecen.
El más reciente fue el 3 de febrero, cuando Saif al Islam Gadafi fue asesinado por agresores no identificados en circunstancias desconocidas. La Fiscalía de la CPI lo había acusado en 2011 de crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato y persecución. En 2017, un tribunal libio lo condenó a muerte in absentia en un juicio incompatible con las normas internacionales. En julio de ese año, un grupo armado de la ciudad occidental de Zintan que lo mantenía recluido desde 2011 había anunciado su liberación con motivo de una amnistía.
Otro de los individuos buscados por la CPI que ha sido asesinado es Mahmoud al Werfalli, excomandante de la Brigada de las Fuerzas Especiales (Al Saiqa), afiliada a las Fuerzas Armadas Árabes Libias. En 2017, la CPI emitió una orden de detención contra él por crímenes de guerra. En 2021, Mahmoud al Werfalli fue abatido a tiros en Bengasi, segunda ciudad más importante de Libia, que está bajo la autoridad efectiva de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.
Otro conocido comandante de milicia, Abdel Ghani al Kikli, o “Gheniwa”, fue asesinado en circunstancias poco claras en Trípoli el 12 de mayo de 2025, lo que desató enfrentamientos armados entre milicias rivales en Trípoli. Amnistía Internacional documentó crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos perpetradas por milicias bajo su mando —como la milicia Fuerzas de Seguridad Central/Abu Salim y la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA)— contra personas de nacionalidad libia así como refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Los crímenes documentados incluyen detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, desaparición forzada, violencia sexual y homicidio ilícito. Además, Amnistía Internacional documentó que las interceptaciones de personas refugiadas y migrantes en el mar por miembros de la milicia SSA desde septiembre de 2021 se han caracterizado por denuncias de violencia que han causado muertes en el mar.
Negativa a entregar sospechosos buscados por la CPI
El sistema de justicia de Libia sigue demostrando que no quiere ni puede investigar eficazmente los crímenes cometidos por poderosas milicias y grupos armados. Además, las actuaciones judiciales allí se han visto empañadas por graves violaciones del derecho a un juicio justo, que incluye el derecho a una defensa adecuada, a no autoinculparse y a recibir protección frente a la tortura, mientras continúan los juicios de civiles ante tribunales militares. La propia fiscalía, en abril de 2025, calificó públicamente de “prácticamente ineficaces” a los organismos responsables de perseguir los casos y recopilar y preservar las pruebas debido a la injerencia de partidos influyentes afiliados a organismos de seguridad o grupos armados.
Pese a ello, las autoridades libias se niegan a entregar a la CPI a individuos sobre quienes pesan órdenes de detención de la Corte. En noviembre de 2025, la fiscalía ordenó la detención de Osama AlMasri Njeem en relación con casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas recluidas en la prisión de Mitiga y con una muerte bajo custodia. No hay disponible más información sobre el lugar de su detención ni sobre la situación de las actuaciones judiciales, en un contexto de profunda preocupación sobre sí comparecerá ante la justicia dado que la milicia DACTO, de la que ha sido un miembro destacado durante mucho tiempo, sigue ejerciendo el poder de facto en Trípoli. Las autoridades italianas lo habían arrestado en enero de 2025 en aplicación de una orden de detención de la CPI, pero ese mismo mes lo trasladaron en avión a Libia.
El 13 de julio de 2025, el Ministerio de Justicia del Gobierno de Unidad Nacional publicó una declaración en su página de Facebook en la que anunciaba su negativa a entregar a Osama AlMasri Njeem a la CPI, aunque la retiró enseguida. En ella decía que “Libia no ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, por tanto, ningún ciudadano libio será entregado fuera de la jurisdicción del territorio libio, y el poder judicial nacional es plenamente competente para considerar tales casos”.
En octubre de 2024, la CPI anunció órdenes de detención contra seis dirigentes, miembros destacados y afiliados de Al Kaniat, grupo armado que cometió crímenes de derecho internacional durante su reinado del terror en la ciudad libia de Tarhuna, incluidos homicidios ilícitos masivos, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Los seis continúan en libertad o aún no han sido entregados a la Corte, o ambas cosas.
Uno de ellos es Abdelbari Ayyad Ramadan al Shaqaqi, quien permanece bajo la custodia de DACTO desde 2024. En agosto de 2025, la fiscalía anunció que había ordenado la detención preventiva de un miembro de Al Kaniat; aunque no reveló su nombre, sí proporcionó credenciales que encajaban con los de Abdelbari Ayyad Ramadan al Shaqaqi. La acusación no aclaró los cargos en su contra y sólo manifestó que estaba siendo investigado por un presunto secuestro y homicidio cometido antes de 2020. No se ha publicado información sobre si ha sido remitido a juicio.
Falta de medidas para investigar o procesar a los líderes de milicias
Los sucesivos gobiernos libios han seguido introduciendo a miembros de milicias y grupos armados en las instituciones del Estado sin comprobar sus antecedentes para excluir a los presuntos autores de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos. Incluso en los casos excepcionales en que el gobierno ha desarticulado algunas milicias o apartado a sus líderes, no se han abierto investigaciones penales sobre ellos ni se han comprobado los antecedentes de sus miembros.
Muy recientemente, en mayo de 2025, el Gobierno de Unidad Nacional disolvió el grupo DOJS, encabezado por Osama AlMasri Njeem, e incorporó a sus miembros al Ministerio del Interior sin hacer comprobaciones de antecedentes individuales para excluir a aquellos de los que fuera razonable sospechar su participación en crímenes de derecho internacional y obligarlos a rendir cuentas.
El mismo mes, el gobierno destituyó a Lotfi al Harari, exjefe de la Agencia de Seguridad Interna (ISA) en Trípoli. Amnistía Internacional ha documentado casos de decenas de mujeres y hombres sometidos a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y desaparición forzada por parte de miembros de la ISA. No hubo investigaciones penales sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional cometidos bajo su mando en dependencias de la Agencia de Seguridad Interna.
En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un jefe militar u otra persona que actúe en la práctica como jefe militar será penalmente responsable de los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo si ese jefe militar tiene conocimiento de los crímenes, o debería haberlo tenido, y no los ha impedido ni ha castigado a nadie por ellos.
